UDI presiona al gobierno para que alegue por libertades condicionales

Mediante una carta dirigida al ministro de Justicia, Hernán Larraín, los diputados de la UDI Juan Antonio Coloma y Osvaldo Urrutia le pidieron hoy al gobierno hacerse parte del proceso que se abrió en el Tribunal Constitucional en torno al proyecto de ley de libertades condicionales.

La normativa -despachada en noviembre pasado por el Congreso- que establece un nuevo régimen para el otorgamiento de ese beneficio, fue impugnada por los diputados y senadores de RN y la UDI, bajo el argumento de que parte del texto contravendría una serie de derechos consagrados en la Constitución.

En concreto, el requerimiento de los parlamentarios oficialistas pide al organismo dejar sin efecto el artículo 3° bis, el que establece que en caso de delitos de lesa humanidad, los condenados deberán haber cumplido, al menos, dos tercios de la pena, haber colaborado de manera sustancial con la investigación y haber manifestado "arrepentimiento" por los crímenes cometidos, requisitos que, a juicio de los requirentes, harían prácticamente imposible que esa población penal pueda optar al beneficio.

En la misiva -a la que tuvo acceso La Tercera- los parlamentarios manifiestan su "inquietud" respecto de que el Ejecutivo se reste de este debate. "Creemos que el análisis no pasa por una decisión política, sino más bien jurídica, y si en su opinión esta ley contiene disposiciones 'cuestionables desde el punto de vista jurídico', no existe otra posibilidad de que el gobierno se presente y alegue, exponga sus fundamentos y convenza a los miembros del TC de las disposiciones lesivas y contrarias a la ley", se lee en la carta.

Los diputados fueron más allá y apelaron a que "el Ministerio que usted dirige, y el gobierno del cual formamos parte, no puede ni debe permitir que disposiciones contenidas en esta ley nazcan a la vida jurídica, porque sería la consagración de la venganza por sobre el derecho, ya que la libertad condicional en los términos planteados constituiría una infracción grave a los derechos humanos...".

La solicitud de Urrutia y Coloma se da ad portas de la vista de causa que tendrá lugar este jueves 20, audiencia a la que concurrirán por parte de los parlamentarios oficialistas el abogado de la Fundación Jaime Guzmán, Carlos Oyarzún, mientras que en defensa del texto lo hará -en representación de la Cámara de Diputados- el abogado Patricio Zapata (DC).

Pero pese a la petición de los parlamentarios gremialistas, y a que este es un tema sensible para el oficialismo, hoy La Moneda tomó una decisión distinta.

Si bien durante la mañana el ministro Larraín sostuvo que el Ejecutivo iba a esperar el fallo del TC "sin otra intervención" aludiendo a que ya habían argumentado su posición durante la tramitación del proyecto en el Congreso, por la tarde el escenario cambió. Así, desde la cartera confirmaron que como organismo constitucional interesado solo se remitirán a enviar un informe con observaciones al tribunal, pero en ningún caso se harán parte del proceso y, por tanto, no enviarán un abogado a alegar.

Con todo, el ministro defendió hoy la interpretación de parlamentarios oficialistas que impugnaron la normativa. "Lo que se planteó y aprobó es inadecuado, es una exigencia excesiva que probablemente dificulte el ejercicio de ese beneficio", dijo Larraín.

La decisión del gobierno se da en momentos en que desde Chile Vamos están a la espera del envío de una ley humanitaria que permita la conmutación de penas, incluso, para condenados por violaciones a los derechos humanos.

Una inédita fórmula para defender el texto emanado desde el Congreso se definió hoy en el Senado.

Si bien la corporación resolvió enviar un informe con observaciones para defender la normativa, desde el oficialismo se le solicitó al presidente, Carlos Montes (PS), que también se consignen los argumentos de quienes estuvieron -mediante un voto minoritario- por rechazar el texto tal cual como finalmente se aprobó.

Así, hoy el Senado le encargó al abogado de la bancada PS, Enrique Aldunate, que elaborara un escrito recogiendo ambas visiones.

Y pese a que hasta el cierre de esta edición aún no se definía si esa corporación enviará o no a un jurista a los alegatos del jueves, fuentes de la Cámara Alta aseguraron que con esta decisión "pierde fuerza" esa alternativa.