Protocolo de acoso de la Cámara en entredicho: primeras denunciantes apelarán a sanción aplicada a funcionario

Dos besos en el cuello sorpresivos y sin consentimiento. Dos asesoras parlamentarias de la Cámara de Diputados. Un mismo funcionario. Esos fueron los hechos que la noche del 10 de julio pasado –durante la fiesta de aniversario–, terminaron activando por primera vez el nuevo protocolo que previene y sanciona el acoso sexual al interior de la corporación.

La denuncia fue interpuesta por ambas asesoras legislativas ante la encargada de género de la Cámara Baja, luego de que al día siguiente de la celebración se dieran cuenta de que ambas habían sufrido episodios similares con el mismo funcionario que se desempeña como garzón.

El 24 de septiembre pasado, tras el sumario administrativo respectivo, la Cámara de Diputados emitió su resolución respecto del caso, donde los hechos denunciados por las abogadas fueron calificados como constitutivos de "infracciones graves" al Estatuto Administrativo, así como también al protocolo de acoso sexual.

Así, la corporación decidió sancionar al funcionario con un mes de suspensión del empleo y aplicarle una multa del 50% de su sueldo durante el mismo periodo.

La medida disciplinaria, sin embargo, no dejó conformes a ambas denunciantes, quienes el martes pasado decidieron interponer un recurso de reposición ante la Cámara Baja acusando que "la sanción aplicada, respecto a los hechos fácticos fehacientemente comprobados en el sumario de autos, adolece de total liviandad, ergo, es absolutamente insuficiente y, en definitiva, inoficiosa", según se lee en el recurso al que tuvo acceso La Tercera.

"La responsabilidad administrativa del denunciado no hace otra cosa que comprobar la grave infracción al cumplimiento de sus deberes como funcionario, en el contexto de relaciones interpersonales, haciéndolo merecedor de aquellas medidas disciplinarias que sean proporcionales a la gravedad de los hechos cometidos", advierten las denunciantes. Y agregan: "La sanción impuesta al denunciado" es "del todo ligera, tenue y grácil".

En ese sentido, las asesoras parlamentarias apelan que el denunciado no tendría una irreprochable conducta anterior, apuntando a que, según declararon testigos del proceso, no era la primera vez que incurría en actitudes de la misma naturaleza.

Así, las abogadas pidieron a la Cámara de Diputados reconsiderar la sanción y solicitaron la destitución del funcionario apelando a que las medidas disciplinarias aplicadas no resguardan su integridad, libertad y dignidad.

"La veracidad de los hechos denunciados fueron debidamente acreditados en el sumario, a tal punto, que generó la convicción en el abogado fiscal del procedimiento de sancionar al denunciado por haber incurrido en conductas graves de acoso sexual en contra de las recurrentes (…). Es inexplicable que frente a la gravedad del hecho comprobado, el que constituye infracción grave en su calidad de funcionario, no le sean aplicadas las máximas sanciones que establece nuestro ordenamiento jurídico, es decir la destitución o, al menos, la máximo suspensión del empleo, es decir, por tres meses", cierra el escrito.

Por su parte, el denunciado también habría apelado a la decisión de la Cámara Baja, solicitando que se reconsideren sus actitudes como agresiones "leves" y no graves y, por lo mismo, que se le rebajen las sanciones impuestas.

La decisión de ambas partes se da justo en medio de las críticas que ha recibido el protocolo de acoso sexual de la Cámara tras conocerse que la corporación investiga la primera denuncia de esa naturaleza en contra de un diputado: Pedro Velásquez.

El parlamentario independiente, de hecho, pidió la salida de la diputada encargada de investigar su causa, Gael Yeomans, por haber comentado el proceso en diversos medios de comunicación, siendo reemplazada por Maya Fernández. Velásquez, además, acusó que la Cámara Baja ha incumplido los plazos para indagar la denuncia que hizo en su contra un excolaborador.

Asimismo, tanto el parlamentario –quien reveló hoy en este medio que se interpuso una segunda denuncia por acoso en su contra– como su denunciante han vulnerado el principio de confidencialidad del proceso de investigación que quedó establecido en el protocolo.

Al interior de la corporación hay conciencia de que la forma en cómo se ha llevado el procedimiento en el caso del legislador ha dado cuenta de las falencias que tiene el instrumento, que está vigente desde enero de este año.