Senadores pidieron casi 7 mil informes de asesores externos en 3 años

A cinco meses de que el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias (Crap) estableciera que los informes de asesorías externas que reciben los congresistas deben ser públicos, los distintos comités de la corporación han difundido un 99% del total de 6.875 textos emitidos desde septiembre de 2015 a octubre de 2018.

Así lo detalla un reporte realizado por la Fiscalía del Senado -al que tuvo acceso La Tercera- que contabilizó todos los respaldos que se han subido a la página web institucional.

Pese a que la resolución del organismo solo obligaba a los senadores a difundir los informes desde julio de 2018 en adelante, los legisladores de todos los sectores optaron por dar a conocer, adicionalmente, aquellos emitidos entre septiembre de 2015 -fecha en que se impuso la obligatoriedad de respaldar las asesorías- y junio de este año.

La decisión de los comités se dio luego de una controversia en torno a si estos instrumentos, por financiarse con fondos del Estado, debían ser públicos.

La pugna se abrió en septiembre de 2017, luego de que en plena campaña presidencial se conociera que un asesor externo del candidato de la ex Nueva Mayoría, Alejandro Guillier (ind.), había cobrado por elaborar informes con párrafos textuales de información disponible en la web del Congreso.

El hecho motivó al Ministerio Público a abrir una indagatoria por eventual fraude al Fisco, liderada por el persecutor Manuel Guerra, quien solicitó al Senado el respaldo de los informes de asesorías externas, a lo que la corporación se negó.

En paralelo, Chile Transparente realizó dos solicitudes al Senado para que se les remitieran todos los documentos encargados por los parlamentarios bajo ese concepto en distintos periodos. La última de las solicitudes fue rechazada por la Comisión de Ética de la Cámara Alta en agosto pasado, bajo el argumento de que la petición era de "carácter genérico".

Fue en ese contexto que el presidente de la testera, Carlos Montes (PS), lideró una ofensiva para que dichos informes fueran públicos, propuesta que no fue acogida por sus pares hasta el pronunciamiento del Crap.

El reporte contempla los informes de asesorías tanto de los 26 senadores de la legislatura anterior que siguen en sus escaños, como los de aquellos 17 que iniciaron sus funciones el 11 de marzo.

El informe divide las cifras en dos periodos: el primero entre septiembre de 2015 y junio de 2018 -plazo previo a la resolución del Crap- y el segundo entre julio y octubre del presente año. Así, se detalla que para el primer periodo se contabilizó un total de 5.948 informes de asesorías externas, de los cuales 5.888 fueron publicados, lo que equivale al 99% del total. Para el segundo período, se contabilizó un total de 1.000, de los que 987 fueron difundidos.

Sin embargo, no todos los senadores publicaron la totalidad de los informes que solicitaron durante el primer periodo. Se trata de los parlamentarios Pedro Araya (ind.), Juan Antonio Coloma (UDI) y Guillier.

El primero publicó 26 de un total de 28 informes que solicitó en ese plazo, mientras que Coloma, de un total de 189, publicó solo 141.

El legislador por Antofagasta, en tanto, difundió un 94,19% de los informes que encargó entre septiembre de 2015 y octubre de 2018.

Asimismo se desprende del conteo de la fiscalía los senadores que cuentan con más informes en ambos periodos. Entre ellos se encuentra José García Ruminot (RN), quien aparece con 382 informes del primer periodo y suma otros 24 entre julio y octubre de este año.

Lo sigue su par Francisco Chahuán (RN), con un total de 292, y la senadora Adriana Muñoz (PPD), con 269.

Según el reporte, habría 13 informes relativos a este segundo periodo -entre julio y octubre de 2018- que fueron declarados reservados y, por tanto, no fueron publicados por los senadores. Esto, en virtud del artículo 8 de la Constitución, la Ley Orgánica Constitucional del Congreso y los artículos 21 y 22 de la Ley de Transparencia.

Dichos cuerpos normativos establecen que no podrán ser publicados instrumentos cuya publicidad afecte la seguridad nacional, el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido o se trate de antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o política.