Presidente del Servel advierte sobre el plebiscito: “Esta es la semana de las decisiones”

Una preocupante advertencia hizo este lunes el presidente del Consejo Directivo del Sevicio electoral (Servel), Patricio Santamaría, ante la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados.

El líder del organismo señaló que cuando solo quedan dos semanas para que se inicie la propaganda electoral y menos de 80 días para que se realice el plebiscito del próximo 25 de octubre, existen una serie de problemas no resueltos e incluso, planteó que la Dirección de Presupuestos (Dipres) aún no conforma una mesa que habría comprometido con el objetivo de agilizar el proceso de aprobación de gastos en los que tendrá que incurrir el Servel.

“Somos un órgano que está fuera de la administración del Estado. Nos parece que cuando tenemos 16 días para el inicio de la propaganda y 76 días para implementar un plebiscito, que tengamos que preguntar, por ejemplo, qué tipo de mascarilla (podemos comprar) y que no podamos disponer de un presupuesto, nos parece un despropósito, creo que jurídicamente hay un error”, sostuvo Santamaría ante los diputados.

El presidente del Servel añadió, ante la serie de situaciones aún no resueltas de cara al referéndum, por ejemplo, las atribuciones para hacer cumplir las medidas sanitarias, el financiamiento de las campañas, y el derecho a voto de personas con Covid-19, que “esta es la semana de las decisiones”.

El presidente del Servel recalcó la complejidad, por ejemplo, que la falta de autonomía presupuestaria podría suponer para la ejecución de los protocolos sanitarios que se han acordado con el Ejecutivo, para resguardar el desarrollo seguro y participativo de la consulta. “Cuando pasan los días, no se devuelven llamadas, no se constituyen en la mesa y cuando necesitamos comprar un computador hay que pedir que ellos nos autoricen, no vamos a poder cumplir con lo que estamos trabajando, lo que es absurdo”, agregó.

Desde la Dipres, por su parte, aseguraron que el Servel realizó una “solicitud por aproximadamente 3.600 millones de pesos (...), la que contempla el financiamiento de las medidas sanitarias para la realización del plebiscito” y que ya habría sido aprobada. Añadieron que “a la fecha, no existe ninguna aprobación pendiente por parte de esta institución respecto de recursos financieros y procesos de compra relacionados con el plebiscito”.

El reclamo de Santamaría se dio en la antesala de que el gobierno presente este martes una indicación -que fue consensuada con Chile Vamos y la oposición- para ampliar la potestad reglamentaria del Servicio Electoral con el objetivo de que, sin necesidad de impulsar una serie de reformas, pueda dictar medidas sanitarias para el referéndum como el uso obligatorio de mascarillas, la extensión del horario de votación, entre otras.

En tanto, este lunes el ministro de la Segpres, Cristián Monckeberg, planteó la posibilidad de que, tal como ocurrió con esa reforma se pueda conformar una mesa conjunta para revisar todas las propuestas que hay en torno a regular el financiamiento de las campañas, logrando así un texto de consenso entre todos los sectores políticos.

En esa línea, la Comisión de Constitución de la Cámara Baja puso en tabla una iniciativa que regula la materia de límite y control de gasto.

Otro tema por resolver, y que fue abordado este lunes en una reunión entre Santamaría y la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, es la fórmula para garantizar el derecho a voto de las personas con Covid-19 positivo.

En tanto, este martes se reunirán los presidentes de ambas cámaras para acordar un avance expedito de las medidas necesarias para el plebiscito seguro.

Para las 20.30 de este martes está previsto que se reúnan los comandos por el apruebo, desde el PC a la DC. La instancia se da luego de que fracasaran en el sector la opción de establecer un comando unitario, por lo que la apuesta es coordinar, al menos, acciones conjuntas de cara al referéndum.

Por su parte, diputados de la UDI anunciaron que ingresarán una reforma al acuerdo del 15 de noviembre para eliminar la opción de Convención Constitucional -la que será 100% elegida por la ciudadanía- para reemplazarla por la de Congreso Constituyente. La idea, en todo caso, dicen en la oposición, no tendría viabilidad política ya que para reformar ese pacto se requiere de 2/3 del Congreso.

Con todo, el ministro del Interior, Víctor Pérez, sostuvo que si bien los partidos son “libres” de impulsar ese tipo de iniciativas, “no hay por parte del gobierno ninguna decisión de modificar” el acuerdo constitucional.