Senadores reponen prohibición para que familiares de parlamentarios no asuman como notarios y conservadores

En medio del clima de sospechas que provocó la filtración de audios y chats del abogado Luis Hermosilla, una señal política dieron este lunes los integrantes de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado.

La instancia sesionó este lunes en la sede del Congreso en Santiago para reactivar la discusión del proyecto que modifica el sistema registral y notarial en sus aspectos orgánicos y funcionales, la llamada “Ley de Notarios y Conservadores”.

Al inicio de la sesión, la senadora de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Luz Ebensperger, pidió revisar un artículo que ya se había aprobado en marzo pasado. Su idea era reponer las restricciones para que la parentela parlamentaria no pudiera acceder a estos cargos del sistema registral.

Para ello, se requería la unanimidad de los cinco integrantes de la instancia: los senadores Alfonso de Urresti (PS), Claudia Pascual (PC), Pedro Araya (PPD), Rodrigo Galilea (RN), además de Ebensperger, quienes dieron su consentimiento para volver a debatir el punto.

Esta misma unanimidad de senadores aprobó un estricto texto que incluye prácticamente a todas las autoridades civiles de los poderes del Estado.

“No podrá ser nombrado en alguno de los cargos que integran la segunda serie del Escalafón Secundario (notarios, archiveros y conservadores) ni ser incluido en la nómina correspondiente, quien se encuentre ligado por matrimonio, por acuerdo de unión civil, por parentesco de consanguinidad hasta el tercer grado inclusive, por afinidad hasta el segundo grado, o por adopción, al Presidente de la República, a los ministros y al fiscal judicial de la Corte Suprema, a los ministros y fiscales de la cortes de Apelaciones de Estado, a los abogados integrantes de los Tribunales Superiores de Justicia, al fiscal nacional y fiscales del Ministerio Público, a los ministros de Estado, a los subsecretarios, a los delegados presidenciales regionales, a los gobernadores regionales, a los ministros del Tribunal Constitucional, a los senadores, a los diputados, al contralor general de la República, al director nacional del Servicio Civil, a los miembros del Sistema de Alta Dirección Pública, y a todo aquel que tenga un cargo directivo de exclusiva confianza o de Alta Dirección Pública, hasta el tercer nivel jerárquico en la dirección nacional de Servicio Civil”, decía la estricta norma.

“Esta inhabilidad se extenderá hasta por un plazo de un año contados desde el cese efectivo de la respectiva autoridad en su cargo”, decía la propuesta gubernamental”, agregaba la prohibición aprobada, que revertía la decisión adoptada en marzo pasado.

Esa votación anterior había sido cuestionada por el senador Manuel José Ossandón (RN), quien reveló ese detalle, al quedar expuesto su interés de llevar la Ley de Notarios a la Comisión de Gobierno, que hoy preside.

No obstante, esa jugada reglamentaria generó un clima de sospechas en la Cámara Alta. En primer lugar, porque el hijo de Ossandón trabajaba en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago. Este ambiente se agravó, además, luego de que filtrara una conversación, a través de un micrófono abierto en la sala del Senado, en la que el senador Rafael Prohens (RN), admitía que Ossandón era el que estaba promoviendo el cambio de comisión. El problema es que ello inevitablemente iba a extender el trámite legislativo de esta iniciativa que ha estado sujeta a intensas presiones desde su presentación en 2018.

Ayer Ossandón también concurrió a la sesión de la Comisión de Constitución, donde agradeció que se haya aprobado esta inhabilidad amplia. En las últimas semanas, el mismo Ossandón había declarado ser partidario de esta estricta prohibición, que afectaría a su hijo, a modo de despejar sospechas.

A principio de año, el Presidente Gabriel Boric había presentado una indicación para impedir que la parentela de un conjunto de autoridades pudiera ser designada en funciones de notario archiveros y conservadores.

Sin embargo, bajo el argumento de que era excesivo generar restricciones a parientes de parlamentarios y a otras autoridades, en vista de que la reforma plantea un nuevo mecanismo de postulaciones con incidencia de la Alta Dirección Pública, en marzo pasado, el senador Francisco Huenchumilla (DC), cuya esposa es notaria de Lautaro, propuso revisar el carácter amplio de la prohibición. Su argumento se basaba en que ahora los notarios y conservadores estarían sometidos a un proceso de nombramientos más transparente.

Su recomendación fue acogida por el ministro de Justicia, Luis Cordero, quien se mostró flexible y solo exigió mantener la inhabilidad para parientes de jueces y el contralor.

No obstante, la filtración del audio por el cambio a la Comisión de Gobierno y los cuestionamientos de Ossandón pusieron en tela juicio al Senado. Por lo tanto, a juicio de algunos miembros de la corporación era necesario hacer un gesto para despejar el clima de sospechas en vista de que todo el sistema de nombramientos hoy está bajo escrutinio público por el caso Hermosilla.