Su primera dificultad suma una de las tres consultas indígenas que el Ministerio de Minería instruyó dar inicio en el marco del proceso de apertura de salares a empresas privadas interesadas en extraer litio. Se trata del proceso en el salar de Coipasa, depósito ubicado a 3.700 metros sobre el nivel del mar, en la comuna de Colchane, región de Tarapacá.

Este jueves, la Corte de Apelaciones de Iquique acogió a trámite un recurso de protección presentado por la comunidad aymara de Ancovinto en contra de los ministerios de Minería y de Desarrollo Social, por graves errores y omisiones en el decreto que convoca la consulta indígena para entregar un Contrato Especial de Operación de Litio (CEOL) en el yacimiento, situado en la zona limítrofe entre Chile y Bolivia. En dicho depósito, SCM Copiapó, sociedad perteneciente al grupo Errázuriz, corre con ventaja para quedarse con el permiso en el marco del procedimiento simplificado -o fast track-, ya que cuenta con el 87% del área referencial del polígono señalado por el gobierno para desarrollar un proyecto de litio. Más del 80% solicitado por el Ejecutivo. Pese a eso, la firma además tiene un acuerdo para ir junto con Lithium Chile, titular de otras 11.300 hectáreas en pertenencias en la zona.

El recurso de protección, presentado por Joel Gómez Mamani, presidente de la comunidad de Ancovinto, acusa que la resolución exenta 2748, de fecha 25 de octubre de 2024 y publicada en el diario oficial el lunes 4 de noviembre, excluyó en forma “ilegal y arbitraria” a la comunidad, vulnerando el principio de igualdad ante la ley.

“La comunidad de Ancovinto se encuentra en idéntica situación jurídica y territorial mayormente afectada, ya que el trazado del CEOL se solapa en un elevado porcentaje (con) el territorio de Ancovinto, lugar utilizado para la subsistencia de las familias de Ancovinto”, señala el escrito.

La resolución del Ministerio de Minería, que instruye la realización del proceso de consulta indígena, incluyó a seis comunidades: Comunidad Indígena Aymara Central Citani, Comunidad Indígena Aymara Pueblo de Colchane, Comunidad Indígena Pueblo de Pisiga Carpa, Comunidad Indígena Aymara Pisiga Choque, Comunidad Indígena Aymara Pisiga Carpa, y Comunidad Indígena Aymara Colchane Andino Nº 2. Según consta en el acto administrativo, dicho listado fue informado por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), a solicitud de Minería, y fue confeccionado a partir del Registro Nacional de Asociaciones y Comunidades Indígenas.

En su presentación ante la justicia, la comunidad de Ancovinto señala contar con personalidad jurídica vigente, y asegura que las omisiones de los organismos públicos involucrados “perturban, privan y amenazan los derechos fundamentales de las personas que habitan la zona”, especialmente el derecho a la integridad psíquica, el derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación y el derecho a la igualdad ante al ley.

Por su parte, Gómez Mamani aseguró que se “excluye a nuestra comunidad de la lista de comunidades afectadas por el CEOL, pese a que un tercio de su territorio está dentro del perímetro del CEOL”.

“Creemos que esta es una omisión inexplicable por parte del Estado, pues excluye a una de las comunidades más afectadas, si no la que más, por la exploración, explotación y beneficio de litio en el Salar de Coipasa”, agregó.

En su recurso, la comunidad también solicitó la orden de no innovar, buscando así suspender de manera inmediata los actos administrativos que dieron inicio al proceso. Sin embargo, dicha solicitud no fue acogida por la Corte de Apelaciones de Iquique.

La primera reunión de la etapa de planificación de la consulta indígena en el salar de Coipasa ya fue convocada por el Ministerio de Minería, para el próximo 17 de diciembre, a las 18 horas, en la sede social de la Junta Vecinal Nueva Esperanza, ubicada en Alto Hospicio.

La convocatoria a dicha reunión fue publicada en medios de prensa locales, como diarios y radios. Además, desde la cartera liderada por Aurora Williams señalan que “en el marco del relacionamiento previo, el Ministerio de Minería tomó contacto con las comunidades del territorio para informar sobre el inicio de la consulta, entre ellas la comunidad de Ancovinto, a quien además se le invitó a participar formalmente vía carta certificada, acorde a la normativa vigente”.

Según transmiten, pese a no estar incluida dentro de las seis comunidades indígenas que Conadi informó para dar inicio al proceso de consulta, Ancovinto igualmente puede asistir a la primera reunión.