La Cámara Chilena de la Construcción (CChC) mejoró sus estimaciones de inversión en el sector para este año, y dio a conocer 25 medidas para impulsar el crecimiento, la reactivación económica y el empleo. Esto, en el marco de la presentación del informe Macroeconomía y Construcción, MACh.

“Hoy estamos proponiendo 25 medidas proreactivación y crecimiento para que haya más actividad y empleo, mejor calidad de vida y mayores oportunidades para todos. Estos son objetivos fundamentales y el sector público, el privado y la sociedad civil tenemos que trabajar juntos para alcanzarlos. Algunas de estas iniciativas ya han sido tomadas por las autoridades y otras, esperamos presentárselas lo antes posible y que tengan una buena acogida”, dijo Juan Armando Vicuña, presidente de la CChC.

Según las proyecciones del gremio de la construcción, la inversión en el sector caería un 4,5% en 2023, menos que el 5,9% que esperaban hace algunos meses. No obstante, para el próximo año, siguen previendo una contracción de 0,5%.

Señalaron que este escenario se explica por un ajuste inflacionario y de tasas de interés mayor al estimado, junto con un proceso de normalización de los precios de los materiales e insumos de la construcción.

En junio, el precio de materiales e insumos de la construcción tuvo una caída anual de 6,9%, tras bajar un 5,6% en el mes anterior.

Por su parte, detallaron que la inversión en infraestructura se contraería un 4% este año, debido a una caída de 7,2% en doce meses de la inversión en infraestructura productiva, y de 0,9% anual de la inversión en infraestructura pública.

En estas cifras incidirían positivamente una mejor ejecución presupuestaria del Ministerio de Obras Públicas a julio –aunque se mantiene algo por debajo de los niveles registrados el año pasado– y un aumento de la inversión productiva estimada para 2023 por la Corporación de Bienes de Capital.

En concreto, entre enero y julio el MOP ejecutó cerca del 35% del presupuesto decretado para iniciativas de inversión. Esto corresponde a una caída de 2,6 puntos porcentuales en términos de avance anual, y de 3,2% en cuanto al monto ejecutado en doce meses.

Al contrario, precisaron, un factor negativo están siendo los 18 meses de retraso que registran, en promedio, los proyectos de concesiones a adjudicar, que suman una inversión cercana a los US$ 2.900 millones, así como la fuerte caída de la inversión y el gasto en construcción de proyectos de infraestructura privada.

En cuanto a la inversión en vivienda, la CChC estima que habrá una caída de 5,6% este año. Esto se deberá principalmente a una caída de 6,6% en doce meses en la inversión en vivienda privada, a pesar de que ha repuntado la venta de casas y departamentos.

Asimismo, la inversión en vivienda pública caería un 1,7% en comparación con 2022. La estimación de la baja es menor dado que en el primer semestre de este año la ejecución del presupuesto asociado a la política habitacional por parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo aumentó 30% anual.

El gremio indicó que a julio de este año se han destruido 63 mil puestos de empleo en el sector, respecto al mismo periodo del año pasado. Hay actualmente unas 725.000 personas trabajando en la actividad, lo que corresponde a 79.000 empleos menos que en el peak, a fines de 2019.

La CChC prevé poco dinamismo en cuanto a la creación de nuevos puestos de trabajo. El empleo en el sector es un tema que el gremio ve con preocupación.

La CChC dio a conocer una propuesta de 25 medidas para la reactivación, el crecimiento económico y el empleo. Algunas apuntan a facilitar el acceso a la vivienda, y potenciar el sistema de concesiones.

Algunas de las medidas que propone la CChC son: acelerar relicitaciones y licitaciones de proyectos de infraestructura pública con presupuestos actualizados; aprobar y aplicar modificaciones ya anunciadas al DS 75. Hoy se encuentran en Contraloría; modernizar el sistema de contratación de obras públicas, creando un reglamento único para todos los proyectos de este tipo que contrate el Estado, y potenciar y ampliar el sistema de concesiones, transitando hacia estándares de servicios mediante contratos flexibles.

Por otro lado, proponen ampliar la aplicación de la garantía estatal al pie de los créditos hipotecarios (monto garantizado y valor de la vivienda), para favorecer a más familias de clase media y mejorar su promoción; equilibrar las exigencias de provisiones que hace la CMF a la banca ante la entrega de créditos hipotecarios con la creciente necesidad de las personas por acceder a una vivienda; generar incentivos tributarios transitorios para la compra de viviendas; fomentar la generación de proyectos de viviendas para arriendo con subsidio en terrenos públicos y privados, e implementar un IVA diferenciado para la compra de viviendas.

Por último, también apuntan a impulsar el acceso al Fondo de Garantías Especiales para empresas del sector, flexibilizando requerimientos de capital, tasas y cobertura; clarificar regulaciones; destrabar y acelerar gestiones del Consejo de Monumentos Nacionales y de la Dirección General de Aguas, y revisar el factor de requerimiento de capital que debe cumplir la banca para financiar a empresas del sector, entre otras.