Viajes, licencias médicas e indecisos rebarajan el desenlace de acusación constitucional contra Ávila

“Recibir al Ministro de Educación, señor Marco Ávila Lavanal, para que se refiera a la agenda de educación sexual impulsada por la cartera”, decía una convocatoria para ayer lunes, a las 14:50 h, de la comisión especializada de la Cámara.

Sin embargo, el secretario de Estado envió sus excusas señalando que no podría asistir por razones de agenda.

La temática que iba a tratar la Comisión de Educación era sensible. Precisamente uno de los ejes de la acusación constitucional presentada contra Ávila, se sustenta en los programas de formación sexual y afectiva que promueve el Mineduc.

A un día de que se vote el libelo en la Cámara (este miércoles, a partir de las 10 de la mañana), la inasistencia de Ávila era una forma de evitar exponerlo a una sesión compleja.

Desde el Ejecutivo remarcan que el ministro quiere dar la pelea hasta el final. Al menos ayer, tras gestiones desplegadas por el mismo Mineduc y la Secretaría General de la Presidencia, que encabeza Álvaro Elizalde (PS), Ávila recibió algunas señales positivas de la DC y de la bancada del Centro Democrático Unido, lo que le permite alimentar ciertas esperanzas.

Sin embargo, las ausencias de última hora alargan el suspenso.

De partida, la gran duda es la presencia de la diputada Catalina Pérez, a quien su partido (Revolución Democrática) le suspendió su militancia luego de que dos personas cercanas a ella se vieran involucradas en un cuestionado modelo de financiamiento de la Fundación Democracia Viva de parte del Serviu de Antofagasta. Si bien Pérez presentó licencia médica hasta el 23 de julio, igual podría ir a votar el próximo miércoles.

No es la única baja del oficialismo. Las diputadas Danisa Astudillo (PS) y Gael Yeomans (Convergencia Social) se encuentran fuera del país, por lo que no estarán el día de la votación.

No obstante, la ausencia de ambas legisladoras sería compensada mediante “pareos”, debido a la inasistencia obligada del independiente Gonzalo de la Carrera, quien fue hospitalizado y se encuentra delicado de salud, y por el viaje del legislador republicano Agustín Romero.

El independiente Carlos Bianchi, quien está asociado a la bancada del PPD, también comunicó que no estará el día que se resuelva el libelo producto de una cirugía. Lo mismo ocurriría con la PC Carmen Hertz, quien no asistió ayer por problemas de salud. El problema es que ninguno de los dos conseguía un pareo hasta ayer.

Con todas estas variables, el oficialismo tiene una base de 63 votos para defender a Ávila (sin considerar a Pérez, a Astudillo, a Yeomans ni a Hertz, pero agregando el respaldo de, al menos, tres independientes asociados a sus bancadas: Camila Musante, Mónica Arce y Félix González).

Si bien esos votos no serían suficientes para rechazar la acusación, un factor dirimente entraría a jugar la postura de grupos no alineados como la DC y el subcomité del Centro Democrático Unido (CDU), que agrupa a exmilitantes de la Falange, hoy afiliados al Partido Demócrata.

“Yo, personalmente, aún no logro descubrir la falta constitucional del ministro en cuestión”, dijo el diputado del CDU Miguel Ángel Calisto (exmilitante DC), quien conforma un grupo con Joanna Pérez, Jorge Saffirio y Érika Olivera.

Por su parte, en una entrevista en Radio Universidad de Chile, el diputado y presidente DC, Alberto Undurraga, dijo -a título personal- que “en el caso de la acusación que se está haciendo contra el ministro Ávila no se configura ninguna infracción a la Constitución de la República, por lo tanto, no tiene mérito la acusación constitucional”.

Si los cuatro votos del grupo CDU y de los cinco DC (Undurraga, Eric Aedo, Ricardo Cifuentes, Héctor Barría y Felipe Camaño) se inclinan por rechazar o, incluso, abstenerse frente a la acusación, el ministro Ávila llegaría a una base de 72 votos.

A diferencia de los acusadores, que deben reunir una mayoría (50% más uno de los diputados presentes), al ministro le basta un empate en votos. Es decir, con 74 o 75 votos (ya sea en contra o abstenciones), el titular del Mineduc zafaría del libelo. Ese umbral está cerca, admiten en el oficialismo.

Este cuadro cambia completamente los pronósticos que tenía la derecha la semana pasada. Hoy el respaldo a la acusación ronda los 69 votos (descontando a De la Carrera y a Romero). Incluso, hoy algunos diputados de Evópoli han puesto en duda su apoyo al libelo, lo que daría cuenta que la presentación contra Ávila tocó techo dentro de la oposición. Este martes se espera que la bancada de Evópoli de a conocer su decisión.

La última palabra, en todo caso, sigue estando en manos de los indecisos. Hasta ayer seguían en esta posición los independientes René Alinco, Pamela Jiles, Enrique Lee y Viviana Delgado; los militantes del PDG, Rubén Oyarzo y Gaspar Rivas; y el miembro de Amarillos, Andrés Jouannet.

“El ministro no renuncia antes de la acusación”. Así de tajantes son quienes más conocen a Ávila, los que enfatizan que ha transmitido a sus cercanos que se va a defender en todas las instancias que acarree esta acusación. Dicen, de hecho, que no quiere dejar “que se manche ni su reputación personal como profesor y político ni la gestión de una cartera que siempre ha sido compleja”.

Aunque lo que ocurra el miércoles en la Cámara de Diputadas y Diputados aún es incierto, lo claro es que la decisión personal del ministro es no dar un paso al costado, aun cuando hay personas y cercanos que sí le han aconsejado hacerlo.

Fundamental en esa estoicidad fue la conversación a solas que sostuvo con Gabriel Boric impulsada por el propio Presidente en el marco del consejo de gabinete del viernes de la semana pasada. Allí, afirman conocedores de los diálogos, hablaron por cerca de 25 minutos, donde el Mandatario le entregó su respaldo, pero además se tocaron por encima algunos posibles escenarios. El apoyo fue más notorio y público aún con los otros ministros del consejo de gabinete presentes a la hora de evaluar positivamente su gestión y mencionar como exitoso el Plan Nacional de Tutorías.

Hasta ahora, este miércoles, Francisco Cox, el abogado que lo ha defendido en la instancia, planea contestar la “cuestión previa” de la acusación pues “no cumple con los requisitos” para ser acogida.

Tampoco quieren forzarlo a renunciar. Las señales en una acusación que en algún momento tomó tintes homofóbicos importan, dicen en el entorno del gobierno. Pero, además, agregan las mismas fuentes, en el ambiente oficialista está instalada la idea de que Ávila es un ministro que no terminará los cuatro años de esta administración. Gane o pierda pasado mañana, su imagen como ministro de Educación ya está debilitada.

El escenario de renunciar sí podría cambiar si es que el miércoles la acusación es aprobada y pasa al Senado. Ahí, algunas personas consultadas por este medio aseguran que el ministro Álvaro Elizalde (Segpres) ya ha hecho ver a distintas personas que la decisión de Ávila de quedarse o no dejaría de ser algo solo de carácter personal.

Eso facilitaría que, aunque no es seguro que así ocurra, la acusación no siguiera avanzando, como ya ha ocurrido otras veces en el pasado parlamentario de Chile y, además, permitiría a Ávila poder mantenerse en la política y presentarse a futuras candidaturas al no tener que sufrir los cinco años de inhabilidad que acarrea la aprobación de una acusación.

Con todo, en el entorno del ministro insisten, aunque con un matiz: “Es extremadamente difícil y poco probable que renuncie antes del miércoles, pero no sería loco si así termina ocurriendo. En política nunca se sabe”. Por eso, de hecho, estos días y bajo completo hermetismo se tirarán las primeras líneas para un posible plan B.