Dueño de Fundamenta tras fallo de la Suprema: “Estamos estudiando pedir compensaciones económicas al Estado por los perjuicios”

A casi 24 horas del fallo de la Corte Suprema que respaldó el polémico proyecto Eco Egaña Comunidad Sustentable de Fundamenta, su dueño, Pablo Medina, no ha recibido ningún llamado de autoridades de gobierno.

En conversación con Pulso, el empresario se muestra satisfecho con la sentencia favorable de la Tercera Sala. Dice que el laudo pone término a los intentos por invalidar el permiso ambiental del proyecto, pero al mismo tiempo, detalla que actualmente están evaluando iniciar acciones legales en contra del Estado de Chile, debido a los daños ocasionados por la paralización de las obras. Esto, luego que el 4 de abril de 2022 la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana (Coeva) revocara la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) de la iniciativa. Son perjuicios millonarios, que ascienden a más de 400 mil UF, a los que eventualmente se sumarían daño moral y lucro cesante.

Eco Egaña es el proyecto más grande que tiene en carpeta la inmobiliaria. Hoy posee iniciativas en Cerrillos, Macul, Santiago Centro y Estación Central. “Este fallo nos incentiva a seguir invirtiendo en proyectos en altura y cerca de una línea de metro”, sostiene Medina.

A la fecha, la compañía cuenta con 24 proyectos en distintas etapas (cinco en Lima, Perú), con inversión total de US$1.300 millones.

¿Ha recibido llamados o mensajes a raíz de la sentencia?

-Sí, fundamentalmente gente de la industria.

¿Alguien del gobierno se ha contactado con usted?

-No. No debieran ni tampoco lo esperaría. Obviamente me ha escrito gente de la industria y de la banca, porque es una señal muy tranquilizadora.

¿El fallo de la Corte Suprema es definitivo y con él se acaban los litigios por el proyecto?

-Con esto se acaban las acciones para invalidar la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), aunque estamos estudiando, por un deber fiduciario, iniciar acciones legales para resarcir los perjuicios que nos ha acarreado la paralización, producto de posibles actos ilegítimos. Esto no es en contra de los vecinos que han actuado de manera legítima y bajo el amparo del derecho, pero sí creemos que ha habido actos ilegítimos que se deben estudiar. Estamos estudiando pedir compensaciones económicas al Estado por los perjuicios ocasionados, pero este es un proceso que dura meses.

¿A cuánto ascienden las pérdidas por la paralización?

-En enero teníamos 400.000 UF de pérdidas económicas directas. Aquí no hablamos de daño moral ni tampoco de lucro cesante, ni tampoco de los costos materiales y financieros. Esta es una cifra que ratificamos. Hoy estamos en línea recta para concluir el proyecto en cuatro años más. El proyecto sufrió un retraso de 10 meses, producto de habernos quedado sin la calificación ambiental, lo que nos impedía continuar con la construcción.

En una demanda en contra del Estado de Chile, ¿esa cifra que menciona podría ser superior?

-Generalmente uno pide un costo directo y otros daños que todavía estamos cuantificando, como lucro cesante y daños reputacionales con clientes y stakeholders que hubo que finiquitar. Estamos en un periodo de evaluación que dura varios meses.

¿Y también una acción legal en contra de los Seremis?

-Lo estamos estudiando. Hoy estamos estudiando toda la estrategia jurídica para poder resarcir nuestros perjuicios.

¿Qué han hecho hasta ahora para reactivar las obras?

-Contactar a todos nuestros subcontratos. Empezar a renegociar todos nuestros contratos y empezar a trabajar una parte que estaba en excavación. También estamos en el proceso de cerrar compras de fierro e instalación de fierro para empezar a hilvanar, lo cual se verá en las próximas semanas. Estamos en diferentes frentes que se empiezan a aunar en logística, como la compra de materiales. El estado del proyecto tiene que ver con la compra de hormigón y fierros, y todo el apoyo que requiere como grúas y plantas hormigoneras. También estamos coordinando a la gente. Todo este movimiento se está empezando a ver hoy en la obra. Empezamos a reactivar la obra la primera semana de enero.

¿Cuánta gente han recontratado?

-El proceso de recontratación ha avanzado con 50 personas, pero el fuerte será a finales de marzo y principios de abril, cuando llegaremos a 600 personas. El contrato de construcción nunca ha estado terminado. Siempre hemos estado en contacto, porque ha estado suspendido. Durante todo este tiempo ha quedado un equipo de la constructora y nuestro trabajando en la reestructuración de los plazos, buscando ahorros y maneras de hacerlo más barato y en más corto plazo. No hemos perdido el tiempo, porque siempre pensamos que podríamos reactivar las obras en enero de 2023. Los primeros meses, este equipo estuvo destinado a desmovilizar y después a reestudiar el reinicio, tratando de mejorar lo que ya se tenía, viendo ineficiencias que se tenían. Incluso a nuestro compradores, les teníamos prometido que en enero de 2023 íbamos a estar en condiciones de reiniciar las obras. Teníamos la firme esperanza que íbamos a partir las obras en enero. A todos nuestros compradores les suspendimos el cobro de cuotas del pie de los departamentos y retomamos este proceso en el mes de enero de 2023.

¿Este proyecto se rediseña a partir del fallo?

-No. La arquitectura sigue tal cual como estaba. Los mismos pisos y el mismo diseño. Lo que se repensó es la manera de ejecutarlo, y hacerlo más eficiente, atacando más frentes a la vez, pudiendo hormigonear más metros cúbicos por día de lo que se pensaba, e ingresando más camiones de lo que se tenía pensando. Metiendo más gente en menos periodo para poder terminar más rápido. Lo único que se podría hacer es es unas mejoras en el exterior con la anuencia de los vecinos, pero eso está en conversaciones.

¿Cuál es la autocrítica que realiza producto de todo lo que ocurrió con el proyecto?

-Fue un error no haber tenido un contacto más directo y franco con los vecinos desde el principio. Esto, a pesar del proceso de participación ciudadana que fue contundente. Pero si no se entiende y no se conoce, no tiene el peso que nosotros creímos.

¿Pero hubo una oposición política? Se lo pregunto porque la actual alcaldesa desde cuando era concejal manifestó su rechazo al proyecto.

-Sí, creo que muchas veces los políticos ocupan este tipo de proyectos como chivo expiatorio, pero en este caso los vecinos tenían otro tipo de aspiraciones. Ellos realmente querían un proyecto más bajo. A lo mejor podría haber sido en su momento, pero creo que nos faltó entregarle más información de las bondades del proyecto. Este es un proyecto de estándar mundial que podría estar perfectamente en Paris o Londres. Tiene comercio, oficinas, departamentos. El 80% de los espacios del proyecto son zonas no construidas, son parques y pistas de running. Ellos pensaban que era un proyecto del tipo “ghetto vertical”. Allí estaban muy desinformados. Nosotros pecamos en no hacerles ver las bondades del proyecto.

¿Cree que hubo una responsabilidad directa del municipio en la oposición al proyecto?

-Obviamente a la alcaldesa no le gusta el proyecto. Es innegable que se ha opuesto al proyecto. Espero que con el pronunciamiento de la Corte Suprema, ella quede más tranquila en cuanto a su legalidad. Este proyecto no tiene ningún problema de ilegalidad. En el fondo se ocupa este tipo de proyectos para buscar votos o apoyo político de gente que les molesta la construcción de cualquier tipo. Reconozco que como ser humano me es incómodo que me construyan un edificio al lado de mi casa. La autoridad debiera velar por el bien común, no por el bien particular de algunos vecinos. Este proyecto es un aporte al bien común del país. No sólo por la cantidad de empleo y el impulso para la inversión, sino que también por el aporte urbano a la ciudad.