La Organización de Consumidores y Usuarios de Chile (Odecu) presentó este martes una demanda colectiva en el 27º Juzgado Civil de Santiago contra cuatro bancos y sus respectivas corredoras y aseguradoras, acusándolos de continuar cobrando primas de seguros antifraudes que habrían perdido su objeto tras la entrada en vigor de la Ley de Fraudes (Ley N°21.234) en mayo de 2020. Según el documento, “los seguros antifraudes se transformaron en un nuevo fraude impuesto a los consumidores financieros”.

Las demandadas son: Banco Santander, Banco de Chile, Banco BICE y Banco Security, junto con sus corredoras y aseguradoras relacionadas, como Santander Corredora de Seguros Limitada, BICE Corredores de Seguros Limitada, BanChile Corredores de Seguros Limitada, Zurich Santander Seguros Generales Chile S.A. y BNP Paribas Cardif Seguros Generales S.A.

De acuerdo con la acción, “la Ley de Fraudes trasladó dichos riesgos a los bancos demandados”. Esto significó que los seguros antifraudes ofrecidos por las entidades financieras dejaron de tener un objeto legítimo. Sin embargo, la acción judicial argumenta que las demandadas continuaron cobrando primas de forma indebida y sin el consentimiento informado de los consumidores.

En el escrito, se acusa a las demandadas de “ofrecer supuestas coberturas adicionales, distintas a las contratadas inicialmente, con el objeto de seguir cobrando mensualmente (¡y de manera automática!) la prima de estos contratos”. Odecu argumenta que estas acciones vulneraron el derecho de los consumidores a recibir “información veraz y oportuna”, transformando un estatuto creado para protegerlos en “un fraude contra los consumidores”.

La demanda también señala que las entidades bancarias ocultaron las implicancias de la nueva normativa. “Las demandadas decidieron omitir la entrega de información relativa a los nuevos contratos de seguros antifraudes”, agrega el documento. Además, se alega que las empresas asumieron el silencio de los consumidores como consentimiento para mantener los contratos o renovar pólizas sin riesgos asegurables.

La acción es patrocinada por Alejandro Awad y Esteban Barra, socios de BACS Abogados.

Odecu busca que el tribunal declare la “inexistencia, nulidad, resolución y/o la terminación de los contratos de seguros celebrados antes de la vigencia de la Ley de Fraudes” y sancione las nuevas pólizas impuestas a los consumidores, declarando su “nulidad absoluta por ausencia de consentimiento, por falta de objeto, por objeto ilícito y/o por falta de causa o causa ilícita”.

La demanda también exige que las demandadas restituyan las primas cobradas indebidamente y sean condenadas al pago de indemnizaciones por los perjuicios causados. Según el texto, “Odecu ha efectuado estimaciones preliminares, a título meramente ilustrado, que arrojan un daño estimado en miles de millones de pesos”. Además, solicita que se apliquen “daños punitivos”, incrementando en un 25% las indemnizaciones que se concedan a los afectados, en atención a “la gravedad de las negligencias de las demandadas, así como de los daños causados a los consumidores financieros”.

Por último, el documento subraya la importancia de esta acción colectiva para garantizar justicia a los consumidores afectados: “Esta es la única vía efectiva, actualmente existente, para que puedan acceder a la justicia”.