Proyecto que rebaja sueldo a autoridades remece a la Suprema y al Congreso

Primero fueron mensajes de WhatsApp y llamados de alcaldes, jueces de la Corte Suprema y algunos ministros a los celulares de los diputados que la tarde del miércoles participaban de la Comisión de Constitución de la Cámara. Todos sorprendidos e inquietos al enterarse de que tras la discusión del recorte de un 50% de la dieta parlamentaria, se terminó aprobando unánimemente una rebaja salarial que también incluyó a los demás poderes del Estado. Luego, se sumaron los propios asesores de senadores y diputados, que temen perder su trabajo, toda vez que en la misma sesión también se aprobó una indicación que reducía las asignaciones con que los congresistas financian gastos operativos y labores de apoyo.

Con ese panorama amaneció este jueves el Congreso, que en medio de la crisis social había reactivado una antigua iniciativa de los diputados Gabriel Boric y Giorgio Jackson, pero que terminó mutando en un proyecto con distintos impactos colaterales.

La indicación -propuesta por el DC Matías Walker- que hacía extensiva a otras autoridades una rebaja que en principio solo afectaría a los parlamentarios, provocó que la Corte Suprema convocara a un pleno extraordinario que se celebró a primera hora de este jueves.

"Más allá de la implicancia en la vida familiar de nosotros, en función de los ingresos que recibe cada familia (…), una baja significa atentar contra la independencia de los jueces y su inamovilidad, porque están sometidos entonces a una situación de contingencia y pueden dejar otras tareas por la labor privada, a buscar otros ingresos, y esto puede significar que la presión sea muy fuerte y podemos abrir en algunos casos puertas para situaciones indebidas", afirmó tras el cónclave el vocero del máximo tribunal, Lamberto Cisternas.

La aprensión de los supremos fue refrendada por el propio ministro de Justicia, Hernán Larraín, quien advirtió que los jueces representan a un órgano independiente.

"El gobierno no está de acuerdo con aquella indicación que rebaja en un 50% las remuneraciones de los jueces y de los fiscales. Creemos que eso no corresponde. Tienen una tarea distinta, son órganos independientes, funcionarios que requieren de niveles de sueldo adecuados para desempeñar sus funciones con total independencia y autonomía", afirmó Larraín, junto con señalar que esperaba que la situación se corrija durante el trámite legislativo.

La alerta también se encendió en las municipalidades, desde donde advierten que la rebaja podría terminar afectando el desempeño de los municipios.

Según explicó el edil de La Florida, Rodolfo Carter, al ser los alcaldes jefes de servicio y estar a la cabeza de un escalafón, si por ley se les baja su remuneración, todos los funcionarios de grados inferiores también verán reducidos sus ingresos.

Debido a que no todos los alcaldes ganan lo mismo -lo que depende, entre otras cosas, del tamaño de la comuna y asignaciones de zona-, el proyecto terminaría afectando de manera más dramática a municipios con menores ingresos.

"Si el proyecto se transforma en ley lo acataremos, pero queremos ver si es constitucional", dijo Carter.

Junto a las aprensiones de jueces y alcaldes, el Congreso también debió enfrentar este jueves el reclamo de sus propios asesores y asistentes legislativos, quienes protestaron en los pasillos y tribunas del Parlamento.

El temor de los asesores se originó en la indicación presentada por los diputados UDI Juan Antonio Coloma y Jorge Alessandri, que junto con la dieta busca recortar en 50% las asignaciones parlamentarias que financian la contratación de estas labores y que fue aprobada por siete votos contra seis.

Entre los propios parlamentarios admiten que de aprobarse esta enmienda se verán obligados a despedir personal y cerrar algunas oficinas distritales.

"Lamentablemente, voy a tener que desvincular a gran parte de las personas que trabajan conmigo", señaló el diputado PS Leonardo Soto, quien dijo contar con nueve asesores, entre "secretarias, asistentes sociales, una periodista, un abogado y administrativos".

En este escenario, desde la oposición afirman que la indicación corresponde a una "represalia" de la derecha. "Solo buscan una revancha, porque por fin logramos bajar el sueldo de los parlamentarios. No vamos a permitir que se desquiten forzándonos a despedir o bajar el sueldo a las y los trabajadores", advirtió el diputado Jackson, mientras que Boric agregó que "fue una iniciativa de última hora de la derecha para tratar de empatar y ensuciar el debate sobre la rebaja de la dieta parlamentaria".

Aunque el presidente de la Cámara, Iván Flores, advirtió que buscarán revertir esta indicación en la sala, desde el oficialismo retrucan que si la ciudadanía está exigiendo un gesto, este no debe tener letra chica.

"No tenía sentido rebajar las dietas parlamentarias pero mantener cinco millones de pesos en gastos operacionales", argumentó el diputado Alessandri.