El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella criminal ante el 8º Juzgado de Garantía de Santiago contra los representantes legales de la empresa Artículos Médicos y Quirúrgicos de Chile S.A. (AMEQ) y varios funcionarios de la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud (Cenabast).

El documento detalla que el fisco habría sufrido un perjuicio económico de $3.983 millones debido a la adjudicación irregular –en base a documentación falsificada– de contratos a AMEQ en los procesos de licitación y trato directo. Estos montos corresponden a compras de insumos médicos que no cumplían con las especificaciones técnicas requeridas para el tratamiento de epidermólisis bullosa, conocida como “piel de cristal”. Según la querella, las alteraciones en las fichas técnicas llevaron a asignar recursos a productos que no cumplían con los estándares exigidos, afectando directamente la eficiencia en el uso de los recursos públicos y la calidad de los tratamientos destinados a los pacientes.

El CDE señala irregularidades en dos procesos de adquisición pública: una licitación pública (ID 621-382-LR23) y un procedimiento de trato directo (ID 621-676-SC23), ambos para la compra de insumos médicos destinados a tratar la referida enfermedad.

En ambas instancias, AMEQ habría presentado fichas técnicas adulteradas de insumos médicos, modificando características fundamentales para ajustarse a las exigencias de las bases. Estas alteraciones incluyeron “modificaciones sustanciales en la descripción de los productos y la inclusión de características falsas”, según detalla la querella.

Entre las pruebas aportadas se destacan fichas técnicas de productos como “tela adhesiva de rayón microporosa” y “apósitos de espuma hidrofibra”, que habrían sido manipuladas. Por ejemplo, se agregó la característica “libre de látex” en productos que no cumplían esta especificación. Además, AMEQ presentó un certificado supuestamente emitido por el distribuidor, cuya autenticidad fue descartada por el propio firmante.

El CDE acusa a los funcionarios de la Cenabast de avalar las adjudicaciones a pesar de conocer las adulteraciones. La querella señala que, incluso después de que el Tribunal de Contratación Pública suspendiera la licitación, se procedió con un trato directo a favor de AMEQ, basándose en documentación falsa. “La conducta de los funcionarios transgredió principios de probidad y transparencia, causando un perjuicio económico al fisco”, afirma el escrito.

El órgano a cargo de velar por los intereses del Fisco de Chile solicitó diligencias al Ministerio Público, incluyendo la toma de declaraciones a funcionarios clave de la Cenabast, la revisión de actas administrativas y el levantamiento de antecedentes patrimoniales de los imputados. También se busca identificar a todos los involucrados en los procesos de licitación cuestionados.

El develamiento del fraude denunciado y origen del proceso penal se remonta a una querella interpuesta en febrero de este año, por Importadora RM (IRM), en la que acusó a representantes de las empresas que se adjudicaron licitaciones de cometer delitos como falsificación y uso malicioso de documentos privados falsificados, emisión de certificaciones falsas, y fraude al fisco, relacionados con procesos de licitación y trato directo de la Cenabast.

Según la acción penal, patrocinada por el abogado Guillermo Chahuán, se falsificaron fichas técnicas y certificados para cumplir fraudulentamente los requisitos de las licitaciones, lo que llevó a la adjudicación de contratos con recursos públicos por más de $3.400 millones. “Cenabast, pese a conocer los antecedentes falsos que se le han presentado, decidió ignorarlos: primero, siguiendo adelante y adjudicando la Licitación; segundo, ante la suspensión de ésta por parte del TCP, ordenando la apertura de un Trato Directo paralelo que adjudicó sin tapujos a AMEQ a pesar de que éste reiteró la presentación de la documentación falsa que justificó la suspensión de la Licitación por parte del TCP”, aseguró.

El pasado 25 de noviembre el Tribunal de Contratación Pública (TCP), en el proceso llevado por los mismos hechos por los cuales se interpusieron las querellas, dictó sentencia. El dictamen confirmó la utilización de documentación falsificada y sentenció que se infringieron “todos los principios que rigen la contratación pública”, ordenando reanudar todo el proceso licitatorio. Fuentes ligadas al caso comentan que esto podría ser determinante para una pronta formalización de la investigación, en la que se invocará la nueva Ley de Delitos Económicos.

Consultado por Pulso, el abogado Darío Silva, representante de AMEQ, señaló que “en cuanto a la falsificación documental que se le atribuye a AMEQ podemos señalar que no existió falsificación a fichas técnicas y certificados en los términos señalados por la querellante. Así, se ha acompañado a la investigación diversa evidencia documental que desmiente las imputaciones que se han efectuado a sus representantes. Por otro lado, en cuanto al supuesto perjuicio fiscal que el Consejo de Defensa del Estado atribuye a AMEQ, somos enfáticos en señalar que no existe perjuicio alguno. Así, desde el año 2019, en las diversas licitaciones de Cenabast para el tratamiento de la patología de epidermólisis bullosa que se han adjudicado a AMEQ, ésta ha cumplido en tiempo, forma y calidad con los productos requeridos por Cenabast, sin que se haya recibido a la fecha reclamo alguno por parte de Fundación Debra ni por parte de los pacientes”.

Por su parte, desde la Cenabast indicaron que “la Central de Abastecimiento no ha tomado conocimiento de ninguna situación legal que afecte a sus funcionarios, por tanto es imposible referirse al tema en cuestión. Sin embargo, estaremos atentos a los requerimientos que se nos pueda solicitar desde cualquier institución fiscalizadora a fin de prestar toda la colaboración que permita esclarecer estos hechos”.

Agregaron que “en relación al proceso de abastecimiento de insumos para epidermólisis, podemos señalar que se realizó una licitación para el abastecimiento de 38 insumos, de los cuales 5 no cumplían con los requerimientos de la patología, pero si eran útiles para otras patologías, por lo cual, en acuerdo con el proveedor, se están usando para el consumo en otras patologías asociadas a heridas, tales como quemaduras. Esta licitación esta adjudicada al proveedor y esta en toma de razón por parte de la CGR”.