La junta de acreedores de Inversiones Berklee Limitada, sociedad de negocios personales del empresario Javier Said Handal, aprobó a finales de enero una propuesta de reorganización para evitar la liquidación forzosa. Con una deuda de $14.000 millones, el plan permitirá a la empresa reorganizar sus pasivos en un plazo de un año mediante la venta de activos no esenciales.

Los principales acreedores de la compañía son Scotiabank Chile, Banco Santander, Banco Itaú y Moneda Renta CLP Fondo de Inversión. La estrategia de reorganización contempla la venta de propiedades inmobiliarias y su participación en el Hipódromo Chile, donde Berklee posee poco más del 20% de las acciones. La propuesta también establece un esquema de pago que permitirá a la empresa cumplir con sus obligaciones sin perder por completo su operatividad.

En este proceso, Javier Said contó con la asesoría legal del abogado Pedro Yaconi, mientras que el veedor de la reorganización es Patricio Jamarme.

El documento presentado ante el 24° Juzgado Civil de Santiago describe a Inversiones Berklee como una sociedad que “viene enfrentando dificultades para reestructurar sus pasivos y definir un nuevo plan de negocios para hacer viable su operación”. Agrega que estos problemas se han visto agravados por “la poca capacidad de ajustar oportunamente su estructura de costos y programa de créditos directos y avalados en favor de empresas relacionadas”.

Uno de los puntos centrales del plan de reorganización es la venta de activos considerados no esenciales. Entre ellos, se incluyen 13.637 acciones serie A de Hipódromo Chile S.A., actualmente prendadas a favor del fondo de inversión Moneda Renta CLP. Además, la empresa planea vender 679 acciones serie A y 8 acciones serie B de la misma sociedad, las cuales no tienen gravámenes.

Según la memoria de 2023 del Hipódromo de Chile, la sociedad de Javier Said posee el 21% de las acciones de la sociedad.

El documento establece que la venta de estas acciones deberá concretarse antes del 31 de diciembre de 2025, con el objetivo de generar liquidez y distribuir los fondos entre los acreedores. La transacción “se regulará a través de un instrumento separado entre el deudor y el acreedor, con la misma fecha de celebración de la Junta de Acreedores”.

En paralelo, Javier Said ofreció a sus acreedores la venta de siete departamentos ubicados en la comuna de Providencia, ocho oficinas de Viña del Mar y 20 estacionamientos con sus respectivas bodegas.

Otro activo relevante en este proceso es la participación de Inversiones Berklee en Nuts del Sur S.A., donde la compañía posee 25.526 acciones adquiridas en 2021 por un total de $550 millones. La propuesta contempla la posibilidad de ejercer una cláusula de venta hasta abril de 2026, lo que podría generar un ingreso adicional significativo.

Para demostrar su compromiso con el plan, la empresa destinará $1.350 millones de su caja actual a un pago inicial para los acreedores. Según el documento, este monto se distribuirá en un 30% para los acreedores valistas y un 70% para los garantizados, asegurando prioridad a quienes poseen garantías reales.

El acuerdo también contempla la utilización de los recursos obtenidos a través de la venta de bienes inmobiliarios, incluyendo propiedades hipotecadas a favor de Scotiabank Chile. Sin embargo, la liquidación de estos activos dependerá de la aceptación voluntaria de los acreedores hipotecarios a los términos de venta y pago.

El documento precisa que “todo excedente de caja que se genere será repartido entre los acreedores a prorrata de sus créditos”, lo que significa que cualquier ingreso adicional obtenido en este proceso se utilizará para reducir aún más la deuda pendiente.

Como parte del acuerdo, se designará un interventor judicial que fiscalizará la ejecución del plan, supervisará la venta de activos y garantizará que los ingresos obtenidos se destinen exclusivamente al pago de los acreedores.

El interventor tendrá amplias facultades, incluyendo la posibilidad de requerir informes, fiscalizar periódicamente la situación financiera de la empresa y certificar cualquier incumplimiento del acuerdo. En caso de que la empresa no cumpla con sus compromisos, los acreedores podrán iniciar el cobro judicial o extrajudicial del total de sus créditos, sin sujeción a los términos del acuerdo.

La propuesta también establece una serie de restricciones para la empresa deudora, como la prohibición de vender activos sin autorización de la Comisión de Acreedores, la imposibilidad de otorgar nuevos créditos a terceros y la obligación de mantener sus registros contables actualizados bajo normas IFRS. En caso de incumplimiento, los acreedores podrán solicitar la anulación del acuerdo y la activación de un proceso de liquidación forzosa