Zoom a subcomisión de derechos sociales de los expertos: ¿Con cuántos queda conforme el oficialismo?

Proceso Constitucional 2023
Foto: Andres Perez

Esta semana, la instancia dio los primeros pasos para consensuar un catálogo de derechos. Dentro del oficialismo plantean que no se puede caer en los excesos de la anterior Convención. Por lo mismo, su apuesta es enfocarse en el Estado social y democrático de derecho, como en algunos "derechos tradicionales", como salud y educación. A eso suman el derecho a la vivienda y a la libertad sindical.


Con particular sigilo, una de las subcomisiones de la Comisión Experta del proceso constituyente ha dado sus primeros pasos en -quizás- la materia más valorada por la ciudadanía a la hora de analizar el proceso.

Se trata de la subcomisión de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales -presidida por Alejandra Krauss (DC)-, instancia que tiene la tarea de proponer y deliberar en torno a los derechos que podrían quedar consagrados en la nueva propuesta de Constitución.

Además de Krauss, la instancia también es integrada por Jaime Arancibia (ind.-RN), Alexis Cortés (PC), Bettina Horst (UDI), Flavio Quezada (PS) y Teodoro Ribera (RN).

Esta semana, además de las sesiones oficiales, los comisionados han optado por reunirse de manera privada en al menos dos ocasiones.

Precisamente los derechos sociales abrieron una discusión que en gran parte provocó que la propuesta de nueva Constitución fuera tildada por algunos como maximalista: antes de la etapa de armonización, contenía 499 artículos.

El trabajo de la comisión de derechos fundamentales de la anterior Convención estuvo marcado por ser una en que abundaban las propuestas: la instancia temática acumulaba más de 500 iniciativas, un 38% del total que llegó a la Convención.

A eso se suma que en la mayoría de los casos se excluyó a la derecha de los debates y que, debido a la diversidad que había dentro del ya disuelto órgano, entre los sectores críticos de la Convención se argumentó que muchas de las normas obedecían a demandas “identitarias”. Eso pasó, por ejemplo, con las normas que mencionaban a las “disidencias sexuales” o que eran diferenciadas para los pueblos originarios.

En este sentido, particularmente dentro de los comisionados oficialistas afirman que no quieren repetir el mismo modelo que tuvieron en la Convención. Y que esta vez el catálogo de derechos tiene que ser más acotado.

Según cuentan algunos de los comisionados, para tener éxito en este proceso es clave seleccionar bien cuáles serán sus batallas. En este sentido, la lucha principal que asumieron es regular bien el Estado social, para posteriormente ir por los derechos más tradicionales, tales como salud, educación, seguridad social, trabajo, vivienda -mientras que la derecha va por “digna y propia”-, huelga y agua.

Anteriormente, en entrevista con La Tercera, Quezada señaló que “un desacierto de la propuesta de la Convención fue haber incorporado demasiados derechos, varios de los cuales resultaban contraintuitivos (...)”.

Por su parte, también en entrevista con este medio, Cortés dijo que considera clave “un Estado social y democrático robusto, pero preciso, que establezca derechos claramente definidos (...), todo esto, sin llegar al punto de establecer políticas públicas dentro de la Constitución”.

Si bien no es integrante de la subcomisión, el también experto oficialista Francisco Soto (PPD) coincide en que “el hecho de levantar 150 y tantos derechos debilita la intervención del Estado en la protección de esos derechos (...). Cuando generas una tremenda mochila de derechos, finalmente terminan siendo debilitados, porque en el fondo ya no son tres o cuatro derechos los que se tienen que defender, sino que son 150 y tantos”.

Entre las reuniones que tuvieron esta semana, el martes cada lado expuso sus temores frente a su misión de escribir las normas sobre derechos sociales.

El miércoles se volvieron a reunir y cada uno llevó consigo las normas que han redactado por su cuenta. Con eso sobre la mesa, compararon una a una las iniciativas para determinar en qué puntos hay consenso. A través de esas y otras reuniones previas, según afirman fuentes de la comisión, han acordado algunos de los principios comunes que guiarán los derechos sociales.

El cara a cara

En la sesión del miércoles, el abogado secretario de la subcomisión, Mario Rebolledo, explicitó que “la idea es encontrar algunos mínimos comunes, algún grado de encuentro (...). Ese es el espíritu de esta sesión”. Así, cada uno de los comisionados abrió parte de sus cartas y dieron los primeros pasos de lo que será el catálogo de derechos sociales de la nueva propuesta.

Antes de comenzar, Krauss enfatizó que el 30 de marzo vence el plazo para formular normas.

Arancibia propuso como primer mínimo consagrar el principio de Estado social y democrático de derecho. Pero agregó que un primer paso es reconocer y garantizar los derechos que actualmente la Constitución reconoce y garantiza en materia de derechos sociales.

Ante esto, Quezada argumentó que ese mínimo le parece “excesivamente mínimo”. Además, agregó que la gran tarea de la subcomisión es pensar en cómo será el tránsito hacia el Estado social. “Para mí es uno en el cual existen consagrados y garantizados (...) derechos sociales y laborales. En ese sentido, para mí es fundamental incorporar derechos como la libertad sindical, el trabajo decente (...), el derecho a la educación, la salud, la seguridad social, así como también robustecer esos derechos, como incorporar nuevos, como derecho a la vivienda (...)”.

“Todos los tratados que hagan referencia a las materias que nosotros debemos abordar, tanto por el tema de la protección de la naturaleza, del medioambiente, de los derechos de los pueblos indígenas, derechos sociales y laborales, son antecedentes ineludibles (...). Así me imagino el mínimo que debemos alcanzar”, agregó Quezada.

Por su parte, Cortés agregó dos derechos que, a criterio de él, se debiesen incorporar a la discusión: derecho a “la vivienda adecuada” y el derecho al cuidado. “El Covid provocó una crisis en los cuidados”, justificó.

Cabe recordar que en la propuesta de nueva Constitución precisamente estaban considerados estos dos últimos derechos. “Toda persona tiene el derecho a una vivienda digna y adecuada, que permita el libre desarrollo de una vida personal, familiar y comunitaria”, decía el artículo 51, mientras que el 49 estipulaba que “el Estado reconoce que los trabajos domésticos y de cuidados son trabajos socialmente necesarios e indispensables para la sostenibilidad de la vida y el desarrollo de la sociedad”.

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