Presidenta del TC defiende pronunciamiento que hizo caer la mutualización en la ley corta de isapres

La presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Nancy Yáñez Fuenzalida, explicó la decisión del organismo respecto al requerimiento que senadores oficialistas, respaldados por el gobierno, presentaron para sacar la mutualización del proyecto de ley corta sobre isapres.

“No nos pronunciamos sobre la pertinencia o no de la propuesta”, afirmó al ser consultada por la prensa en la ceremonia de Cuenta Pública del TC, actividad que contó con la presencia del Presidente Gabriel Boric.

“Lo que el Tribunal Constitucional resuelve el día de ayer es un conflicto constitucional de orden competencial. Lo único que tiene que dirimir es si este tipo de materias tiene que ingresar por iniciativa exclusiva del Presidente de la República o la Constitución habilita al Parlamento para que pueda presentar no solo una moción parlamentaria o una indicación. Entonces, lo que hace el Tribunal Constitucional en el día de ayer, a la luz de lo establecido en el artículo 65, inciso cuarto, número 6, es determinar que las materias que dicen relación con materias previsionales requieren de iniciativa exclusiva del Presidente de la República. Y es una cuestión normativa, de interpretación normativa del texto constitucional. ¿Qué significa? Significa que los parlamentarios no pueden iniciar estos proyectos por iniciativa parlamentaria, pero tampoco podrían presentar indicaciones. Hay jurisprudencia del Tribunal Constitucional en esa materia y básicamente eso es el tema sobre el cual se pronuncia el Tribunal Constitucional el día de ayer”, expuso la presidenta del organismo.

El Tribunal Constitucional acogió el requerimiento de inconstitucionalidad presentado por senadores oficialistas, dejando sin efecto la votación y aprobación de la indicación que en enero incorporó la mutualización en el proyecto, dado que es de iniciativa exclusiva del Presidente. Así, la deuda de las isapres con sus afiliados ahora vuelve a subir desde US$451 millones, a más de US$1.000 millones.

Por otro lado, Yáñez respondió a los dichos de figuras de oposición como el senador y timonel de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Javier Macaya, que apuntó a “lógicas políticas” en las acciones del TC.

“El Tribunal Constitucional lo que tiene que hacer es garantizar la supremacía del texto constitucional y ofrecer a la ciudadanía una interpretación jurídica de la Constitución. Y lo que hace el Tribunal es eso”, afirmó Yáñez, asegurando que “este es un caso paradigmático” en que el TC “cumple su función de control normativo de la ley”.

“Lo que tiene que ocurrir ahora es que el Parlamento se tiene que pronunciar sobre una propuesta de ley de iniciativa exclusiva del Presidente de la República. Bueno, y el contenido será definido en el proceso del debate parlamentario sin que pueda presentar indicaciones sustitutivas. Pero sí puede, evidentemente, participar. De la discusión y persuadir con las posiciones que le parezcan más razonables, justas, sensatas para la ciudadanía. Ese es el juego democrático”, expuso.

Consultada si en su resolución el TC buscó dar un “mensaje al gobierno para presentar un proyecto”, Yáñez lo descartó.

“No. Se está dando cuenta. ¿Cuál es el rol del Tribunal Constitucional? Garantizar, entre otros, el diseño institucional que establece la Constitución, basado en el principio de separación de poderes, que indica cuáles son las competencias del Parlamento y cuáles son las competencias del Ejecutivo. Y nosotros finalmente lo que determinamos ayer, que es competencia del Ejecutivo, la iniciativa exclusiva sobre materias de seguridad social”, afirmó.