A las 12.00 horas de este lunes venció el plazo para ingresar enmiendas al proyecto que busca rebajar las remuneraciones de los parlamentarios y otras altas autoridades de la administración pública, iniciativa que deja en manos de un ente autónomo la fijación de sus salarios.

La idea de legislar sobre la iniciativa, que se encuentra en su segundo trámite constitucional en el Senado, fue aprobada por unanimidad por la sala de esa corporación el 31 de marzo, justamente luego de que se reactivara su tramitación ante la crisis económica suscitada por el Covid-19 en el país.

Y, tal como lo había anunciado, el gobierno finalmente dio a conocer su postura a través de una indicación en la que establece que las remuneraciones “del Presidente de la República, de los ministros, subsecretarios, senadores, diputados, ministros de la Corte Suprema y de las Cortes de Apelaciones, ministros del Tribunal Constitucional, Fiscal Nacional del Ministerio Público, Contralor, gobernadores regionales, delegados presidenciales regionales y provinciales, cores, alcaldes y concejales, serán fijadas cada cuatro años, mediante decreto supremo del Ministerio de Hacienda, a propuesta de un órgano técnico asesor del Estado que tenga competencia en materias de selección de cargos públicos, revisión de perfiles profesionales y remuneraciones de mercado en el sector público o privado”.

En ese sentido, la enmienda impulsada por el Ejecutivo mantiene -en parte- lo que ya había sido aprobado por la Cámara de Diputados, en relación a que sea un ente externo el que fije los salarios de las altas autoridades, pero radica esta decisión en el Consejo de Alta Administración Pública y no en una nueva institucionalidad, como habían propuesto los parlamentarios.

Asimismo, se fija como tope la remuneración del jefe de Estado para “quienes ejerzan cargos de ministros de Estado, subsecretarios, delegados presidenciales regionales y provinciales, seremis, o cargos de elección popular”, los que no podrán en ningún caso percibir un salario superior al del Mandatario.

El gobierno optó, además, por excluir de la rebaja transitoria de un 50% -que se incorporó en el proyecto durante su paso por la Cámara para el plazo en el que comience a operar el consejo asesor externo- a ministros y subsecretarios, dejando bajo esa norma solo a diputados y senadores.

“En el período que media entre la publicación de la reforma constitucional que incorpora el artículo 38 bis y la primera determinación de remuneraciones y dietas del Presidente de la República, senadores y diputados, efectuada de conformidad al inciso anterior, dichos cargos tendrán derecho a percibir el cincuenta por ciento de su remuneración o dieta vigente”, se lee en el texto.

La postura fijada por el Ejecutivo a través de esta indicación ya generó cuestionamientos en la centroizquierda.

“El Presidente pretende fijar su sueldo mediante decreto firmado por él. Eso es vergonzoso. Además, excluye a ministros, subsecretarios, asesores y operadores políticos del gobierno de la rebaja transitoria. Es francamente impresentable. Aquí se requiere que todos los cargos políticos rebajemos nuestros ingresos”, sostuvo el senador Felipe Harboe (PPD), además de cuestionar que el Ejecutivo haya incluido los salarios de funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio Público.

“Me parece que no entienden nada. Los cargos de carrera funcionaria tienen otra naturaleza y, por tanto, deben tener un tratamiento distinto”, agregó Harboe.

Por su parte, los senadores de la centroizquierda también presentaron sus enmiendas al proyecto.

En el caso del senador Harboe, en una indicación que también fue firmada por los socialistas Alfonso De Urresti y José Miguel Insulza, se propone eliminar a las autoridades del Poder Judicial de esta legislación y, asimismo, la creación de un ente autónomo compuesto por cinco comisionados, los que durarán seis meses en el cargo y serán “designados por el Presidente de la República, ratificados por el voto conforme de los dos tercios de los senadores en ejercicio” .

La instancia propuesta por los legisladores contempla a un exconsejero del Banco Central; un exministro de Hacienda; un exdirector de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda; un expresidente del Senado o de la Cámara, y un exdirector Nacional del Servicio Civil.

Asimismo, propone una rebaja transitoria de un 30% a todas las altas autoridades contempladas en la normativa.

Desde el Frente Amplio, en tanto, el senador Juan Ignacio Latorre (RD) presentó una enmienda que busca que esta medida solo contemple a diputados y senadores, dado que, a su juicio, es la única forma de darle viabilidad en el corto plazo.

“Mi indicación va en la línea de que la dieta parlamentaria debe tener un criterio de equidad con el salario mínimo legal. Es decir, no más de 20 veces el salario mínimo legal. Con eso evitamos convocar a un consejo asesor externo, lo que vuelve más engorrosa la fijación de dietas”, explicó el legislador.