Tras meses de idas y vueltas, Tohá alista ingreso de reforma para ampliar a 60 días los estados de excepción

A pesar de que la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), adelantó que en la tarde de este martes ingresaría la reforma a los estados de excepción constitucional, al cierre de esta edición el mensaje del Presidente Gabriel Boric aún no ingresaba.

Sin embargo, esta nueva postergación ya era solo un detalle más, pues en el gobierno daban por hecho que esta semana partiría la tramitación de esta iniciativa que preserva la posibilidad de que las FF.AA. puedan colaborar en orden público y seguridad, con la diferencia de que las renovaciones ante el Congreso ya no se realizarían quincenalmente, sino cada 60 días.

Este proyecto es el resultado de un largo proceso previo de deliberaciones y negociaciones fallidas. La idea de modificar los estados de excepción comenzó en mayo pasado, en la época en que Izkia Siches y Giorgio Jackson estaban a cargo de las carteras de Interior y de la Secretaría General de la Presidencia, respectivamente.

De hecho, el impulso inicial de Jackson y Siches era crear un nuevo estado de excepción atenuado, en una escala menos restrictiva que los estados de emergencia que se vienen aplicando en cuatro provincias de La Araucanía y el Biobío. No obstante, ante la falta de apoyo de los partidos de Apruebo Dignidad (PC y Frente Amplio), el Ejecutivo abandonó ese plan.

Allí surgió, a pesar de la resistencia de La Moneda, una propuesta alternativa de partidos de oposición, en alianza con la DC, el PS y el PPD, de aprovechar una reforma sobre protección de infraestructura crítica, que permitía a las FF.AA. colaborar en la seguridad de lugares estratégicos.

Al ver que el proyecto avanzaba, La Moneda optó por hacerse parte y presentó un veto con el fin de mejorar el texto. Si bien la iniciativa, en julio pasado, contó con un inédito respaldo en el Senado desde el PC a la UDI, la propuesta gubernamental fue rechazada en la Cámara por desmarques de diputados oficialistas del Frente Amplio y del Partido Comunista y por los votos en contra de otros de derecha, quienes actuaron en represalia por las malas relaciones con el gobierno.

Al asumir Tohá en Interior, en septiembre, retomó la idea de crear una nuevo estado de excepción de “protección y resguardo”. Su intención original era crear una quinta alternativa, centrada en la protección de personas, adicional a los cuatro estados de excepción existentes: de emergencia (grave alteración al orden público), de catástrofe (calamidad pública), de sitio (guerra interior) y de asamblea (guerra externa).

No obstante, en su trabajo prelegislativo, la ministra detectó que las fuerzas de Apruebo Dignidad mantenían sus reparos, lo que se sumaba a las objeciones de legisladores de derecha, que temían que esta nueva alternativa debilitara la protección de las provincias en el sur.

“En ese trabajo prelegislativo escuchamos a las distintas bancadas y surgió una idea mejor que la que nosotros originalmente habíamos propuesto. Al principio queríamos crear un nuevo estado de excepción, pero en el debate nos propusieron, y acogimos esa idea, que en lugar de crear uno nuevo estableciéramos una variante”, comentó la ministra Tohá.

La secretaria de Estado explicó que la propuesta contempla que cuando se han hecho varias renovaciones de 15 días, el Ejecutivo tenga la posibilidad de solicitar una renovación por 60 días.

Añadió que en estos casos, en el estado de excepción, que por definición permite limitar libertades y garantías constitucionales, no se aplique “la reducción del derecho a reunión”, lo que “irá acompañado de informes quincenales escritos para que el Parlamento sí tenga un control”.

Aunque la propuesta de Tohá -que se basa en una recomendación del senador Rodrigo Galilea (RN), integrante de la Comisión de Constitución- no generaba mayor resistencia, varios legisladores señalaron que preferían conocer el texto antes de opinar.

“A mí me parece que esta es una buena fórmula, nos da diversas herramientas y posibilidades dentro del estado de emergencia y permite, además, mantener el necesario control democrático que debe ejercer el Congreso. Así que espero que esto tenga una rápida tramitación”, comentó el senador Galilea, quien precisó que si bien no se afectaría, en estos casos, el derecho a reunión, sí podría haber “restricciones al transporte, como son el control vehicular, el toque de queda, pero la garantía constitucional de reunión no va a ser tocada”.

El senador Gastón Saavedra (PS), representante del Biobío, también valoró la propuesta. “Esto descomprime la tensión recurrente que tiene el gobierno al venir cada 15 días al Congreso a solicitar la ampliación del estado de excepción. Al mismo tiempo, permite tener una estrategia más asertiva, a mi entender, porque hay más tiempo para las tareas de control, despliegue y protección”, dijo el socialista, a pesar de que en su bancada hay algunos reparos por la fórmula, pero no al objetivo del proyecto.

Por su parte, el senador y presidente de la Comisión de Constitución, Matías Walker (Demócrata), lamentó que el gobierno haya abandonado la idea inicial, pero agregó que le parecía correcto ampliar las prórrogas. “Es una lástima que el gobierno haya renunciado a su pretensión inicial de un estado de excepción que hacía énfasis en el resguardo y la protección de las personas. Era una buena idea que probablemente no tenía piso dentro de los partidos de gobierno. Ahora, si hay una reforma al estado de emergencia, tendré que juzgarlo en su mérito”.