Tribunal Constitucional mete presión al Congreso y acelera proceso de nombramiento de nuevos ministros

Con un mes de anticipación, a mediados de diciembre, llegó el oficio de la presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Nancy Yáñez, comunicando a la sala del Senado que el 12 de enero culminarán su mandato dos integrantes de esta corte: los ministros Nelson Pozo Cristián Letelier.

Si bien es normal que, ante cada final de período, el TC formule el llamado a llenar las vacantes, lo usual es que esta carta llegue después y no antes, como ocurrió en esta ocasión.

El apuro tiene una explicación. Con la salida de Pozo (magistrado ligado al PS) y Letelier (exdiputado de la UDI), el tribunal quedaría con solo seis integrantes titulares y dos suplentes, y el quórum mínimo para sesionar y resolver es de 8 ministros.

Si solo uno de ellos (titular o suplente), sale de vacaciones, viaja fuera del país o se enferma, el TC quedaría paralizado.

A ello se sumaron otras complejidades adicionales.

No ha sido fácil convencer a abogados expertos en Derecho Administrativo o Constitucional que acepten someterse al proceso de designación.

La experiencia reciente indica que el escrutinio público para estos nombramientos ha sido agresivo y comparativamente la retribución salarial de un ministro del TC ha disminuido respecto de lo que gana en el mundo privado un experto con “a lo menos quince años de título de abogado”, que se haya “destacado en la actividad profesional, universitaria o pública”, según exige la Constitución.

Según admiten en el oficialismo y en la oposición, el fallido y soterrado intento de La Moneda para subir la remuneración de estos magistrados en $ 3,5 millones, en el último proyecto de reajuste del sector público, obedecía a una jugada de última hora para tratar de persuadir a posibles postulantes.

Sin embargo, la maniobra fracasó luego de que el hecho fuera alertado por algunos diputados. Al final, ningún sector político estuvo dispuesto a defender una medida impopular.

Con ese escenario, en el Senado y en la Cámara están conscientes de que es urgente destapar estos nombramientos y de que ya no hay más margen para desacuerdos.

Desde 2022, ya han fracasado dos procesos de nominación para llenar otras vacantes que deben ser apoyadas por 103 diputados y luego 33 senadores (los cupos de los exministros Gonzalo García y Juan José Romero).

Por lo tanto, en el Congreso ya tienen decidido que, en la primera semana de 2024, al regreso del receso de las fiestas de fin de año, deben zanjar quiénes serán los nuevos miembros del TC.

En el caso de las vacantes de Pozo y Letelier, el procedimiento debiera ser más sencillo. Son cupos que deben aprobar exclusivamente los senadores por una mayoría de 33 votos.

No obstante, a pesar del alto quórum (dos tercios), ya está resuelto que se mantendrá el mismo cuoteo. Un cargo lo definirá la bancada del PS y el otro, la UDI. Acá no opina ni el gobierno ni la Cámara, aunque igual hay una coordinación de nombres.

Por parte del PS, hay dos postulantes probables. Uno de ellos es el doctor en Derecho, Juan Carlos Ferrada, exmilitante socialista, exdecano de la U. Austral y abogado Integrante de la Corte de Apelaciones de Valparaíso.

El otro aspirante socialista es Manuel Puccio, abogado, director de estudios del TC, hijo del exministro del gobierno de Ricardo Lagos, Osvaldo Puccio, y nieto de quien fuera secretario privado de Salvador Allende, Luis Osvaldo Puccio.

El encargado de trabajar la proposición es el jefe de bancada PS, Alfonso de Urresti, quien además integra la Comisión de Constitución del Senado.

Por su parte, en la UDI, la senadora Luz Ebensperger, a la vez presidenta de la Comisión de Constitución, es la responsable de afinar la propuesta que hará el gremialismo. Por el momento, hay una lista corta de tres cartas, dos de ellas mujeres.

En círculos jurídicos ya trascendió que en esa nómina del gremialismo figura la directora del Instituto de Derechos Humanos, Beatriz Corbo; la académica de la U. Finis Terrae y doctora en Derecho, María Angélica Benavides; y el exjefe de la División Judicial del Ministerio de Justicia, Héctor Mery, quien fue integrante de la Corte de Apelaciones de Santiago y miembro del Comité Técnico de Admisibilidad del último proceso constituyente.

La otra dupla de nombres -que debe emanar de la Cámara y luego ser ratificada por el Senado- también comenzará a verse en la primera semana de 2024.

En la reunión de comités de diputados, el jueves pasado, se acordó poner plazo hasta el 2 de enero a las 18 horas para la presentación de postulantes.

Si bien cada bancada puede presentar una carta, hay un consenso mayoritario en que los cupos corresponderían a la DC, en vista de la vacante dejada por el exsubsecretario falangista Gonzalo García, y a RN, por la plaza que ocupó el jurista Juan José Romero.

El jefe del comité mixto (liberales, radicales, amarillos, independientes y democratacristiano), Eric Aedo, comentó que ellos volverán a postular a la abogada y académica Alejandra Precht, quien ha estado en las dos fallidas propuestas anteriores, que no han contado con el respaldo de la misma derecha, no por ella, sino por los reparos en contra de quienes han sido sus compañeros de fórmula (Manuel Núñez y Gonzalo Fuenzalida).

La gran duda en la Cámara es lo que hará el Frente Amplio, que podría reclamar el cupo de la DC y tensionar al oficialismo. La jefa de la bancada frenteamplista, Camila Rojas, dijo que no han conversado si levantarán una postulación.

En tanto, para evitar un nuevo revés, RN ya tiene avanzadas las conversaciones para levantar la postulación de Marcela Peredo, académica de la U. de los Andes y exintegrante del Comisión Experta en la última fase constituyente.

Los postulantes serán recibidos el miércoles 3 por la Comisión de Constitución, y la dupla que defina esa instancia se votará el jueves 4 en la sala de la Cámara. Con ello, la propuesta quedaría en condiciones de ser vista por el Senado a partir de la semana siguiente.