Consorcio privado se lanza contra Codelco y dice que fallo de la Suprema tiene la autoridad de “cosa juzgada”

Un conflicto de negocios dormido desde hace meses despertó en estos días. La disputa entre Codelco y el consorcio entre la bielorrusa Belaz y la chilena Movitec, contratado en 2021 para remover tierra y construir caminos en Rajo Inca, la división Salvador, está en el epicentro de una investigación contra la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, la que presidió una sala que en 2023 dio la razón a la firma privada. La contingencia es por retención de fondos de $ 20 mil millones, pero el litigio es mucho mayor.

Este martes, los tres abogados de Belaz Movitec, los exdiputados Eduardo Lagos y Gabriel Silber, además de Mario Vargas, se pronunciaron sobre el caso en una declaración de tres carillas y recuerdan así el origen de la disputa. “Consorcio Belaz Movitec sufrió la pérdida del contrató, por un monto que supera los 194 millones de dólares, al que Codelco puso término unilateralmente y sin fundamento, dejando en insolvencia a la compañía”, recordaron. Ambas empresas sostienen, además, un arbitraje millonario. “Hoy día Consorcio Belaz-Movitec y Codelco enfrentan demandas cruzadas en sede arbitral por casi 180 millones de dólares”, indicaron en relación a un juicio arbitral que dirige el abogado Francisco Aninat.

Los abogados recuerdan que la empresa recurrió de protección para cautelar sus derechos y acusaron a Codelco de “conductas arbitrarias e ilegales”, de “prepotencia y abuso” y de intervenir “maquinarias de altísimo valor, sin autorización de sus dueños, causando un daño irreparable”.

“Hoy se pretende cuestionar resoluciones de la Excelentísima Corte Suprema, por quienes fueron derrotados legítimamente en el Recurso de Protección, poniendo en tela de juicio el resultado del mismo, y haciendo convenientemente omisión que se trató de actuaciones de tribunales colegiados, donde son 5 ministros los que integran cada sala de la Corte Suprema. Cabe destacar que en los distintos recursos e incidentes que se discutieron en la Excelentísima Corte Suprema concurrieron a su vista e intervinieron más de 16 Ministros”, sostienen en su declaración a raíz del recurso de protección que ganaron en el máximo tribunal a mediados de 2023.

“Tenemos la absoluta tranquilidad; todas las actuaciones y resoluciones judiciales son de carácter público, y en las misma se ejerció el más absoluto control jurisdiccional por las partes”, indicaron los abogados.

Los abogados sostienen que “o es posible que transcurrido más de un año desde el pronunciamiento del fallo, la parte derrotada, que no realizó ninguna denuncia ni presentó reclamación alguna, hoy aprovechándose de la contingencia y ocupando los medios de comunicación trate de cuestionar en su beneficio la legitimidad del fallo”.

“No es aceptable que se intenten revivir actos jurídicos procesales que tiene la autoridad de cosa juzgada, tratando además de justificar su propia negligencia, tanto en la tramitación de la causa, como en el incumplimientos de los contratos con nuestro cliente”, concluyeron.