Una detallada exposición sobre los avances que registra la política del gobierno para el desarrollo de la industria del litio ofreció esta mañana el vicepresidente ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente. En el marco del seminario “Estrategia Nacional del Litio: ¿Estamos a tiempo?”, organizado por Clapes UC, el jefe de la agencia estatal descartó algún tipo de demora en la implementación del plan gubernamental.

En su exposición, Benavente repasó lo últimos pasos que ha dado el Ejecutivo, donde después de identificar que Chile cuenta con 64 salares y lagunas salinas, vino un trabajo para avanzar en la protección ambiental de algunos de ellos, pero también para identificar el interés de empresas privadas por desarrollar proyectos productivos en aquellos depósitos con mejores perspectivas.

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En esa línea, enfatizó que uno de los elementos clave de la estrategia del litio pasa por las alianzas público privadas, en las cuales, dijo, “creemos fervientemente”, no sólo para la explotación del salar de Atacama, sino también en el resto de los salares . “Pensamos que es una muy buena alternativa para empujar esta agenda, aumentar la producción, aumentar la sofisticación tecnológica, aumentar la captura de rentas, obviamente, en la manera más acelerada posible”, remarcó.

En esa línea, dijo que el proceso para que empresas privadas manifestaran interés en 24 depósitos permitió perfilar a los 16 lugares con más atención por parte de empresas e inversionistas privados, de los cuales, seis están ad portas de iniciar el proceso de consulta indígena previo a la apertura formal de proceso de licitación.

“Ese proceso ya comenzó y obviamente hay muestras de interés, tiene que haber una consulta indígena sobre eso, y una vez de alguna manera cerrada, se hace una licitación y se asigna al mejor postor. Nuestra idea es que eso debería ocurrir más o menos en julio o agosto del próximo año”, agregó.

En esa línea, subrayó que el gobierno diseñó un mecanismo al que denominó fast track para aquellos dueños de concesiones mineras en los seis salares que están siendo priorizados, un elemento con el cual, afirmó, estaban “siendo tremendamente pragmáticos” ya que “sabemos que hay temas legales con respecto a las pertenencias mineras (...) porque en el fondo, sobre los salares aplican dos principios legales: uno sobre el litio y otro sobre los otros materiales no litio, y por lo tanto esto puede generar problemas, disputas legales”.

En esa línea, enfatizó que “para aquellos salares donde una sola entidad legal, local o internacional, tuviera más del 80%, existía la posibilidad de hacer un fast track. Es decir, si alguien tenía más del 80% de la pertenencia de ese salar o de esa zona, si además tenía respaldo financiero y además tenía experiencia productiva en estos temas en encadenamiento, podía ser un fast track y eso significa de alguna manera ir directamente a que se podía comenzar la consulta indígena junto con el proceso de negociación con el Estado para poder acceder a ese CEOL. Por lo tanto, en el momento que termine la consulta indígena, se le puede acceder después de esa negociación bajo estas condiciones. Por lo tanto, lo que estamos acelerando es el proceso para aquellos que ya tienen más del 80% de las pertenencias”

Además, Benavente detalló que en los depósitos donde no hay un sólo titular con más del 80% de las pertenencias dieron plazo hasta el 31 de diciembre de este año para que en esos casos “pudieran ponerse de acuerdo entre ellos para lograr ese monto”.

En esa línea, Benavente defendió que el camino recorrido por el gobierno. “Es una visión tremendamente pragmática, y obviamente lo que estamos tratando es acelerar el proceso. Uno de los comentarios que nos ha llegado del sector privado es decirnos ‘ustedes van muy rápido en esto, van demasiado rápido. Así que, por favor, háganlo un poco más tranquilo, porque necesitamos hacer estas negociaciones, tenemos que ponernos de acuerdo’. Pero los plazos son los plazos”, sentenció el jefe de la Corfo.

Considerando este proceso, más las negociaciones encargadas a Codelco en Maricunga y a la Enami en Salares Altoandinos, Benavente trazó la expectativa con que cuenta el gobierno para la entrega de Contratos Especiales de Operación de Litio (CEOL).

“Nuestra idea es dejar todo esto establecido con las reglas claras para todo el mundo, el mundo público, el mundo privado, más o menos en septiembre del próximo año; deberían estar los Ceoles relativamente ya asignados, los públicos, los privados, las negociaciones entre Codelco-SQM, los de Codelco con un tercero, los de Enami con un tercero y los otros Ceoles de los salarios privados, y los otros salarios protegidos. Septiembre del próximo año debería estar implementada completamente la estrategia”, remarcó.

En el panel del seminario participaron dos expertos en la minería del litio en Chile: Daniela Desormeaux, directora de Estudios de Vantaz Group; y el académico del Departamento de Ingeniería de la Universidad Católica. Allí, ambos reconocieron ciertos avances en la estrategia, pero con matices.

Desormeaux recordó los intentos fallidos de licitaciones realizados por gobiernos anteriores, pero valoró que las asociaciones público provadas no son “algo nuevo, siempre las cosas podrían ser perfectibles, pero claramente es una señal súper importante de continuidad” operacional en el Salar de Atacama. La experta también valoró los avances en Maricunga como “una muy buena noticia”, pero planteó su escepticismo frente al desarrollo de nuevos salares, donde ve que el desarrollo de tecnologías de extracción directa “puede ser un poco más lento”.

A su turno, Lagos prefirió mostrar un lado optimista. “Mi expectativa es que se logren la mayor cantidad de CEOLes posible, entre ahora y el fin del gobierno”, plenteó, reconociendo que “a lo mejor las estimaciones son un poquito optimistas, porque eso va a depender de las consultas indígenas, para las que contempla entre nueve meses y un año de trabajo con las comunidades, lo que, afirmó “a lo mejor eso es poco”.

“Ojo con eso. Eso puede retrasar un poco nuestro desarrollo”, enfatizó Lagos, sobre la injerencia de las comunidades en los proceso de consulta.