Subir sueldos al doble o no bajar un peso: La ciudadanía se sienta a la mesa por la disminución de la dieta parlamentaria y de otras altas autoridades

Abogados, arquitectos, ingenieros y funcionarios públicos con años de carrera. Esos fueron algunos de los ciudadanos y ciudadanas que esta mañana participaron de una inédita sesión abierta del Consejo de Alta Dirección Pública (CADP). El hito marcó el fin del periodo de audiencias públicas que abrió el organismo antes de iniciar la etapa deliberativa para definir, el próximo 30 de junio, el monto en que serán rebajadas las remuneraciones de parlamentarios y ministros de Estado.

Tal como ocurrió en el Congreso y entre los expertos y académicos que han hecho sus aportes al debate, la ciudadanía también se dividió entre quienes consideran necesaria una rebaja sustancial de las remuneraciones de las altas autoridades y quienes, por el contrario, plantean que hacerlo podría conllevar graves problemas en el mundo público.

Y las propuestas fueron variadas: no tocar los salarios, pagarles el doble -siempre y cuando el monto se indexe a su rendimiento- o realizar una rebaja sustantiva a “sueldos estratosféricos”.

El primero en intervenir fue el ingeniero civil, Sebastián Abud, quien destacó que, según un estudio de la Unión Interparlamentaria Mundial, de 2013, los parlamentarios chilenos se ubicaban como los mejores pagados respecto otras 128 cámaras de representantes alrededor del mundo. En ese sentido, apuntó a la necesidad de una reducción “sustancial” para la dieta de los legisladores, la que según estableció la reforma constitucional que mandató al CADP, deberá ser exactamente igual a la remuneración de un secretario de Estado.

“El avance que ha hecho este gobierno en términos de meritocracia creo que es súper importante, creo que deberíamos seguir esa senda y mi propuesta es que el sueldo de los parlamentarios se base en el mérito, en los estudios que han hecho, y los que no tengan estudios, que se les permita un algoritmo diferente, que permita que haya democracia también en el Parlamento”, propuso, subrayando que “si la rebaja de sueldo no es sustancial, que al menos exista dedicación exclusiva para que los parlamentarios se dediquen completamente a su labor social que ellos eligieron”.

En la misma vereda estuvo el ingeniero civil industrial, Rubén Verdugo, quien incluso se atrevió a proponer un monto específico: un 38% de rebaja. “Este es un problema político que llegó a manos técnicas y le están pidiendo algo técnico para hacerlo político. El Parlamento decidió hacerse un harakiri pero no se atrevió a hacerlo finalmente y les entregó la katana a alguien más que es este consejo”, dijo.

Y pese a que destacó que “la polarización social está complicándonos bastante las discusiones” apuntó a que “(una rebaja de) un uno por ciento, como dijo Mario Waissbluth, no sería bien visto por la sociedad”.

El abogado Alejandro Díaz, quien suma más de 40 años como funcionario público, dijo estar “atónito” y “dolido” ante la idea de rebajar las remuneraciones a quienes ejercen labores en la administración del Estado. El profesional, incluso, cuestionó lo que calificó como un verdadero “capricho” de los diputados Gabriel Boric (Convergencia Social) y Giorgio Jackson (RD) , quienes fueron autores de la moción que terminó convirtiéndose en ley.

“Me opongo a toda rebaja de remuneraciones tanto de parlamentarios como de altas autoridades”, dijo Díaz, agregando que no le parecía que “por el capricho de dos diputados, señores Boric y Jackson, se haya llegado a esta situación”.

Asimismo, el jurista cuestionó que el gobierno no haya tenido una actitud más activa para evitar que se toquen los salarios de los funcionarios públicos. “Ustedes tienen un mandato que tienen que cumplir, pero me parece inaceptable que el gobierno no le haya dicho a los diputados que votaron por al ley en el Congreso ‘momentito, ustedes si se quieren bajar los sueldos, a instancias a estos dos diputados jóvenes, pero al Poder Ejecutivo y a los organismos estatales no se les va a bajar el sueldo’. Así como se hizo muy bien con el Poder Judicial y con la Contraloría como organismo autónomo del Estado”, sostuvo.

Una propuesta llamativa hizo Joaquín Rojas, otro de los ciudadanos participantes en la sesión abierta. Aseguró que la discusión excede al monto que reciban las autoridades y que, a su juicio, el problema es que sus remuneraciones no están indexadas a su rendimiento. “El problema es que el ingreso que esas personas perciben no están indexadas al resultado que se espera de ellos. Entonces hoy parlamentarios, ministros pueden hacer mal su trabajo y no pasa nada”, afirmó.

En ese sentido, incluso se mostró abierto a que parlamentarios y ministros ganen el doble si es que se cumple con ese criterio. “Más que el monto, los cargos de responsabilidad social son tan importantes que incluso yo estaría dispuesto a pagarles el doble, que el Presidente gane el doble, que los diputados ganen el doble, porque son cargos muy importantes que definen la ruta de navegación de un país. Pero por otro lado, esos sueldos tienen que estar indexados a los resultados”, planteó.

Por su parte, la arquitecta Claudia Silva, quien incluso llevó una presentación de Power Point para exponer ante el CADP, sostuvo que lo fundamental en la discusión era desacoplar en la discusión la rebaja de la dieta parlamentaria a la de funcionarios públicos.

“Es distinta la labor que hace cada uno de ellos, las responsabilidades, el cómo se elige y es muy distinto la manera cómo se evalúa su desempeño”, subrayó.

Respecto del monto, en todo caso, señaló que “me parece lógico que hoy se haga una reducción a los parlamentarios, que se estudie bien, tampoco me parece que tenga que ser de una manera drástica porque ellos tienen una manera de funcionar, tienen comprometidos ciertas cosas y no sé si eso va a solucionar el problema del déficit económico”.

Al cierre de esta nota aún no se hacía público el resto de las exposiciones.