Senado aprueba nominaciones para la Suprema y Cordero despeja camino para designación de Dorothy Pérez en Contraloría

Casi al inicio de la sesión del Senado de este miércoles, el senador Iván Moreira (UDI) rompió hielo para anunciar que respaldaría las tres nominaciones que había hecho el Presidente de la República, Gabriel Boric, para nuevos integrantes de la Corte Suprema.

Se trataba de las juezas de la Corte de Apelaciones de Santiago Jessica González y Mireya López, propuestas como ministras del máximo tribunal, y del magistrado de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt Jorge Pizarro, quien postulaba al cargo de fiscal judicial de la Suprema.

Sin embargo, a pesar de la resistencia de la UDI para aprobar particularmente el nombre de González (quien era vista como una jueza más afín a la izquierda y centroizquierda y cuyo rol en el caso Corpesca dejó heridos en el gremialismo), las palabras de Moreira eran la primera señal de que la terna contaría finalmente con un respaldo transversal en la sala.

El juez Pizarro fue el primero en ser aprobado, con 44 votos a favor y uno en contra. Luego fue el turno de la votación más delicada de la jornada, la de la ministra González, quien logró un respaldo de 42 senadores. Finalmente, la magistrada López también fue aprobada con 41 apoyos, pero tres votos en contra.

Todos ellos quedaron en condiciones de asumir sus nuevos cargos, al superar ampliamente el quorum de 33 votos necesarios. La idea del gobierno es que el viernes ya estén jurando en la Corte Suprema.

Las tres votaciones fueron celebradas por los ministros de Justicia, Luis Cordero, y de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde (PS), quienes fueron los encargados de reunir los apoyos, tarea que no fue sencilla, ya que la resistencia de la UDI a aprobar el nombre de González amenazaba con arrastrar a otros legisladores de derecha y hacer caer la terna de candidatos.

En el gobierno estaban conscientes de que las vacantes para la Suprema no se podían seguir postergando. Más aun en un momento delicado en el que se requería inyectarles un nuevo aire a los tribunales, hoy golpeados por el caso protagonizado por el penalista Luis Hermosilla, que develó una red de influencias entre jueces, fiscales, abogados y políticos.

Si bien ayer en la mañana, en teoría, el Ejecutivo ya tenía los votos para aprobar las tres proposiciones para el máximo tribunal, cualquier ausencia, posible viaje o percance de última hora, podía hacer fracasar el plan para reanimar al Poder Judicial. Incluso, el gobierno tuvo que redoblar esfuerzos para suplir las ausencias de dos senadores oficialistas: Jorge Soria (ind.-PPD), quien no asistió por razones de salud, y Esteban Velásquez (FREVS), quien viajó al norte para estar en la gira del Presidente Boric por Antofagasta.

No obstante, la confianza de los ministros se sustentaba en que al menos los senadores de RN, Evópoli y de Demócratas respaldarían las nominaciones, junto al oficialismo.

El problema seguía siendo la UDI, que en los últimos días reforzó su presión al Ejecutivo para que ratificara a Dorothy Pérez como contralora general de la República. Si bien los senadores del gremialismo estaban dispuestos a visar las nominaciones a la Suprema, estaban molestos por la demora que ha tenido el Presidente Gabriel Boric para decidir quién dirigirá el ente contralor, a pesar de que Pérez -quien hoy ejerce como contralora subrogante- contaba ya con un piso transversal del Senado.

Senadores de la UDI advertían, hasta ayer en la mañana, que si el gobierno no sinceraba la propuesta de Pérez antes de la votación, no apoyarían la nominación de la jueza González para la Suprema. Sin embargo, tras conversaciones sostenidas ayer en la mañana, finalmente el gremialismo al menos obtuvo un compromiso de que el nombre de Pérez se resolvería en los próximos días. Con ese piso, la mayoría de los senadores de la UDI votaron a favor de todas las designaciones del máximo tribunal.

Al Ejecutivo le interesaba dejar en claro que estas nominaciones a la Suprema no estaban amarradas a la definición por la Contraloría, ya que cada designación institucional debía ser analizada “en su mérito”, según dijo Cordero.

No obstante, el ministro de Justicia admitió que una vez resuelto el nombramiento de nuevos altos magistrados, el Ejecutivo ahora se concentrará en destrabar al contralor o contralora, cargo que está vacante desde diciembre del año pasado, cuando Jorge Bermúdez dejó la institución al cumplir su mandato constitucional.

“Cada institución tiene que ser evaluada en su mérito, el acuerdo (con la mesa del Senado) era avanzar (primero) en las nominaciones que en agenda correspondían a la Corte Suprema y, a continuación, la normalización en el resto de las instituciones... No solo tenemos pendiente el cargo en Contraloría, sino también al menos cinco cargos de Tribunal Ambiental”, expresó el ministro, quien comentó que “es incorrecto compensar unas instituciones por otras, entre otras cosas, porque distorsiona el sistema institucional”.

Pese a ello, ayer en el Senado y en el propio gobierno admitían que la proposición del Presidente Boric para Contraloría era inminente, donde la favorita seguía siendo Pérez, salvo que surja una mejor carta en las próximas horas.

En su argumentación en la sala, antes de las votaciones, Cordero hizo un sentido llamado a los senadores a apoyar estas nominaciones al máximo tribunal como forma de enfrentar la crisis del Poder Judicial a raíz del caso Hermosilla. “No es posible eludir que la votación que hoy se realiza en este Senado respecto del candidato a fiscal judicial de la Corte Suprema y de las dos candidatas a la Corte Suprema, se realiza en un contexto especialmente difícil y complejo para el Poder Judicial”, expresó

“La votación de hoy no es pura y simplemente la nominación de tres candidatos, de tres jueces y juezas de impecable trayectoria judicial, es también, en algún sentido, en opinión del Ejecutivo, una señal, por parte del Ejecutivo y de este Senado, al normal funcionamiento del sistema judicial. La crisis que afecta al sistema de justicia, no solo al Poder Judicial, es una cuestión inevitable de enfrentar, pero una de las maneras de poder enfrentarla es dotar de normalidad el funcionamiento de las instituciones. Y nada más y nada menos que eso es extremadamente importante cuando nos referimos a la Corte Suprema”, agregó.

Además mencionó que “los cargos, que hoy están sometidos a vuestra consideración, tienen vacancia, el primero, desde noviembre del año 2022. El año pasado fue la vacante del fiscal judicial, en agosto, y luego, en octubre, de la segunda vacante (de ministro de la Suprema). Se encuentra pendiente otra más desde diciembre del año pasado y va a exigir otra más en octubre de este año”.

“Ahí, en consecuencia, que los nombres propuestos están en un contexto especialmente relevante para el Poder Judicial, para el sistema institucional chileno y para el funcionamiento de pesos y contrapesos y separación de poderes en Chile”, comentó el ministro.