La Universidad Bolivariana amplió el pasado viernes una querella interpuesta ante el 4º Juzgado de Garantía de Santiago en el marco del caso conocido como Audio, vinculando un reciente robo con la investigación en curso.

La querella original, presentada el 13 de mayo de 2024, denunció graves irregularidades relacionadas con la administración de la universidad. En el documento, se acusó la emisión de 123 facturas fraudulentas entre 2015 y 2022 por un monto total de $1.197.140.654, generadas por la empresa Factop SpA. Dichas facturas, según detalla el escrito, fueron emitidas por “la supuesta realización de servicios que jamás fueron prestados a la Universidad”. Estos hechos ocurrieron mientras la institución estaba bajo el control del grupo liderado por Munir Nagib Hazbún Rezuc, quien además ocupó el cargo de director. Según la querella, esta operación irregular contribuyó significativamente a la crítica situación financiera que enfrenta la casa de estudios.

Munir Hazbún mantiene vínculos con los hermanos Ariel y Daniel Sauer en diversos negocios, además de su relación con la Universidad Aconcagua, donde, según un reportaje de Ciper, se registraron transacciones con Factop por más de $2.600 millones.

El caso tomó relevancia cuando la abogada Leonarda Villalobos grabó una conversación con Daniel Sauer en las oficinas de su colega Luis Hermosilla. En el audio, difundido por Ciper, se discutieron presuntos pagos de sobornos a funcionarios de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y del Servicio de Impuestos Internos (SII).

Durante la conversación, Villalobos mencionó repetidamente a Munir Hazbún por su participación en distintos negocios y sociedades, incluyendo el Instituto Profesional Valle Central.

En la reciente ampliación de la querella, la universidad solicitó investigar un robo ocurrido el fin de semana del 25 de noviembre de 2024 en su Casa Central, ubicada en Santiago Centro. En este episodio, los delincuentes sustrajeron bienes de manera selectiva, concentrándose principalmente en objetos relacionados con la investigación del caso Factop.

El documento presentado ante el tribunal describe con detalle las circunstancias del robo, destacando la intencionalidad de los responsables al elegir los bienes sustraídos. “Hubo un esfuerzo de búsqueda y selección de qué cosas sustraer de la Casa Central, con una especial atención a las pertenencias y antecedentes que pudieran estar relacionados con la investigación del Caso Factop”. Entre los objetos sustraídos figuran dos CPU, un monitor y una carpeta con documentación física directamente vinculada al caso. Pese a este incidente, se señala que “toda la información contenida en esa carpeta se encontraba respaldada”.

El acceso al edificio se logró mediante el forzamiento de puertas y ventanas. “El portón de acceso de la reja de la universidad se encontraba forzado, manteniéndose aparentemente cerrado, al estar apoyado en una piedra”, se detalla en el texto. Además, se especifica que los ladrones cortaron y doblaron las rejas de protección de una ventana, creando un espacio suficiente para ingresar al edificio.

Por su parte, José Miguel Gatica, ex presidente de la Junta Directiva de la Universidad Bolivariana, cuestionó la ampliación de la querella presentada por la casa de estudios. “Los hechos que están siendo investigados ocurrieron el 25 de noviembre de 2024. En esa fecha y desde el año 2022 el controlador de la Universidad es Carlos Cáceres Valdebenito. El se ha acostumbrado a atribuir conductas irregulares. En mi caso afirmó conductas desleales, de las que debió judicialmente disculparse y además indemnizar por sus dichos. Carlos Cáceres es amo y señor de dicha Universidad y nada tiene que ver con el señor Hazbún quien salió de la Universidad en diciembre de 2021. Todo lo que afirma el señor Ciro Colombara abogado patrocinante de la querella es inexacto y antes de ventilarlo por la prensa debiera probarlo en tribunales”.

José Miguel Gatica, como ex representante de la Universidad afirmó además que “el actual controlador -Carlos Cáceres- es quien materialmente tiene el resguardo de la Universidad, por lo que razonablemente es el quien debiera haber denunciado en su momento el supuesto robo”.

El abogado de Daniel y Ariel Sauer, Octavio Sufán negó que sus clientes mantengan negocios actualmente con Munir Hazbún.

La Universidad Bolivariana plantea que el robo podría estar vinculado a intentos deliberados de obstruir la investigación en curso. Según la querella, “esto nos lleva a creer que alguna persona con conocimiento del funcionamiento interno de La Universidad, así como de su relación con la presente investigación, ha intentado obstruirla por medio del robo realizado a la UB”.

La mañana del lunes 25 de noviembre, cuando el personal descubrió el robo, las autoridades universitarias informaron del hecho a Carabineros. Asimismo, se solicitó al Ministerio Público coordinar con la Brigada de Investigación Criminal Metropolitana de la PDI para realizar las diligencias necesarias, incluyendo la identificación de los responsables y el esclarecimiento de los hechos.

Una de las diligencias destacadas es la citación a declarar de Pedro Miras Zambrano, Vicerrector de Administración y Finanzas de la universidad, quien fue uno de los primeros en enterarse del robo. De su oficina fueron sustraídos objetos relevantes, entre ellos, la CPU y la carpeta vinculada al caso Factop.

En mayo de este año, la universidad dirigida por Carlos Cáceres Valdebenito presentó una querella en la que cuestionó a su excontrolador por sus presuntos vínculos con Factop.

En la acción penal, la casa de estudios afirmó que “Munir Hazbún se encuentra actualmente siendo investigado en el contexto del denominado ‘Caso Audios’, del cual derivó la causa en contra de Factop por presuntos casos de cohecho y otros delitos de corrupción”. “En este contexto, se identifican tanto los medios como los posibles motivos por los cuales Factop podría haber considerado conveniente emitir facturas falsas a nombre de la universidad, aprovechando que estaba bajo el control de una parte relacionada”, acotó.

“Dentro de este esquema, Hazbún habría tenido una participación directa en facilitar la emisión y el pago de facturas ideológicamente falsas, causando un perjuicio directo al patrimonio de la universidad que controlaba y representaba como director”, concluyó.