Senado envía a comisión mixta Ley Antiterrorista tras rechazar norma sobre interceptaciones telefónicas

Aunque esta tarde la Sala del Senado ratificó gran parte de los cambios que le introdujo la Cámara Baja a la Ley Antiterrorista, dos modificaciones realizadas por los diputados al proyecto fueron enviadas a comisión mixta tras ser rechazadas: una respecto de la norma sobre interceptación telefónica o de comunicaciones y otra que permite el cambio de jurisdicción en los casos de juicios por delitos terroristas.

En el marco de la discusión del proyecto que determina conductas terroristas, fija su penalidad y deroga la ley vigente en esta materia, el Senado rechazó las modificaciones realizadas por la Cámara a la disposición que permite medidas intrusivas de interceptación de comunicaciones. A favor de los cambios que propusieron los diputados se pronunciaron 18 senadores, mientras que 19 votaron en contra y 2 se abstuvieron.

Entre los argumentos en contra se señaló que la disposición permitía interceptar metadatos en un amplio rango de superficie -lo que se estima es una medida “sumamente intrusiva”- y además se extendía a los delitos de la Ley de Drogas lo que podría ser objetado por no estar en las líneas matrices de la iniciativa.

Al respecto, durante el debate la ministra del Interior, Carolina Tohá, destacó que el Ejecutivo era partidario de enviar esta norma a una comisión mixta para su posterior discusión.

“Esta tecnología es una tecnología muy potente, muy intrusiva, que permite en el fondo iluminar un territorio y ver todas las comunicaciones que se están provocando en ese lugar, no de los sujetos de interés, sino que todas las que está viendo”, destacó la secretaria de Estado.

Al respecto, explicó que en la Cámara “se tomó la decisión de acotar bastante el empleo de esta tecnología, en el sentido de que no va a permitir acceder al contenido de las comunicaciones, sino solamente a los metadatos, entonces va a permitir saber dónde se ubicaba un teléfono en un lugar, cuál es el IP o el SIM de ese teléfono, información general, pero no el contenido de esas comunicaciones y eso es un avance, porque efectivamente conocer el contenido de comunicaciones de personas que no tienen nada que ver, porque estaban en un lugar solamente, da mayores garantías”.

Agregó que “sin embargo, hay otras dimensiones de los cambios que se hicieron en la Cámara de Diputados que a nosotros nos parece que son preocupantes y que pueden complejizar la aplicación de esta ley y pueden causar reparos a su implementación. En primer lugar porque en la Cámara de Diputados se decidió extender esta técnica a delitos de crimen organizado y de tráfico de drogas, lo cual es una materia que puede ser de interés, se puede discutir, pero no era parte del foco original de este proyecto. Segundo, había, y se presentaron indicaciones en ese sentido, la intención de establecer normas claras respecto a de que después de que concluía la diligencia de levantamiento de información que se podía acceder con esta tecnología, en cinco días posteriores se tenía que destruir la información que no correspondía a sujetos de interés. Eso no se aprobó en la Cámara de Diputados”, lo que, aseguró la titular del Interior, incrementa los riesgos de que estos datos vayan a parar a manos incorrectas o se utilicen de mala manera.

Agregó que “en tercer lugar se establecía que había una sanción agravada para el uso no autorizado de esta información. Eso tampoco se aprobó en la Cámara de Diputados”, destacó.

Finalmente, indicó que se aprobó en la Cámara una norma “que señala que en ciertas regiones del país, regiones del norte, se puede utilizar esto para temas de narcotráfico, lo cual parece contradecir la norma general que está al principio que habla de crimen organizado, porque muchas veces son la misma cosa, entonces quedó una cosa contradictoria y compleja... ¿por qué a ciertas regiones se va a aplicar una ley distinta que a otras?”, cuestionó.

Además, la Sala del Senado rechazó con 29 votos contra 8, la decisión de la Cámara Baja de eliminar la norma que permitía el cambio de jurisdicción en casos de alta relevancia o connotación, para ser trasladados a Santiago, aunque el Ejecutivo no era partidario de llevar esta norma a la mixta.

Tras la votación, el presidente de la comisión de Seguridad del Senado, Iván Flores (DC) valoró la solides del proyecto y destacó, respecto de las normas que pasan a mixta, que “hubo dos artículos, uno que tiene que ver con una cuestión jurisdiccional respecto de dónde deberían realizarse los juicios en contra de personas definidas como terroristas, si es en la sede que corresponde a la región donde se ha cometido el delito o es en la Región Metropolitana, como lo había planteado el Senado originalmente, dadas las condiciones de protección para los fiscales, los jueces, los testigos, etc”.

Agregó que “lo otro tiene que ver con técnicas intrusivas de investigación, particularmente por el uso de tecnologías para obtener información. Y eso es un tema que necesita ser revisado”, indicó.

Sobre la conformación de la comisión mixta, indicó que la mesa resolvió que el lunes de la próxima semana, en reunión de comité, se acordarán las condiciones al respecto. “Una alternativa es que regrese a la comisión de origen, que es la comisión de Seguridad, pero como hubo un segundo informe de la comisión de Constitución, hay otros que plantean que la mixta debería estar conformada por senadores de ambas comisiones más lo que corresponda a los diputados que sean elegidos para aquello”.