Presidente del Senado da piso a gestiones de Elizalde para revivir reforma electoral

A pesar de las amenazas de algunos dirigentes de la oposición, que incluso deslizaron la posibilidad de una acusación constitucional contra el Presidente Gabriel Boric, el titular del Senado, José García (RN), dio un piso político al ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde (PS), para iniciar una ronda de consultas que permitan resucitar la reforma electoral.

Uno de los objetivos del veto sería regular la multa que da efectividad al voto obligatorio, que hoy está establecido como un deber en la Constitución, pero que hasta el momento no tienen ningún tipo de sanción a quienes no concurran a las urnas.

Sin embargo, el mismo Elizalde advirtió que habría un problema jurídico con multar a extranjeros habilitados para votar. Fue esa advertencia la que llevó al oficialismo a no aprobar la sanción monetaria en el Senado y luego en la Cámara, dejando a la reforma electoral al borde del fracaso.

“Yo me alegro que el ministro Elizalde haya convocado a los presidentes de los partidos para tener este diálogo previo antes de enviar el veto respecto del voto obligatorio y particularmente de la multa que debe aplicarse a quienes injustificadamente no votan”, dijo García.

“Espero que de ahí surja una iniciativa que signifique que el voto sea como lo mandata nuestra Constitución, es decir, que el voto sea obligatorio y que se establezcan las multas correspondientes, siempre pensando en quienes no justifiquen su ausencia”, agregó el presidente del Senado, marcando un tono distinto de las declaraciones de parlamentarios de su partido, de su conglomerado y de la oposición en general.

De hecho, en una entrevista en Canal 13, el senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, expresó cierto grado de desconfianza en lo que propondrá Elizalde. “El gobierno está haciendo trampa. Obviamente afecta las confianzas. Es demasiado grave (…) Tengo la esperanza de que esto se enmiende. El gobierno tiene la pelota”, expresó.

La senadora y presidenta de Demócratas, Ximena Rincón, también calificó el eventual veto como “una trampa” de La Moneda. “O aprobamos el veto y dejamos sin multa a los extranjeros con derecho a voto, o lo rechazamos y se cae para todos la multa”, dijo, remarcado que la Carta Fundamental dice que el voto es obligatorio para todo elector, sin distinguir entre nacionales o inmigrantes.

En los últimos días, los diputados de RN habían advertido que recurrirían al Tribunal Constitucional para impugnar el eventual veto por esta discriminación a ciudadanos chilenos, mientras que los dirigentes del Partido Republicano amenazaron con presentar una acusación contra el Presidente Boric, porque el veto cambiaría las reglas de un proceso electoral en curso.

Fue este clima el que llevó el ministro Elizalde a anunciar que sostendría conversaciones con el oficialismo y la oposición para consensuar el texto que propondrá el Ejecutivo para corregir la reforma, que en lo medular buscaba extender a dos días las elecciones municipales y regionales y adaptar un conjunto de normas electorales, entre ellas la del sufragio obligatorio.

Además de regular la multa, otro de los objetivos del veto sería reponer el recorte a los dineros que el Fisco entrega a candidatos y partidos para financiar campañas electorales (mediante un reembolso por cada voto recibido).

El problema del ministro es que no solo debe congeniar visiones dispersas en la oposición y el oficialismo (de hecho, ni siquiera existe una sola opinión en cada bloque político), también debe concordar una fórmula que logre pasar el filtro de constitucionalidad, según han advertido juristas y parlamentarios.

Dado que se trata de una reforma que cambia cinco leyes orgánicas constitucionales, inevitablemente el TC debe revisar el texto. Más aún, en vista de que hay un conjunto de reclamos y dudas respecto de la tramitación y la redacción del proyecto. Además de las advertencias de los legisladores de RN sobre una eventual discriminación entre extranjeros y ciudadanos chilenos, la diputada Camila Musante y los parlamentarios del PC adelantaron que impugnarían otra de las disposiciones de la reforma que elimina el feriado irrenunciable para los trabajadores del comercio.

Adicionalmente el TC podría poner reparos respecto del quórum con el que se tramitó la reforma, ya que el Senado y la Cámara fijaron dos pisos de aprobación distintos, un hecho inusual en la historia reciente del Congreso.