Usurpaciones y “legítima defensa privilegiada”: presidenta del PS dice que Senado no actuó “como Cámara revisora” y que adhirió a un “populismo penal preocupante”

PAULINA VODANOVIC
La senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, se refirió a la aprobación del proyecto de usurpaciones en la Cámara Alta. Foto: Mario Tellez/La Tercera.

La senadora Paulina Vodanovic se refirió a la aprobación en la Cámara Alta -este miércoles- del proyecto que busca endurecer las medidas en contra de las ocupaciones ilegales de terrenos, que incluye el artículo de “autotutelaje”. Ante esta nueva derrota en el parlamento, desde La Moneda anunciaron que presentarán un veto presidencial a la indicación.


La tarde del miércoles, La Moneda sufrió una nueva derrota en el parlamento. Esto luego que el Senado aprobó y despachó a ley el proyecto de usurpaciones, iniciativa que endurece las medidas en contra de las ocupaciones ilegales de terrenos.

Con una mayoría opositora de 23 votos, que contó con el apoyo del independiente Karim Bianchi, se visaron los cambios que había introducido la Cámara de Diputados. Esta incluye el artículo de “legitima defensa privilegiada”, disposición que -advierten desde el Ejecutivo- permitían a civiles actuar por su cuenta para recuperar terrenos tomados en cualquier momento.

Sobre la aprobación del proyecto de usurpaciones en la Cámara Alta se refirió este jueves la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, asegurando que es necesario endurecer la ley, pero siendo crítica con la indicación de “autotutelaje”.

“Yo creo que la ley es súper necesaria. Agilizar los procedimiento, aumentar las penas, todo lo que contenía la ley originalmente era muy bueno. El problema es que en la Cámara de Diputados introdujeron una norma que irreflexivamente en el Senado se ratificó y no actuó como una verdadera cámara revisora, sino más bien adhiriéndose a un populismo penal preocupante”, apuntó en entrevista con Tele13 Radio.

En ese sentido, comentó que el artículo de “legitima defensa privilegiada” dice relación “con que los civiles, cualquier persona, pueda ejercer la autotutela, frente a un delito que es permanente, que es la innovación que hace esta ley, que la usurpación se transforme en un delito permanente, y por lo tanto, se pueda ejercer la posibilidad de restitución inmediata, a través de la fuerza pública, lo que está perfecto, pero a la vez, al ser un delito permanente se extiende la flagrancia, y ahí viene lo preocupante, frente a la flagrancia, la legítima defensa, el ejercicio de ella y finalmente una autotutela, es decir, la abdicación del rol del Estado de tener el monopolio de la fuerza”.

Sobre la postura de los partidos del oficialismo ante el proyecto, la senadora aseguró que “aquí nadie votó en contra de la ley (…) más que un tema político, yo le diría que es un tema jurídico y que es preocupante (…) no estamos en contra de la ley, estamos en contra de que se produzca un enfrentamiento entre civiles”.

“Cuando la Cámara revisora, que es el Senado, que debiera ser más reflexiva, y debiera entender los puntos jurídicos, actúa como una barra brava, tenemos un mal resultado en una norma de la ley”, recalcó la senadora, respecto de la indicación que ha generado polémica (legítima defensa privilegiada), y por la que el gobierno anunció que presentará un veto presidencial.

En concreto, la congresista del PS dijo que “la norma general de aprobar el proyecto de ley de usurpación no estuvo en peligro, lo que estuvo en conflicto fue esta norma en particular que se pretende llevar al Tribunal Constitucional, no porque no estemos de acuerdo como parlamentarios de gobierno con que es necesario legislar, sino particularmente porque se pueden producir enfrentamientos autorizados por la ley, ejerciendo la restitución como un delito flagrante permanentemente y ejercer una autotutela privilegiada”.

En lo medular, el proyecto de usurpaciones modifica el Código Penal para castigar con penas privativas de libertad el delito de usurpación y facilitar la detención de los ocupantes. Entre sus principales objetivos está sancionar con presidio toda hipótesis de usurpación, extendiendo el período de flagrancia de este delito.

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