“En este momento han llegado a la mesa los siguientes documentos”.

Con esas palabras, el secretario del Senado, Roberto Bustos, daba cuenta de que en medio de la sesión de este martes, se ingresó un proyecto de resolución -que suscriben desde el Partido Social Cristiano a la Federación Regionalista Verde, incluida la Democracia Cristiana-, que tiene por objetivo solicitar al Presidente Gabriel Boric que le pida al fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, gestionar la orden de detención en contra de Nicolás Maduro, reelecto el pasado 28 de julio en un proceso plagado de irregularidades. La iniciativa se aprobó de forma unánime con 21 votos, la mayoría del oficialismo estaba ausente de la Sala.

En los considerandos del texto los mocionantes explican que “el día 29 de junio del año 2009, el Estado de Chile suscribió y ratificó el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, siendo hasta el día de hoy miembro de la Asamblea de Estados Partes de dicho tratado”. En esa línea, afirman que la Convención “ha tenido como propósito dar competencia a dicha Corte para perseguir y juzgar los crímenes de más grave trascendencia para la comunidad internacional, siendo estos el genocidio, crimen de lesa humanidad, crimen de guerra y agresión”.

Posteriormente, argumentan que “teniendo en consideración que no es posible ignorar el sufrimiento de miles de víctimas por causa de persecuciones de distinta índole ocurridas en la República Bolivariana de Venezuela durante años y en especial por la persecución sufrida por miles de víctimas tras el evento electoral presidencial realizado el 28 de julio del presente año, entre los que se encuentran, grupos, especialmente vulnerables como lo son las niñas y niños, adultos mayores y mujeres”.

Junto con ello, los senadores recordaron la acción del Estado de Chile -en conjunto con Argentina, Canadá, Colombia y Perú- del 27 de septiembre de 2018 para que la fiscal de la Corte Penal de ese momento, Fatou Bensouda, tenga en consideración para su investigación antecedentes “por los hechos que se habrían cometido en la República Bolivariana de Venezuela a partir del 12 de febrero de 2014, con vistas a determinar si se habría de acusar de la comisión de tales crímenes a una o varias personas determinadas”.

“Una vez que un Estado adquiere compromisos internacionales por tener frente a sus ojos, crímenes y atrocidades tan brutales como las cometidas en la República Bolivariana de Venezuela, este adquiere un deber de denunciar y pedir medidas respecto de esos hechos que van más allá de la remisión que se haya hecho en un momento determinado”, agrega posteriormente.

Esta acción viene a reforzar las ofensivas que ha hecho al respecto el Senado.

Previamente, el pasado 13 de agosto, con ausencia del oficialismo, se acordó solicitar al Presidente Boric romper relaciones con el país caribeño.

En una resolución que incluye siete puntos, la Cámara Alta le solicitó al Ejecutivo que no reconozca a Nicolás Maduro como “legítimo Presidente de la República”, además de que condene “categóricamente” las acciones de represión emprendidas por el régimen venezolano.