El exjefe del Departamento de Precios del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Felipe López, no renuncia a sus intentos judiciales por conseguir una reparación, tras haber sido apuntado en 2019 por una eventual manipulación de las cifras del IPC por las autoridades de la época. López fue absuelto en sede penal y administrativa y ahora exige una reparación económica de parte de sus dos principales acusadores, el exministro de Economía del segundo gobierno de Sebastián Piñera, José Ramón Valente, y del entonces director del servicio, Guillermo Pattillo.

El ingeniero estadístico presentó el 17 de abril ante el 9º Juzgado Civil de Santiago una demanda de indemnización de perjuicios en contra de ambas ex autoridades y exige una indemnización de $ 200 millones por daño moral, lucro cesante y daño emergente. Su intento no es el primero: el año pasado presentó sin éxito una querella por injurias y calumnias contra Valente y Pattillo, quienes finalmente fueron sobreseídos de esa acusación. El Séptimo Juzgado de Garantía, incluso, ordenó a López el pago de las costas en esa causa.

López, quien se desempeña hoy como jefe del Departamento de Operaciones de Estadísticas Económicas y Precios del INE, acusa que Pattillo y Valente, en mayo de 2019, “actuaron de manera culposa y con absoluta falta de cuidado en sus conductas, realizaron una serie de actos que implicaron formular graves imputaciones injuriosas, consistentes en supuestas faltas a la probidad, y en un desempeño de sus funciones de manera supuestamente torcida y deficitaria, profiriendo expresiones difamatorias, no correspondientes a la realidad, sobre la probidad y calidad del trabajo de mi representado al interior del Instituto Nacional de Estadísticas, dañando gravemente su honra y reputación”, consignó la demanda patrocinada por el abogado Cristián Arias.

Lo anterior, aseveró, “al dar publicidad a la supuesta irregularidad detectada en una auditoría interna y la realización de diversas expresiones injuriosas en diversas instancias, mediante la comunicación a diversos medios de prensa de la existencia de una supuesta manipulación maliciosa del Índice de Precios al Consumidor, eventuales sobornos recibidos y describiendo una conducta criminal por parte de mi representado y el equipo a su cargo; revelando informaciones de carácter reservado como el estado de un procedimiento disciplinario administrativo y que permitieron la identificación pública de mi representado como el supuesto responsable de un episodio de manipulación del Índice de Precios al Consumidor”.

Según el escrito, Valente y Pattillo realizaron diversas intervenciones ante el poder legislativo y medios de comunicación, dando cuenta de una supuesta manipulación del IPC, “descartando el error y atribuyendo un efecto intencional en los mercados, extendiéndose a puntos no determinados por la auditoría que dio pie a la denuncia y efectuando imputaciones de carácter evidentemente difamatorio en contra de Felipe López Borges”.

Según el mismo documento, “lo anterior dañó gravemente a mi representado quien siendo a la época de los hechos el responsable del cálculo del Índice de Precios al Consumidor (en adelante “IPC”), se le generó un grave perjuicio psíquico y emotivo, como persona y también en su entorno reputacional, por su imagen y consideración social y profesional, además de los costos en defensa que tuvo que soportar para enfrentar y defenderse de las falsas acusaciones de las que fue objeto producto del actuar de los demandados, los tratamientos médicos y psicológicos en que tuvo que incurrir para enfrentar las gravísimas acusaciones públicas de los demandados”.

El ingeniero había interpuesto, en junio de 2019, una denuncia de tutela laboral contra el INE, la que terminó en un acuerdo indemnizatorio que benefició al funcionario. El organismo, representado por el Consejo de Defensa del Estado, accedió en octubre de 2021 a pagar $ 40 millones a López, quien renunció a ejercer acciones futuras contra el Instituto Nacional de Estadísticas.

El 16 de mayo, el abogado socio de Cariola, Jorge Boldt, en representación del exministro de Economía José Ramón Valente, presentó excepciones dilatorias. “La demanda de autos carece de exposición clara de los hechos y fundamentos de derecho en que se apoya”, respondió. Boldt acusa que la acción judicial contiene imprecisiones y contradicciones que deben ser corregidas por la demandante.

A Pulso, el abogado Boldt recordó que esto mismo ya se trató en sede penal, donde José Ramón Valente fue absuelto. “Los hechos a los que se refiere la demanda presentada por el señor López ya fueron discutidos en un procedimiento penal, en el que la querella por supuestas injurias y calumnias presentada en contra de los señores Patillo y Valente y fue rechazada en todas sus partes, condenándose en costas al señor López. Esa sentencia fue pronunciada por un Juzgado de Garantía, confirmada por una Sala de la Corte de Apelaciones en forma unánime. Y el recurso presentado ante la Corte Suprema fue declarado inadmisible”, recordó.

“La demanda actual versa exactamente acerca de los mismos hechos que aquella querella, y no tiene fundamento alguno como para ser acogida. El señor Valente cumplió en todo momento con su deber de informar en calidad de Ministro de Estado. Eso, lejos de ser un ilícito, es el cumplimiento de su deber como funcionario público”, ahondó en su respuesta.

Según los documentos del juicio en el Séptimo Juzgado de Garantía, Felipe López deberá pagar $ 400 mil a los abogados de Valente y $ 800 mil a los de Pattillo.