Recluido en el anexo penitenciario Capitán Yáber, contiguo a la Cárcel de Alta Seguridad, permanece Francisco Coeymans Ossandón, exgerente general de Primus Capital, factoring investigado por un millonario fraude. Coeymans está privado de libertad desde el 23 de noviembre de 2024, cuando fue extraditado desde Perú tras haber pasado más de siete meses detenido en ese país. Su captura en la ciudad de Pucallpa, en abril del mismo año, puso fin a su fuga luego de que la justicia chilena emitiera una orden de detención en su contra.

En su celda comparte espacio con Álvaro Jalaff y Daniel Sauer, ambos también involucrados en causas judiciales de alta connotación. Jalaff, exsocio de Grupo Patio, enfrenta acusaciones por delitos económicos, mientras que Sauer, exejecutivo de la corredora STF Capital, es investigado por fraude en el mercado de valores. En el penal también está recluido el abogado Luis Hermosilla, protagonista del polémico audio en el que se lo escucha planificar el pago de coimas a funcionarios públicos en medio de una investigación por facturas falsas de Factop.

El pasado viernes, el abogado Mario Vargas, socio de Lagos, Vargas y Silber, solicitó al Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago la revisión de la medida cautelar de prisión preventiva que pesa sobre Coeymans, argumentando que “existen nuevos antecedentes” que podrían llevar al tribunal a modificar dicha situación. El miércoles pasado la magistrada Carolina Araya Hernández, quien previamente impidió el acceso de los medios de comunicación a las audiencias de formalización de Coeymans, accedió a la petición y fijó la audiencia para el jueves.

En su resolución, la magistrada ordenó nuevamente a la Unidad Especial de Alta Seguridad de Gendarmería de Chile que remita al tribunal, en un plazo máximo de 48 horas, los informes médicos realizados por la médico psiquiatra Cecilia Solar al imputado. La jueza recordó que esta instrucción ya había sido dada en una resolución anterior, fechada el 27 de enero de 2025, y advirtió que, en caso de incumplimiento, se dará cuenta al superior jerárquico para que tome las medidas correspondientes.

Desde Primus aseguraron a Pulso que “se opondrán a dicho cambio de cautelares, atendida la gravedad de los delitos cometidos y el peligro que reviste para la investigación su eventual permanencia fuera de un recinto penitenciario, más aún con la reciente evidencia aportada respecto de los roles tanto de él como de los restantes involucrados en el fraude”.

Según la Fiscalía, Francisco Coeymans, en su rol de exgerente general de Primus Capital, habría liderado un esquema fraudulento que causó pérdidas millonarias a la empresa. Se le acusa de aprobar operaciones fraudulentas, utilizar facturas falsas y vincularse con sociedades ficticias constituidas por ciudadanos extranjeros en situación irregular. Estas acciones habrían permitido la obtención ilícita de financiamiento a través de operaciones de factoring, generando un perjuicio económico estimado en más de $100 mil millones para la compañía.

A casi dos años de estallar el caso, la defensa de Coeymans busca modificar su prisión preventiva argumentando su colaboración en la investigación y su delicada situación económica. En conversaciones con distintos actores del proceso, se ha planteado que el ejecutivo ha reconocido su participación en ciertos delitos y ha facilitado información relevante sobre operaciones financieras cuestionadas. Además, sus abogados sostienen que, a diferencia de otros involucrados que enfrentan el proceso en libertad, Coeymans ha permanecido en prisión durante nueve meses, lo que consideran una aplicación desigual de las medidas cautelares. A esto se suma la crisis financiera que enfrenta su familia, con embargos sobre su vivienda y la imposibilidad de generar ingresos, factores que la defensa espera sean considerados en la revisión de su situación judicial.

Paralelamente, sus asesores han sostenido negociaciones con representantes de las partes afectadas para alcanzar un posible acuerdo que permita su salida de prisión. Desde su entorno explicaron a Pulso que se ha redactado una propuesta de colaboración que incluiría una compensación económica, aunque hasta ahora no se han cerrado montos ni condiciones definitivas. La defensa explorará la opción de un procedimiento abreviado que reduzca la pena a cambio de una admisión de responsabilidad, en un contexto donde el futuro del caso dependerá, en buena medida, de la capacidad de las partes para alcanzar un entendimiento.

El comienzo de año también trajo movimientos legales entre los otros imputados. El abogado Miguel Chaves renunció a la defensa de Ignacio Amenábar, exgerente comercial de Primus Capital, y en su reemplazo asumió Germán Ovalle, socio de Montt & Vicuña.

Por su parte, Antonio Guzmán dejó de ser representado por Germán Cueto y ahora su defensa es liderada por Juan Pablo Hermosilla, socio de Hermosilla & Compañía. Según las investigaciones, Guzmán, en colaboración con Francisco Coeymans e Ignacio Amenábar, habría creado y utilizado una red de sociedades ficticias para perpetrar el fraude. Además, se le acusa de facilitar medios y espacios físicos para la operación de la organización delictiva, así como de utilizar diversas cuentas bancarias de sus sociedades y de terceros para canalizar los fondos sustraídos de Primus.

Mientras tanto, el abogado Leonardo Battaglia, quien asesora a Marcelo Rivadeneira, técnico en cocina y señalado por Francisco Coeymans como el encargado de conseguir los cheques falsos para el esquema defraudatorio de Primus, presentó un escrito ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago solicitando autorización para que su defendido pueda participar en sesiones de rehabilitación por consumo problemático de drogas y alcohol. Según lo expuesto en el documento, Rivadeneira ha enfrentado múltiples condenas por manejo en estado de ebriedad y, durante el periodo en que estuvo con arresto domiciliario total, inició un tratamiento telemático con la Organización de Tratamiento y Prevención de Drogas (OTPD).

Dado que actualmente se encuentra bajo prisión preventiva, la defensa busca que se le permita continuar su proceso de rehabilitación asistiendo a sesiones vía Zoom todos los martes entre las 13:00 y 14:00 horas, bajo la dirección del terapeuta en adicciones Mauricio Hirmas Samur. Battaglia argumentó que esta medida es fundamental para que su cliente pueda reinsertarse adecuadamente en la sociedad y mitigar los efectos que su adicción ha tenido en su vida laboral, profesional y familiar.