El 26 de enero de 2021, Clínica Las Condes (CLC) interpuso una demanda en contra del Estado de Chile por los supuestos perjuicios que habría experimentado debido a las acciones en materia sanitaria tomadas por el Estado durante la pandemia por Covid-19 en el marco del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública.

CLC exige la restitución de $37 mil millones, de los cuales $30.580 millones corresponden, acusó, al no pago por parte de Fonasa de prestaciones a pacientes Covid en la entidad privada al 31 de mayo. La clínica se opone recibir el monto máximo que autorizó el Ministerio de Salud a pagar a las instituciones privadas, un valor inferior al que CLC reclama.

A la fecha, la acción es tramitada en el 1° Juzgado Civil de Santiago y ante la arremetida legal de la compañía que preside Alejandro Gil -pareja de Cecilia Karlezi, controladora de CLC-, el Consejo de Defensa del Estado calificó la acción como “inaceptable” y “superficial”. El litigio sigue por estos días ventilándose en el tribunal y por temas procesales ha escalado a la Corte de Apelaciones de Santiago, pero aún no existe sentencia de primera instancia.

Uno de los últimos movimientos relevantes del juicio ocurrió a inicios de mayo, cuando las partes entregaron el listado de testigos con los cuales buscan afianzar sus posiciones frente al tribunal.

El 6 de mayo, el CDE, representado por la abogada procuradora fiscal de Santiago, Ruth Israel, acompañó un listado con 17 testigos. Entre ellos figuran los nombres del exministro de Salud, Enrique Paris, y dos ex gerentes generales de CLC: Jerónimo García y Fredy Jacial, quien -según reveló Pulso- presentó una querella calumniosa contra Alejandro Gil, luego de ser sobreseído en un juicio en el que CLC lo acusó de haber recibido más pacientes Fonasa de los exigidos por la autoridad durante la pandemia del Covid-19.

Al listado de testigos del Consejo de Defensa del Estado se suman también el emergenciólogo Luis Herrada, ex subdirector de Clínica Las Condes, quien asumió en reemplazo del pediatra René Tejías, en diciembre de 2020 y el ex jefe del Centro de Pacientes Críticos de CLC, Tomás Regueira, quien, al igual que los ex miembros de la clínica, dejó su cargo en medio de desavenencias con el presidente de la compañía.

Pero el CDE no sólo se armó con ex miembros de la clínica, sino que también con la disidencia en la plana directiva de la empresa: en la nómina aparecen los nombres de Christian Traeger, actual director de CLC, y Jonás Gómez Pacheco, segundo mayor accionista y quien públicamente ha manifestado críticas a la administración de Alejandro Gil. También se incluyen a la jefa de la División Administración de Fonasa y la jefa del Departamento Mecanismos de Pago GRD Carolina Turra y Camila Medina, respectivamente.

La contraparte, Clínica Las Condes -representada por el abogado Sebastián Oddó- también presentó su lista de testigos: nómina de 13 profesionales, incluye a profesionales que son parte de CLC. Por ejemplo, Rodrigo Mardones, médico cirujano y actual director médico del recinto, uno de los hombres de mayor confianza de Alejandro Gil, según quienes conocen la interna de la clínica; y la directora Paola Bruzzone, quien llegó a Clínica Las Condes junto con el presidente actual de la entidad. Dos décadas ligada a Falabella, su cercanía con la familia Solari y, puntualmente, con Cecilia Karlezi, la llevaron a la vicepresidencia del centro médico.

Otros de los nombres que aparece en el listado de la clínica es el de los abogados Enrique Barros y José Miguel Valdivia, junto del ingeniero industrial Gabriel Bitrán, quienes asesoraron a la compañía en la etapa inicial del proceso que se tramita hoy en tribunales. Este último elaboró un estudio económico que fue presentado antes de ayer al tribunal, denominado “Informe CLC: Estimación de daños directos asociados a acciones de la autoridad sanitaria durante 2020 y 2021″.

“Se ha identificado una serie de partidas de costos extraordinarios asociados a la atención de pacientes Covid, que no forman parte de los costos variables normales de la atención por parte de CLC. Estos costos se han asignado de forma proporcional a los pacientes a los que se asocian”, concluyó el informe.

El mismo documento también consignó que los costos Covid extraordinarios y daño total emergente fue avaluado en $1.848 millones, mientras el lucro cesante asciende a $1.818 millones. En total, según el informe los perjuicios ocasionados a CLC ascienden a $3.115 millones.

“La distribución entre daño emergente y lucro cesante se realiza proporcionalmente, a partir de la valorización de casos Covid espontáneo y derivaciones UGCC, correspondientes a cada tipo de daño. Específicamente, hay 279 casos conducentes a daño emergente, por una valorización de $16.406 millones (42%), y 882 casos conducentes a lucro cesante, por una valorización de $23.001 millones (58%)”, concluyó.

Por su parte, la defensa de CLC también presentó un estudio en derecho elaborado por los abogados Enrique Barros y José Miguel Valdivia. El estudio concluye que las limitaciones al derecho de propiedad de CLC sobre su infraestructura y recursos materiales y humanos la privaron de la facultad del uso sobre sus recursos. “Por un parte, imponen un precio que no guarda siquiera relación con los costos que para CLC importan la prestación de los servicios forzosos, y porque le impiden ejercer otras actividades lucrativas”, concluyó.

“Estimamos que las privaciones a las facultades de uso y goce de los derechos de CLC dan derecho a indemnización, conforme al mérito de la prueba que se rinda en relación con las prestaciones otorgadas”, finalizó el informe en derecho.