Seis proyectos en tres meses y medio: el lento avance de la agenda de seguridad que enardece el debate político

El 11 de septiembre de este año no sólo tendrá una connotación histórica. Ese día vence el segundo plazo autoimpuesto por el gobierno y el Congreso para avanzar con una agenda de 31 iniciativas legales en materia de seguridad ciudadana.

El compromiso, suscrito el 15 de abril, entre la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), y los presidentes del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), y de la Cámara, Vlado Mirosevic (liberal, hoy sucedido por el DC Ricardo Cifuentes), establecía tres metas temporales. El primer plazo, a los 75 días, se cumplió discretamente, pues a esa fecha sólo se había logrado despachar tres de los 16 proyectos de ley que debían estar finiquitados al 29 de junio.

A semanas del segundo intervalo para tener despachadas 24 reformas, las estadísticas han variado levemente. A la fecha, es decir, en tres meses y medio, solo seis de las 31 prioridades legislativas han visto la luz. El último plazo para terminar de tramitar esta agenda es el 31 de diciembre.

Si bien casi todos los proyectos ya están en tramitación (salvo tres que debe ingresar el Ejecutivo) y existe optimismo de que a mediados de septiembre se podría llegar al 66% de cumplimiento, la sesión del lunes de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, donde se discutió la Ley de Usurpaciones, demostró que el proceso no será tan sencillo en algunos proyectos.

Aún falta por resolver temas cruciales en el nuevo Ministerio de Seguridad Pública, los cambios al Sistema de Inteligencia, las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF), el Servicio de Defensoría de las Víctimas, además de la mencionada norma de usurpaciones, que endurece medidas contra las tomas de terrenos.

En estas reformas existen diferencias ideológicas casi insalvables entre oficialismo y oposición o bien generan un quiebre en las fuerzas gubernamentales, lo que podría llevar al Ejecutivo a congelar su discusión para evitar ahondar diferencias dentro de su coalición.

En el caso de la Ley de Usurpaciones, las tensiones entre oficialismo y oposición llegaron al punto que los ministros del Presidente Gabriel Boric se restaron de la última sesión de la Comisión de Seguridad del lunes, por lo tanto, nadie defendió a nombre del Ejecutivo sus enmiendas para corregir el texto, en vista del inminente rechazo de parte de la oposición a esas indicaciones. En las semanas previas, además, los diputados de derecha habían bloqueado la participación en el debate de asesores del Ministerio del Interior. Incluso, es probable que esta discusión se alargue hasta una comisión mixta o un veto presidencial. Sin embargo, el punto más controversial es la combinación de figuras jurídicas que permitirían a civiles recuperar, por “mano propia”, inmuebles tomados ilegalmente. Mientras la derecha ampara el derecho a defenderse y rescatar propiedades, el oficialismo cree que es un retroceso civilizatorio.

En tanto, la reforma impulsada por La Moneda, que establece nuevas Reglas de Uso de la Fuerza, sufrió un severo golpe luego de que trascendieran los reparos de las FF.AA. a esta iniciativa, lo que podría reforzar las críticas de la derecha. El nudo central es la resistencia del oficialismo a ceder el uso racional de la fuerza que puedan ejercer efectivos policiales o militares frente a agresiones.

A este cuadro de tensiones podría sumarse el inminente ingreso de la nueva Ley Antiterrorista, que si bien no forma parte de esta agenda de prioridades suscritas entre el gobierno y el Congreso, es un compromiso de La Moneda. A juicio de parlamentarios oficialistas, esta iniciativa será de alta sensibilidad, especialmente para los sectores de izquierda.

Dentro de las iniciativas priorizadas, que ya fueron despachadas por el Congreso, figuran 1) la que penaliza el sicariato, 2) la que refuerza las facultades policiales en control de la migración, 3) la que fortalece la persecución de delitos económicos, 4) la que sanciona daños en medios de transporte, 5) la que facilita procedimientos de notificación en situaciones migratorias irregulares y 6) la que permite ampliar la dotación de Carabineros mediante llamados al servicio de personal en retiro.

El presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), señaló que si bien queda plazo hasta fin de año, “hay que apurar el tranco”. Y agregó: “Hemos fijado metas, como postas o momentos para evaluar el desarrollo de esta agenda. Claramente falta, pero hemos avanzado”.

Respecto de las diferencias que han surgido, añadió que “nadie dijo que iba a ser fácil, pero no porque sea difícil una tarea vamos a bajar la guardia”.