RN solicita a Contraloría abrir sumario en contra de auditora de gobierno por instrucción de no reportar transferencias

La bancada de diputados de Renovación Nacional (RN), encabezada por Frank Sauerbaum, ingresó un requerimiento en Contraloría para solicitar un sumario administrativo en contra de Daniella Caldana, quien está a cargo del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno, luego de que se revelara de que el organismo instruyera no reportar transferencias a terceros.

La entidad depende del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, a cargo del ministro Álvaro Elizalde (PS), y tiene como mandato asesorar al Presidente en materias de control y probidad administrativa.

La polémica se instaló luego de que el diario La Segunda revelara que desde junio del año pasado el Consejo de Auditoría –cuando la entidad era liderada por el entonces ministro Segpres Giorgio Jackson- dejó de reportar las transferencias a terceros.

Es por ello que los diputados de RN oficiaron al organismo que encabeza Jorge Bermúdez para que fiscalice la “actuación de la Sra. Daniella Caldana Fulss, auditora general de gobierno, en cuanto ésta instruyó acotar el control interno que efectúa dicha unidad por sobre las transferencias que se realizan desde el Estado hacia privados, determinando si la Auditora General de Gobierno obró dentro de la esfera de sus competencias, todo ello en atención a los antecedentes y argumentos que se exponen”.

Trascendió además que la entidad no estaría funcionando a plenitud, pues solo tendría a tres funcionarios en ejercicio, de un total de seis: a la directora de Presupuesto, Javiera Martínez (RD); a la subsecretaria de Segpres, Macarena Lobos y a la secretaria ejecutiva, Daniella Caldana, quien funge como auditora general de gobierno.

Y es precisamente en contra de esta última que la bancada de RN apunta sus dardos. “La auditora general de gobierno, Sra. Daniella Caldana Fulss, habría instruido que dichos reportes no se efectuasen, motivo por el que los órganos del gobierno que efectúan transferencias a privados no debían remitir al Consejo la información que con anterioridad les era requerida”, señala el requerimiento al cual tuvo acceso La Tercera.

Así las cosas, los legisladores de derecha solicitan a la Contraloría que inicie un sumario administrativo para investigar el origen de la decisión que -según confirmó el ministro Elizalde- habría tomado la auditora Daniella Caldana y determinar así eventuales sanciones administrativas.

“Es fundamental despejar si dicha orden emanó del Consejo en tanto órgano colegiado, o tal como lo ha querido insinuar el gobierno con el objeto de desligar de responsabilidades al ministro y la subsecretaria de la Secretaría General de la Presidencia o incluso a la propia directora de Presupuestos, esta decisión fue un acto no concertado y solamente objeto de la voluntad de la auditora general de gobierno, lo que a juicio nuestro constituiría un exceso de sus facultades, exceso que en este caso derivó en enormes prejuicios fiscales”, apunta el escrito.

Y cierra: “si bien se desconoce el acto supuestamente oficial por el que la Auditora General habría instruido el cese de los reportes de información, se ha reconocido que esto se realizó de manera extraoficial o informal, por lo que habría actuado así por fuera de la esfera de atribuciones que le encomienda la reglamentación del órgano”.

El 7 de agosto el gobierno envió un decreto a la Contraloría con el objetivo de reformar la norma -de 1997- que regula el funcionamiento del Consejo de Auditoría Interna, a la luz de los últimos antecedentes. Además, el ministro Elizalde anunció que el Ejecutivo dará urgencia a un proyecto de ley ingresado en el gobierno de Michelle Bachelet para fortalecer el rol del organismo.