Es uno de los barrios más exclusivos de la Región de Valparaíso y sus casas son propiedad de empresarios, altos ejecutivos, profesionales, deportistas y figuras de la televisión. El resort de Marbella, distante poco más de dos horas de Santiago, mantiene un inédito conflicto entre sus vecinos y la pandemia terminó por exaltar los ánimos hasta decantar en tribunales.

Así, la Inmobiliaria Mediterráneo SpA (Banus), propiedad del empresario César Burotto, presentó una demanda de indemnización de perjuicios en contra de la Comunidad Sector P1, representada por el abogado Jorge Lembeye y por su comité de administración compuesto por Alejandro Cartagena, Luis Berríos y Jorge Bofill, abogado socio de Bofill, Escobar & Silva. Pero también en contra de todos los propietarios de los distintos sitios, con o sin casas de dicha unidad. Esto, luego que en marzo de 2022 los vecinos lanzaran una ofensiva en tribunales a fin de que se declare la no existencia de servidumbres al interior del complejo turístico y, por lo tanto, se impida el paso de los camiones.

En su presentación, Banus calificó la demanda de la junta de vecinos como “reprochable”. “El Sector P1 pretende con esta acción, afectar también a los demás propietarios de sitios o viviendas que transitan por los caminos del Sector P1, que no pertenecen a ese sector (varios de ellos también inmobiliarias y desarrolladores), quienes no han sido emplazados en este juicio, debiendo haberlo sido”.

Todo comenzó cuando en abril de 2019 un grupo de vecinos en la reunión de la Asamblea del Condominio P-1 tomó la decisión de instalar rejas de madera para bloquear el tránsito de camiones, alegando que los pasajes no estaban preparados para el paso de estos vehículos que, con el boom inmobiliario, comenzaron a circular con mayor frecuencia.

Para Banus, este es un juicio que afecta a toda la comunidad de Marbella compuesta por más de 1.300 familias, al cuestionarse el estatuto de los caminos amparados todos ellos, por la misma servidumbre, que aquí “interesadamente se pretende desconocer”. En ese sentido, sostuvo que es un adquirente que de buena fe construyó dos edificios con un total de 36 departamentos” y sólo pretende hacer uso de los mismos derechos que tienen todos los propietarios y usuarios de viviendas dentro del complejo Marbella.

“Existe también una discriminación arbitraria en contra de mi representada. ¿Por qué solo se nos demanda a nosotros, cuando los otros vecinos del Sector P1 también hacen uso diario de sus caminos internos? La razón al parecer es porque nuestra representada ha construido y desarrollado un proyecto inmobiliario en predio MF1, aledaño al Sector P1″, acotó.

Entre los copropietarios del Condominio Sector P1 figuran Rodrigo Larraín, CEO en Cencosud Shopping; Igor Lichnovsky, jugador de Tigres de la UANL de la Primera División de México; Macarena Tondreau, actriz; Luis Enrique Fischer Yávar, notario de Viña del Mar, y Giovanni Carcuro, médico e hijo del comentarista deportivo Pedro Carcuro. A ellos se suman José Tomás Infante, socio y fundador de Cerveza Kross, y los abogados Jorge, Álvaro y Octavio Bofill.

La inmobiliaria también explicó que los reproches que realizó la junta de vecinos en su demanda “no resisten análisis o ¿es que los copropietarios del Sector P1, al construir sus casas, ingresaron los materiales a través de helicópteros? No pues; ingresaron a través de la entrada principal del Complejo Marbella, y circularon por caminos ajenos al amparo de las servidumbres del lugar, lo que imaginamos todos los vecinos entendieron y aceptaron, a pesar de las molestias del caso”.

“La visión y pretensión que tiene el Sector P1 no solo ha sido insólita para nosotros, como Inmobiliaria Mediterráneo SpA, sino que es insólita para Marbella: están queriendo hacer ver que Marbella no existe como tal, que se trata de loteos separados e independientes, casi autárquicos”, añadió.

Asimismo, calificó como “matonesco” el bloqueó de las calles internas del complejo efectuado por la junta de vecinos del Sector P1. Además recordó que la compañía tuvo que presentar recursos de protección y que posteriormente la Corte Suprema obligó el retiro de las vallas.

Agregó que entre los perjuicios que ha ocasionado el caso está: “Generar incertidumbre en los compradores y futuros compradores, bajando el precio de los departamentos, por la mala publicidad que le han hecho estas demandas que han bajado la venta o el valor de los inmuebles, basadas en infortunadas y muy difundidas noticias”. Además de “despojar injustamente y violentamente a Banus del uso y goce de los caminos previamente existentes y usados para poder ingresar a su propiedad”.

Frente a la contestación, la Junta de Vecinos del Sector P1 presentó un escrito de réplica en el que señaló “que nadie niega que ‘Marbella’ sea un proyecto histórico y en el que, en general, la comunidad no ha tenido mayores diferencias ni molestias. Sin embargo, también es innegable que, hoy, Inmobiliaria Mediterráneo SpA ejecuta y comercializa un proyecto inmobiliario afirmando tener un supuesto derecho real de servidumbre de tránsito gracias a un entramado de operaciones y actos ejecutados y celebrados hace décadas, con el objeto de maximizar ilegalmente la rentabilidad que inmobiliarias y desarrolladores han pretendido obtener a partir de este proyecto”.

A su parecer, con el juicio se busca conocer “si la demandada goza o no de una servidumbre de tránsito sobre los caminos internos del Condominio P1 (los caminos internos), constituida a partir de una escritura pública celebrada el año 1990, y que sería el único título que la autoriza para forzar al Condominio P1 a que le permita utilizar los caminos internos”.

“La contraria argumenta que se debía aparentar frente a los bancos que existía una servidumbre, motivo por el cual era esencial denominar servidumbre a la escritura respectiva, aun cuando realmente no lo fuera; y reconoce que el término ‘servicio’ no sería visto con buenos ojos, ya que múltiples bancos e institución que otorgan financiamiento para proyectos, así como los mejores estudios jurídicos de la plaza, habrían constatado inmediatamente que no podía constituirse una servidumbre de tránsito por la vía de imponer primero un servicio de ese tipo, pues el tránsito no es un servicio continuo y aparente que pueda devenir en servidumbre”, concluyó.