UDI y RN recurren hoy al TC por proyecto de libertades condicionales

A las 10 horas de este viernes, los diputados de la UDI y RN ingresarán un requerimiento al Tribunal Constitucional (TC) para que el organismo se pronuncie respecto del proyecto de ley que reforma el sistema de libertad condicional para las personas privadas de libertad.

La iniciativa fue aprobada el martes pasado en la Cámara de Diputados, luego de tres meses de discusión en una comisión mixta, donde uno de los puntos más controvertidos fue la eventual aplicación de la norma a los condenados por delitos de lesa humanidad. Sobre este grupo penal, la oposición logró imponer que solo puedan acceder al beneficio quienes hayan cumplido al menos dos tercios de la pena y puedan demostrar colaboración sustancial y arrepentimiento por los crímenes cometidos.

Son estos requisitos los que, en opinión de la UDI y RN, vulneran el artículo 19 números 2 y 6 de la Constitución, al imponer condiciones que incurren en discriminación arbitraria e infringen la libertad de conciencia, imponiendo condiciones "imposibles de cumplir".

Respecto del requisito de cooperación sustancial, el documento -al que tuvo acceso La Tercera- explica que "en los términos en que se impone, esto es, que se acredite en la sentencia condenatoria o a través de un certificado emitido por el tribunal", tal requisito solo podría ser evaluado en el momento del juicio, "toda vez que es precisamente en dicho momento en el cual el tribunal podría requerir la información que el imputado podría aportar para definir los hechos". De esta manera, "que se incluya la posibilidad de que el tribunal certifique la colaboración no sortea el punto respecto de que una persona que ya fue condenada, como es el caso de las personas que se verían actualmente sometidas al artículo 3 bis impugnado, se encuentran imposibilitadas de cumplir este requisito y, por lo mismo, al establecerse un requisito imposible de cumplir, se niega derechamente la libertad condicional".

En lo que respecta al arrepentimiento, el requerimiento resalta que ello corresponde a "una definición del fuero interno de la persona y que depende exclusivamente de quien la realiza". Hecha esa consideración y dando cuenta de la forma en que se exige en la ley, donde se afirma que debe significar "una condena inequívoca a los hechos y conductas por las cuales fue condenado y por el mal causado a las víctimas y a sus familiares", este requisito resulta para los parlamentarios oficialistas una vulneración a la libertad de conciencia. Para reforzar este punto, el requerimiento cita la sentencia del propio TC que posibilitó la objeción de conciencia institucional en la ley de aborto en tres causales.

Más adelante, los legisladores exponen las razones por las que consideran que la norma aprobada genera discriminación arbitraria entre los eventuales beneficiarios. Citando declaraciones de parlamentarios como el diputado Leonardo Soto o el senador Alfonso de Urresti (ambos PS), el texto busca demostrar "la intención inequívoca" de la norma de afectar a un grupo específico de condenados a quienes impone requisitos especiales "imposibles de cumplir y, además, excesivamente gravosos".

Según explicó el diputado Mario Desbordes, presidente de RN y quien acudirá hoy al TC, "la modificación al decreto de ley sobre libertad condicional que se aprobó esta semana contiene una serie de elementos inconstitucionales, que están diseñados de manera bastante mañosa para evitar que un grupo de personas recluidas tenga derecho a postular o acceder" al beneficio.

A modo de ejemplo, el parlamentario destacó que las personas tienen derecho a no autoincriminarse y a guardar silencio y, además, precisó que "la retroactividad que se establece acá es completamente ilegal. La ley penal no puede ser retroactiva por principio constitucional".

"Recurrimos al TC porque la disposición aprobada en la Cámara de Diputados por la izquierda consagra la venganza, no la justicia", aseveró el diputado UDI Juan Antonio Coloma, detallando que "aumentar requisitos a un grupo de presos no se ajusta a principios de derecho internacional que resguardan los derechos humanos de todos los condenados a penas privativas de libertad".

Desde Evópoli, en tanto, el jefe de la bancada de diputados, Luciano Cruz-Coke, explicó que su partido decidió mantenerse al margen de la ofensiva de sus pares de Chile Vamos, optando por estudiar con mayor detenimiento los argumentos jurídicos que corresponde.

"Entiendo que hay razones jurídicas de base que justifican la solicitud de RN y la UDI, pero nosotros hemos decidido no ir, tomarnos un tiempo adicional, mirar bien el requerimiento y, una vez estudiado, veremos si nos hacemos parte a través de un téngase presente de manera posterior", afirmó.