Andes Iron, minera de propiedad de las familias Délano y Garcés, manifestó su preocupación por dos oficios que ingresaron la semana pasada al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) en el marco de las gestiones para someter a votación las reclamaciones presentadas en contra del proyecto minero portuario Dominga, en el Comité de Ministros.

La iniciativa, que considera una inversión de US$2.500 millones y cuyo titular prometió agua potable gratis durante 25 años a los habitantes de la comuna de La Higuera, está en una fase clave. Ello, porque una serie de organismos oficiados por el Servicio de Evaluación Ambiental, liderado por la abogada Valentina Durán, han respondido a las consultas para conocer si tienen peso o no las reclamaciones planteadas por los opositores al proyecto: Oceana, pescadores de la zona cercana a Punta de Choros y trabajadores del turismo, asesorados por FIMA, ONG fundada por el abogado Fernando Dougnac.

La semana pasada las alarmas se encendieron en la minera, luego que el 4 de agosto la directora nacional (s) del Servicio Agrícola Ganadero (SAG), Andrea Collao, ingresara un escrito al SEIA en el que si bien reconoce que las materias abordadas no son del ámbito de su competencia, igualmente manifiesta reparos al proyecto.

Se trata de un vuelco en la opinión manifestada por esta autoridad, ya que anteriormente en un oficio del 30 de junio manifestó que “las respuestas entregadas por el titular a las observaciones del SAG, en las distintas etapas del proyecto, son satisfactorias, por cuanto, se acompañan los antecedentes suficientes y, la evaluación se realiza considerando todos los componentes que pudiesen ser afectados por la construcción y operación del proyecto, considerando, además, la sinergia entre ellos”.

Sin embargo, en el oficio de ahora cuestionó la línea base de fauna marina en el área de influencia de Dominga. “En este caso, observamos que el titular realizó una campaña de invierno, en la cual realizó muestreo de solo dos días, no existiendo una justificación técnica que permita asegurar que la intensidad y oportunidad de muestreo sea la apropiada, considerando la biodiversidad potencial del área”, sostuvo la institución dependiente del Ministerio de Agricultura.

“Respecto al área de influencia, recién en la Adenda N°3 se amplió el área de influencia en donde se traslapan los proyectos Dominga y Puerto Cruz Grande. Para la nueva área de influencia definida por el titular no se evalúa el efecto sinérgico y acumulativo en el componente fauna marina para los impactos ruido y contaminación lumínica”, acotó el servicio.

Desde Andes Iron comentaron que les había “sorprendido doblemente el nuevo oficio del SAG. Primero porque la entidad, en el marco de sus competencias, ya había emitido un informe favorable y, además, porque este nuevo informe -según reconoce el propio SAG- aborda materias que no son ‘directamente de competencia del Servicio’. Esto es una acto completamente irregular, que excede el ámbito técnico que debe imperar en estas instancias”.

Consultado el SAG si este nuevo oficio que envió la directora nacional (s) Andrea Collao es un acto irregular y que excede al ámbito técnico, como acusa la minera, respondió: “en el ámbito de sus competencias contestó mediante oficio ordinario 2091/2022, que responde técnicamente a las reclamaciones interpuesta en contra de la Resolución 161/2021, en relación al oficio 2534/2022 este viene a dar respuesta al punto 2 del oficio N° 2022991022389/2022 del SEA”.

El último pronunciamiento del SAG se produce luego que el Servicio de Evaluación Ambiental de Coquimbo manifestara su respaldo a la tramitación de Dominga.

Fernando Roco, abogado de la Asociación Comunal de La Higuera -agrupación que forma parte del proceso de evaluación ambiental-, señaló que “veo con preocupación lo que está haciendo el SAG, porque ya había informado en términos bastante favorables y ahora hay otra información de la misma entidad gubernamental, pero informando en términos opuestos a lo primero y sobre todo en materias que están fuera de su ámbito de competencia”. “Leí el oficio, e incluso ellos mismos dicen que son materias que están fuera de su ámbito de competencia, lo que es no solamente ilegal, sino que también inconstitucional”, agregó.

“Me temo que pudiéramos estar entrando nuevamente en una dinámica de injerencia indebida de los servicios, con presiones políticas, que fue lo que inoculó de tantas irregularidades el proceso anterior en el Comité de Ministros del gobierno de Michelle Bachelet”, concluyó.

Por su parte, Marcelo Castillo, abogado y académico de derecho ambiental, manifestó que ”me parece sorprendente que en el marco del proceso de reclamación ambiental, que se supone que debe ser técnico y ajustado a derecho, nunca había visto lo que está haciendo el Servicio Agrícola Ganadero: que diera la conformidad y dijera que el proyecto cumplía satisfactoriamente con los requerimientos legales, y después presente otro informe contradiciendo lo anterior, y además diciendo expresamente que estaba fuera de sus competencias e incorporando antecedentes que son contradictorios”.

Otra entidad que forma parte de la evaluación del proyecto Dominga y que expresó reparos es la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura. La entidad por medio de un oficio, enviado un día después del que ingresó el SAG, cuestionó la línea base del proyecto y sus impactos.

“En cuanto al adecuado levantamiento de línea de base del proyecto, cabe hacer presente que, transcurrido el tiempo desde que Dominga comenzó su proceso de evaluación, existen hoy nuevos antecedentes con que cuenta la Subsecretaría, tanto en relación con la metodología de evaluación como en las medidas adoptadas por el titular, que se estima necesario poner en conocimiento en el marco de los recursos de reclamación interpuestos en contra de la Resolución Exenta N° 162/2021 atingente al SEIA del proyecto Dominga”, indicó el oficio firmado por el subsecretario de Pesca y Acuicultura.

La misma entidad explicó que existen estudios que no formaron parte de la evaluación de Dominga y que hoy son “utilizados” durante los procesos de evaluación ambiental de nuevos proyectos ingresados al SEIA. Se trata de los estudios de “Estandarización Metodológica para el Desarrollo de Líneas Base y Seguimientos Ambientales de Mamíferos Marinos en Aguas Jurisdiccionales (FIPA-CEQUA)”, “Establecimiento de una Guía Metodológica y de Protocolos de Muestreo y/o Registro in Situ para Organismos Hidrobiológicos presentes en Aguas Marítimas Costeras (FIPA-CIBAS)” y la “Guía para la Evaluación Ambiental de Proyectos Industriales de Desalación en Jurisdicción de la Autoridad Marítima”.

Asimismo, Subpesca señaló que desconoce los impactos que provocarán las mejoras tecnológicas que comprometió en su evaluación el titular del proyecto para la desalinizadora.