Presidenta del TC revela ante la Comisión Experta las divisiones que existen al interior del tribunal por el futuro del control preventivo

Por tercera vez en menos de un mes llegó la presidenta del TC, Nancy Yáñez, hasta el Congreso en Santiago para exponer ante la Comisión Experta. La primera vez lo hizo en el pleno, mientras que la segunda vez llegó acompañada de otros ministros, como María Pía Silva y José Ignacio Vásquez, para responder las dudas que existen en la subcomisión de órganos autónomos, la instancia encargada de redactar las normas que regularán la futura Corte Constitucional.

En esta tercera ocasión, Yáñez llegó sola. Su visita era esperada por los seis miembros de la instancia para así resolver varias dudas que tienen sobre las enmiendas presentadas para corregir o agregar asuntos a los artículos que ya fueron visados por el pleno. El punto más polémico en esta discusión es el fin del control preventivo sustantivo.

Se trata del examen de fondo que actualmente hace el TC de las leyes antes de que sean promulgadas, algo que el oficialismo siempre ha querido cambiar y que es ampliamente defendido por la oposición. En la fase anterior de aprobación de normas en general, los expertos de los partidos de gobierno lograron que este tipo de control preventivo quedara fuera del acuerdo y consiguieron que solamente se mantuviera el control preventivo formal, es decir, el que se hace respecto de las reglas de procedimiento, pero que no entra a hacer un análisis en abstracto de la ley en pugna.

Por lo mismo, la oposición, en la fase de discusión en particular, pretende impulsar una enmienda en la que repone el control preventivo sustantivo, pero con un matiz. Este grupo de expertos incorporó que el control sea antes de que finalice la tramitación legislativa en el Congreso, de manera que si la futura Corte Constitucional detecta algún vicio de constitucionalidad puede devolverlo a la cámara correspondiente para que corrija el vicio.

Fue en ese contexto que la exposición de Yáñez se volvía relevante. Lo primero que hizo la presidenta del TC fue evidenciar que en este tema -y varios otros- el organismo está dividido. “La cuestión que concita los mayores desacuerdos dentro del TC son, sin lugar a dudas, lo que dice relación con el control preventivo de ley. En esta materia debo señalar que el TC no ha zanjado sus diferencias a este respecto”, partió diciendo Yáñez.

En esa línea luego agregó: “Estimamos que el órgano constitucional debiera dirimir el mecanismo más adecuado en esta materia teniendo como antecedente el derecho comparado. Solo quiero hacer presente que en el análisis comparado, esta institución no está recogida mayoritariamente en el derecho comparado, fundamentalmente por las objeciones que tiene en la necesidad de dirimir la actividad propiamente jurisdiccional de la justicia constitucional y la competencia legislativa que tiene el Parlamento para la producción de las leyes”.

Durante sus palabras, Yáñez tuvo que -por su iniciativa o por consulta de los comisionados- ir aclarando si su intervención correspondía a una posición del TC o a su opinión personal. “Dentro de las objeciones también está la discusión respecto a si estamos efectivamente en presencia de un conflicto constitucional o no, y la circunstancia de que exista un conflicto constitucional me parece que es una clave para dirimir si es adecuado o no preservar esta institución y en qué término”, continuó diciendo la ministra.

Ante el escenario de que se trate de un conflicto constitucional, la ministra expuso dos puntos que, a su juicio, son relevantes de tener en consideración. “La necesidad de que sea siempre a requerimiento del legislador y, por lo tanto, no obligatorio. En eso quiero consignar mi posición personal”, añadió Yáñez.

Luego abordó el segundo punto: “La necesidad de que identificado un vicio de constitucionalidad sea el órgano legislativo el encargado de subsanar el vicio. No puedo sino estar de acuerdo con la propuesta que se hace en ese punto, en que en último término va a ser la cámara la que esté llamada a subsanar el vicio”.

Incluso la presidenta del TC volvió a explicitar que este tema no genera consenso al interior del organismo que preside. “Tengo que volver a hacer presente que este es un tema no zanjado que divide las posiciones dentro del TC respecto de quienes manifestamos que la justicia constitucional debe ser más deferente con el legislador a la hora de distribuir las competencias en el ejercicio de la justicia constitucional y quienes estiman que existe virtud en esta institución a efectos de garantizar los necesarios contrapesos entre los poderes del Estado que requiere un sistema democrático”, concluyó la ministra.

Como si eso no fuera suficiente, luego dijo: “Vuelvo a hacer el énfasis respecto de que el TC, como entidad jurisdiccional en ejercicio y estableciéndose en su ley orgánica constitucional su presidencia de la deliberación política, le es muy complejo pronunciarse institucionalmente sobre el mejor diseño institucional para resolver una cuestión que es central en el debate constitucional que nos convoca, que es cuál sería el diseño constitucional más apropiado para garantizar la supremacía del texto constitucional que se está discutiendo”.

Detrás de esos disensos comentados por Yáñez se esconde una fuerte pugna entre los ministros del organismo. De hecho, en un inicio la entidad conformó un pequeño grupo para analizar estos temas. Esa instancia estuvo integrada por los ministros Yáñez, Vásquez, Silva y Miguel Ángel Fernández. El 11 de abril, los dos primeros acudieron a la subcomisión de órganos autónomos, ocasión en la que la titular del tribunal llamó a reconsiderar entre las atribuciones del mismo el “control de constitucionalidad” tanto para vicios de procedimiento como de fondo, a fin de “garantizar la supremacía del texto constitucional como principio”.

Tras esa exposición, el grupo redactó una minuta que tenía por objeto ser enviada a la subcomisión a modo de resumen. En esta, efectivamente, se plantea -según conoció La Tercera- que “estimamos pertinente someter a consideración de la subcomisión agregar las reformas constitucionales, por vicios de forma, e incluir, efectivamente, los vicios sustantivos como parte de las materias respecto de las cuales se pueda requerir a la Corte”.

Sin embargo, una arremetida de los ministros Rodrigo Pica, Nelson Pozo y Daniela Marzi -considerados cercanos al oficialismo- habría impedido que ese documento fuera remitido a la Comisión Experta precisamente por su desacuerdo con defender un control sustantivo a las normas legales.

Por lo mismo fue que en esta tercera exposición el pleno del TC habría mandatado a Yáñez para que acudiera sola a exponer, pero con el requisito de que expusiera las divisiones y “diversidad de miradas” que existen al interior de la entidad en un tema tan sensible en términos políticos como el control preventivo.