Pensión Garantizada Universal llegó al 80% de los adultos mayores de 65 años en 2023

La población mayor de 65 años en Chile ha crecido desde 1.641.377 a 2.692.460 entre 2009 y 2023, un alza de 64% en catorce años, o 1.051.083 personas adicionales. En ese periodo, el número de beneficiarios de las pensiones solidarias de vejez que entrega el Estado incluso ha subido más, pasando desde 636.806 a 2.146.885, un incremento de 237%, o 1.510.079 beneficiarios adicionales, según cifras que muestra el informe anual de 2023 que realizó el Consejo Consultivo Previsional.

De esta manera, si en 2009 en la práctica las pensiones solidarias llegaban al 38,8% de los adultos mayores de 65 años o más, en 2023 la cobertura alcanzó el 79,7% de los mayores de esa edad, puntualiza el documento. Estas cifras al cierre del año pasado incluyen la Pensión Garantizada Universal (PGU, 1.980.698 beneficiarios), y el Aporte Previsional Solidario (APS) de vejez con el que se quedaron algunas personas (166.187) a las que les convenía más que cambiarse a PGU.

Es que los requisitos de focalización se han flexibilizado. En 2009 el Pilar Solidario permitía que accedieran a este beneficio el 40% de menores ingresos de la población total del país, lo que fue creciendo gradualmente, hasta llegar a un 60% de población total del país en 2011. Luego, con la introducción de la PGU, desde 2022 se permitió acceder a una pensión solidaria al 90% de la población de 65 años o más. Eso cambió el año pasado, y para que pudieran acceder más personas a este beneficio, se permitió acceder a la PGU al 90% de la población total del país.

¿Por qué entonces la PGU llega al 80% de los adultos mayores de 65 años o más, si en el papel se señala que puede acceder el 90% de la población?

La economista Paula Benavides, integrante del Consejo Consultivo Previsional, sostiene que “la cobertura es distinta al 90% de las personas de 65 años y más, por varias razones. Por ejemplo, la PGU no es aplicable a los pensionados de Capredena o Dipreca. Asimismo, existe una regulación específica para quienes reciben pensiones de leyes especiales de reparación, que acota la cobertura”.

Agrega que “también existen otros requisitos para acceder a la PGU, que no todos cumplen, como el de residencia. Se requieren al menos 20 años de residencia, continuos o discontinuos, desde los 20 años de edad y al menos cuatro en los últimos cinco años anteriores a la solicitud; y la pensión base debe ser menor a un monto llamado pensión superior, actualmente en $1.158.355″.

Asimismo, Benavides explica que “el requisito de focalización, además, se define como no integrar un grupo familiar perteneciente al 10% más rico de la población de Chile. Es decir, se focaliza en relación a la pobreza del conjunto de la población. Por último, para acceder a la PGU las personas deben presentar una solicitud y, aunque se han hecho importantes esfuerzos de difusión, no todos los potenciales beneficiarios la solicitan”.

La economista Cecilia Cifuentes, también integrante del Consejo Consultivo Previsional, comenta que esa diferencia ocurre por el criterio de focalización, “porque además de pertenecer al 90% de los hogares de menores ingresos, o dejar fuera al 10% de hogares de mayores ingresos, la pensión base debe encontrarse en ciertos rangos límites, lo cual no necesariamente es la pensión que está recibiendo la persona en el momento, porque la pensión base es la que se calcula al momento de jubilar, y que equivale a un renta vitalicia si una persona la tomara en ese minuto”.

Cifuentes señala que “el otro problema, es que aquí hay que postular, entonces también es cierto que hay personas que a lo mejor focalizan, pero que no han postulado necesariamente. Por eso aún no llega al 90%, y tampoco debería llegar, por este criterio del monto de pensión base que tienen que tener las personas”.

De acuerdo a lo que establece la ley, para las personas que tienen una pensión base menor o igual a $730 mil mensuales, el monto de la PGU corresponderá a $214.296, mientras que si la pensión base está entre $730 mil y poco más de $1,1 millones, el monto de la PGU será variable.

Los cálculos anteriores no consideran los beneficios de invalidez que también entrega el sistema de pensiones solidarias, ítem donde el número de beneficiarios también ha subido. Según el informe, han aumentado en 38%, pasando de 195.151 en 2008 a 263.756 en 2023. Eso sí, el número se mantiene en torno a 2% de la población entre 18 y 64 años, segmento que puede acceder a este beneficio en situaciones de invalidez.

Bajo este escenario, al cierre del año pasado el gasto total del sistema de pensiones solidarias llegó a $ 5.738.085 millones, equivalente a 2,04% del PIB. Esto se compara con el 1,24% del PIB que se gastó en 2021 y el 1,70% del PIB que se desembolsó en 2022. Estos aumentos se explican por los efectos derivados de la ley N°21.190 de diciembre de 2019, que aumentó el valor de los beneficios que se entregaron en ese momento, pero principalmente se debe al “establecimiento de la PGU, con la ley N°21.419 de enero de 2022, cuya implementación gradual fue generando mayores gastos durante el año”, puntualiza el documento.