El pasado 2 de junio, la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, anunció públicamente que el proyecto minero portuario Dominga sería votado por el Comité de Ministros “hacia fines de año”. Se trata de la instancia administrativa más elevada del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y que vería por segunda ocasión la iniciativa que considera una inversión de US$2.500 millones, cuya tramitación se encuentra hoy en su etapa final.

A casi cinco meses de sus palabras, el 24 de octubre, el Ministerio de Salud (Minsal) a través de la Subsecretaría de Salud Pública emitió un reporte al Comité de Ministros en el que cuestionó la temporalidad de los informes elaborados por el titular para validar que cumple con las exigencias ambientales.

Según el texto del Minsal, el proponente concluyó que las emisiones atmosféricas del proyecto, sumadas las del proyecto Puerto Cruz Grande, no introducirían cambios significativos en la calidad del aire en el área de influencia, puesto que no se superarían los valores establecidos en las respectivas normas de calidad ambiental, según lo establecido en el artículo 5 del D.S.N°40/2012 del Ministerio del Medio Ambiente.

“En relación a lo anterior, se debe tener presente que dado el tiempo transcurrido desde la evaluación ambiental de este proyecto (2012), la norma primaria de calidad del aire para MP10 utilizada por el proponente en su análisis (D.S. N°59/1998 del Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia), con la que se descartó el eventual riesgo para la salud de la población asociado a las emisiones de MP10, ya no se encuentra vigente, habiendo sido reemplazada por el D.S. N°12/2021 del Ministerio del Medio Ambiente”, consignó el escrito firmado por el subsecretario de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado Nahum.

En términos sencillos, la autoridad cuestionó que Andes Iron se basará en normas extemporáneas para avalar el cumplimiento ambiental en materia de calidad del aire, como la utilizada, que data de hace 24 años.

“La información contenida en el Anexo II. 1b no permite establecer si las emisiones asociadas al transporte de concentrado por tierra (Anexo I.2c, Adenda 3) o en embarcaciones, habrían sido incluidas en los datos de entrada al modelo de dispersión, ya que en dicho anexo no se detallan las fuentes consideradas para definir los escenarios de modelación de las fases de construcción y operación del proyecto”, agregó el mismo documento.

Sin embargo, en el informe el Minsal reconoce que esta información no fue requerida al titular durante la etapa de evaluación del proyecto.

Fuentes cercanas a Andes Iron comentaron que “la empresa está a la espera de la ratificación por parte del Comité de Ministros. En cuanto a conversaciones con interesados de origen chino por ingresar a la propiedad de Dominga, la empresa está sometida a acuerdos de confidencialidad”.

Sobre el informe de Salud, las fuentes consultadas señalaron que “es un oficio más bien neutro, que si bien plantea un par de dudas respecto de la evaluación ambiental, reconoce que no fueron aspectos consultados al titular durante la evaluación. A su vez, da cuenta de que Salud regional no presentó observaciones respecto de la evaluación del proyecto”.

Consultado el Ministerio del Medio Ambiente si la próxima reunión del Comité de Ministros vería el proyecto de Andes Iron, señalaron: “aún faltan respuestas a los oficios solicitados para pronunciarse respecto de los recursos, por lo que la fecha aún no está definida”.

Por otro lado, el reporte del Minsal también destacó que Andes Iron no detalló los supuestos o consideraciones técnicas que permitieron fundamentar un cambio en la calificación del impacto ambiental de la iniciativa.

“Según se describe en el apartado 4.5.1.1 del del Capítulo 4 del EIA, el proponente inicialmente calificó el impacto ambiental estimado para la componente aire (CCA-1), para los sectores la Aguada (por PM10 anual) y Trapiche (por NOx horario), con jerarquía media, lo que fue reiterado en la Adenda 1 (Tabla I-72). Dicha calificación fue modificada en el Anexo II.1b de la Adenda 3 específicamente en la Tabla EA-33, proponiendo finalmente calificar dicho impacto con jerarquía baja o no significativa”, consignó el documento.

El Minsal sostuvo que para construir los inventarios de emisiones de cada uno de los tres escenarios contemplados (caso base, construcción y operación), el proponente habría utilizado la metodología de cálculo recomendada por la EPA en el documento AP-42 Compilation of Air Pollutant Emission Factors (1995), además de lo consignado en el informe “Servicio de recopilación y sistematización de factores de emisión para el SEA (2015) y la Guía para la Estimación de Emisiones Atmosféricas de Proyectos Inmobiliarios elaborada por la Seremi del Medio Ambiente de la Región Metropolitana (2012).

Dos días antes de la emisión del informe del Minsal, la Dirección General de Aguas contestó un requerimiento de información planteado por la directora Ejecutiva del SEA, Valentina Durán.

En su informe el director general de aguas del Ministerio de Obras Públicas, Rodrigo Sanhueza, concluyó que “tanto los protocolos de acción como los indicadores comprometidos son idóneos y suficientes para el control de las aguas subterráneas de la Quebrada Los Choros, cumpliendo con el objetivo para el cual fue elaborado dicho plan; siempre cuando los puntos comprometidos monitoreen, en la mayoría de los casos, la misma unidad hidrogeológica que los pozos de reinyección”.

El informe viene a ser un respaldo a los compromisos ambientales que asumió Andes Iron y se suma a los reportes positivos planteado por otras entidades como el Servicio Agrícola Ganadero, el Servicio Nacional de Turismo y el Servicio Nacional de Pesca.