La Concesionaria de Estacionamientos Alonso de Córdova (Zoccalo) -propiedad de las inmobiliarias SuKsa; Kumquat, de la familia Abumohor, y el empresario español José Cabrerizo-, lanzó la semana pasada una nueva arremetida para revertir la caducidad de la concesión de estacionamientos en Vitacura.

La sociedad presentó un reclamo de ilegalidad en contra del decreto alcaldicio que notificó el término anticipado del contrato de concesión, debido a supuestos incumplimientos de la empresa al no dar inicio a la explotación dentro del plazo de 36 meses desde la aprobación del proyecto. Esto, luego que el 9 de marzo en decisión unánime por el concejo municipal, se resolviera revocar de manera anticipada el convenio de la iniciativa que considera una inversión total de $16.512 millones (US$23 millones).

Se trata de la última instancia administrativa y -al igual que en el caso de Cencosud Shopping por Alto Las Condes 2- debe ser resuelta por la alcaldesa Camila Merino (Evópoli) en un plazo perentorio que expiraría el 11 o 12 de mayo próximo. En caso de no hacerlo, operaría el denominado silencio administrativo y la empresa tendría luz verde para acudir a la Corte de Apelaciones de Santiago, trasladando el conflicto a la justicia ordinaria.

Esta concesión, también conocida popularmente como “proyecto Zoccalo”, fue adjudicada en julio de 2006 para explotar los estacionamientos de superficie existentes en Alonso de Córdova, con la opción de presentar un proyecto de estacionamientos subterráneos que reemplazara los existentes.

Sin embargo, vecinos a la iniciativa han planteado reparos debido a los problemas que ocasionará su construcción.

Por medio de una declaración por escrito, Zoccalo explicó que “el reclamo de ilegalidad enviado a la municipalidad es parte del procedimiento para –como anunciamos en marzo pasado cuando el concejo y la alcaldesa pusieron fin a la concesión del proyecto– tomar acciones legales en contra del municipio y los responsables de esa resolución. Se llegó a esta situación por el actuar fuera de la normativa y no respetar un contrato, algo que dolió mucho. Nunca fuimos escuchados y la municipalidad eligió este camino, ellos sabían que poner término a la concesión de esta manera abriría un camino legal que para nadie es beneficioso, tiene altos costos para la municipalidad y compromete la certeza jurídica que le debe a la comuna, y no soluciona el problema de seguridad, estacionamientos y calidad de vida del sector de Alonso de Córdova”.

Desde la Municipalidad de Vitacura no hubo respuesta a las consultas planteadas por este artículo.

En su presentación la concesionaria denunció cinco vicios de ilegalidad. Según la empresa, en el proceso de caducidad se vulneró su derecho al debido proceso, pues no tuvo la oportunidad de presentar sus descargos.

Un segundo argumento –que explicó en su reclamo de ilegalidad- es que, a su parecer, no existen antecedentes que acrediten los supuestos incumplimientos que acusó la División Jurídica de la Municipalidad de Vitacura.

Por otro lado, el tercer punto planteado sobre el decreto dictado, es que la propia alcaldesa vulneró el deber de “imparcialidad y de abstención” que requería la autoridad. Ello, fundado en una entrevista que concedió la jefa comunal a Radio Paula del 3 de diciembre de 2021 en el que se manifiesta totalmente contraria al proyecto.

“Nosotros hemos sido críticos del proyecto, porque Alonso de Córdova tiene que ser visto de una manera integral y el proyecto que se haga ahí tiene que resolver los problemas y no abocarse solamente a una solución de estacionamientos que al final va a entorpecer más que resolver el problema de Alonso de Córdova”, dijo en aquella oportunidad la alcaldesa.

El cuarto vicio de ilegalidad mencionado radica en que con su resolución la municipalidad contraviene dictámenes de la Contraloría General de La República. Ello, debido a que al plazo previsto para el inicio de su explotación debía agregarse el tiempo utilizado en las gestiones en que se ha incurrido para resolver el eventual financiamiento compartido por el mayor costo que irroga el traslado de las redes de servicios.

Al mismo tiempo, en su presentación Zoccalo -como un quinto argumento- sostuvo que con su resolución la municipalidad ha dado inicio a la ejecución de una boleta de garantía, lo que fue duramente cuestionado por la concesionaria en su presentación. En efecto, para la concesionaria no existe un incumplimiento a las bases del contrato.