Schalper (RN) por pensiones de gracia: “Todos los involucrados deben poner su cargo a disposición”

Un terremoto político provocó el informe de la Contraloría, que detectó una serie de falencias en entrega de pensiones de gracia y exigió al Ministerio del Interior, que encabeza Carolina Tohá, que revise los antecedentes penales de los postulantes al beneficio. El documento da a conocer que “58 beneficiados tienen antecedentes penales por condenas, con resultado de multa, prisión y reclusión o presidio, incluidos delitos violentos”.

Frente a los nuevos antecedentes, el diputado Diego Schalper (RN) pide que el Presidente Gabriel Boric vuelva de sus vacaciones y acusa al gobierno de sostener una “política de impunidad”.

¿Quiénes son los responsables políticos de la desprolijidad que acusa el informe de Contraloría?

Esto es parte de una política de impunidad del gobierno del Presidente Boric respecto a la violencia del estallido social. Nuestra impresión es que aquí hay una política de impunidad que difícilmente el Presidente de la República podría desconocer. El Presidente tiene que suspender sus vacaciones y darle una explicación al país.

¿Qué responsabilidad le adjudica?

Primero, porque cuando él llega al gobierno parte de su promesa de campaña involucraba en estas cosas. Por lo tanto hay una especie de política institucionalizada. Entonces, ha llegado el momento de que el Presidente Boric asuma la responsabilidad por esta verdadera política de impunidad respecto a los delitos del estallido.

¿Qué espera concretamente? El gobierno ya se abrió a revocar administrativamente algunos casos.

Hay muchas formas. Por lo pronto, revocar estas pensiones de gracia es una cosa urgente. En segundo lugar, viendo quiénes tienen la responsabilidad. Fíjese que el informe de la Contraloría instruye la realización de sumarios en la Subsecretaría del Interior y el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Por lo tanto, ahí el Presidente también tiene que hacer sus evaluaciones y ver quiénes son las personas de su gabinete o de su entorno que nos están haciendo bien su trabajo.

¿Debiese renunciar el subsecretario Monsalve?

Todos los involucrados deben poner su cargo a disposición

El gobierno ya había anunciado que iba a revocar las pensiones de personas con antecedentes.

No basta con que usted anuncie que va a hacer algo. La pregunta es respecto de quiénes y cuándo, porque cuando ya tiene un informe de la Contraloría que está disponible desde el 13 de diciembre me parece que ha habido tiempo suficiente para la acción.

¿Cuáles son las falencias más graves que cometió el gobierno al conceder estas pensiones de gracia?

La Subsecretaría de Interior tiene las herramientas para hacer verificación de los antecedentes, y el informe de la Contraloría no solamente dice relación con los prontuarios, sino que tiene que ver con el cumplimiento de los requisitos. Entonces, que aquí se conceda plata sin verificar siquiera los requisitos, esto hace que se escale un grado más.

¿Cuáles son los pasos a seguir como oposición?

Vamos a interponer una denuncia ante la Fiscalía por eventual prevaricación administrativa y fraude. Además, vamos a oficiar al Consejo de Defensa del Estado a ejercer las acciones penales y civiles que sean necesarias para recuperar los fondos.

¿Para ustedes no es suficiente que se revoquen estas pensiones?

Nosotros vamos a trabajar incansablemente para tres cosas: que se revoquen las pensiones, que se devuelva la plata y que se asuma la responsabilidad política.

¿Se debe revisar por completo el mecanismo de entrega de pensiones?

Las pensiones de gracia existen para personas que por algún reconocimiento de su trayectoria y porque han tenido un grave daño verificado se hacen beneficiarios de esto. Pero jamás han estado pensadas para transformarse en un mecanismo donde se le entrega plata a gente que no se tiene verificado su daño como ha quedado de manifiesto.

¿Y la oposición va a actuar unida en esta materia?

Yo puedo hablar por la bancada de Renovación Nacional y los diputados de la Comisión de Seguridad, Andrés Longton, José Miguel Castro y yo vamos a actuar con la decisión y la rigurosidad que ha tenido nuestra bancada.

Los diputados de la UDI piden la remoción de los consejeros del INDH. ¿Está de acuerdo?

Nosotros más bien estamos abocados a lo central, que es encargarnos que acá se asuma la responsabilidad política, se asuma que hay que revocar las pensiones y que se devuelva la plata. Ese es el foco que tenemos en Renovación Nacional. Lo central, lo realmente significativo, es que estas personas no defrauden al Fisco y que no sean beneficiarios de pensiones de gracia personas que no tienen los requisitos o tienen un prontuario policial de la gravedad que hemos conocido.

¿Esto enreda las conversaciones políticas que se están llevando con el gobierno?

La agenda de seguridad necesita un gobierno con credibilidad. El problema es que con este tipo de acciones, con este tipo de dudas, con esta política de impunidad respecto a los delitos del estallido, el gobierno pierde credibilidad.