El martes pasado, a mediodía, Alejandro Gil Gómez, presidente de Clínica Las Condes (CLC), recibió una buena noticia que le permitirá viajar fuera de Santiago. El juez del 4° Juzgado de Garantía, Rodrigo Carrasco, acogió la solicitud presentada por el empresario, imputado por el presunto delito de apropiación indebida de remuneraciones impagas a sociedades médicas de 22 facultativos que trabajaron en la clínica. El permiso autoriza a Gil a trasladarse desde la Región Metropolitana a la Región de Los Lagos.

Alejandro Gil, pareja de Cecilia Karlezi, controladora de CLC a través de la sociedad Luces Tres, tuvo que solicitar autorización para viajar al sur durante febrero debido a que se encuentra sujeto a la medida cautelar de firma mensual. A partir de ahora, podrá cumplir con esta obligación en el Retén Las Cascadas de Puerto Octay, ubicado en calle Vicente Pérez Rosales N° 123, en lugar de hacerlo en la 16° Comisaría de La Reina, como venía haciendo.

Antes de finalizar 2024, Gil planeaba pasar las fiestas de fin de año fuera de Chile y solicitó al 4° Juzgado de Garantía que le permitiera viajar a Bahamas, argumentando arraigo familiar, ya que su pareja reside en ese país. En una audiencia de revisión de medidas cautelares realizada el 11 de diciembre, los querellantes se opusieron y solicitaron que, en caso de acceder a la petición, se aumentara la caución al 70% del monto total defraudado en 50 querellas.

Frente a la discrepancia, la jueza Estefanía Asenjo accedió a la solicitud de la defensa, pero fijó una caución de $200 millones, considerando el riesgo de fuga, el monto defraudado y el número de afectados. Sin embargo, Gil decidió no viajar ante la posibilidad de que ese monto fuera retenido, como ocurrió en un viaje anterior a Miami y Bahamas en su avión privado.

El reciente permiso otorgado a Gil para viajar a Puerto Octay coincide con un período clave para Clínica Las Condes. Hoy Clínica Indisa, la compañía que opera centros hospitalarios con esa marca en Providencia y Maipú, y el grupo financiero Euroamerica adquirieron en partes iguales el paquete controlador de la Clínica Las Condes, tras un proceso de venta que su principal accionista, Cecilia Karlezi, había encargado al banco de inversión BTG Pactual.

El abogado querellante Patricio Fernández advirtió que existe la posibilidad de que CLC sea formalizada como persona jurídica conforme a la Ley 20.393, lo que podría acarrear sanciones como multas, restricciones operativas o, en el peor de los casos, la disolución de la institución.

“La decisión que tome Clínica Las Condes respecto de las numerosas querellas en investigación será clave para el futuro de la institución ante su inminente venta. Existe un riesgo claro de que la clínica sea formalizada como responsable penal en su calidad de persona jurídica. Esto influirá en las negociaciones con los potenciales compradores, quienes deberán decidir si exigen que esta administración resuelva las controversias antes de la venta, o si asumirán la carga legal una vez que tomen el control”, señaló Fernández.

Por su parte, la Fiscalía está coordinando la elaboración de un peritaje independiente para determinar el monto exacto defraudado. En noviembre, se informó que un análisis de la PDI reveló que CLC pagó casi $8.500 millones a su personal médico entre 2020 y 2023.

Desde su llegada a la presidencia de CLC el 10 de diciembre de 2019, Alejandro Gil ha estado involucrado en diversas polémicas, marcadas por tensiones con el equipo médico y una alta rotación en la gerencia general. En los últimos cuatro años, la clínica ha tenido seis gerentes generales: Jaime Hagel (agosto de 2019 - febrero de 2020), Andrés Illanes (febrero - mayo de 2020), Fredy Jacial (mayo - agosto de 2020), Jerónimo García (agosto de 2020 - julio de 2022), Ignacio Tapia (julio de 2022 - agosto de 2023) y Pablo Ortiz Díaz, quien asumió interinamente en agosto de 2023.

La gestión de Gil también ha estado marcada por conflictos judiciales que han impactado la reputación de la clínica. Durante la pandemia, fue criticado por pedir que tres enfermeras le administraran una tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19, a pesar de que esta aún no estaba autorizada en Chile. Este hecho generó una investigación y fuertes cuestionamientos.

En junio de 2021, CLC demandó al Estado de Chile por $37 mil millones, alegando perjuicios económicos derivados de las medidas sanitarias implementadas durante la pandemia. La demanda fue rechazada en primera y segunda instancia, y ahora la clínica evalúa recurrir a la Corte Suprema.

El próximo 20 de enero, el 4º Juzgado de Garantía deberá resolver si acepta, por tercera vez, la solicitud del Ministerio Público de ampliar el plazo de investigación en la causa por la querella de denuncia calumniosa presentada por Fredy Jacial. Este proceso comenzó tras las acusaciones por presuntas irregularidades financieras durante su breve gestión en 2020. Jacial, sobreseído en 2021, acusa a Gil de difamación y abuso de poder. La fiscal Karin Naranjo deberá decidir si presenta una acusación formal contra Gil o busca una salida alternativa, como una disculpa pública.