Por casi tres horas se prolongó este miércoles la audiencia de formalización del presidente de Clínica Las Condes (CLC), Alejandro Gil, por el presunto delito de querella calumniosa.

El caso se originó a partir de una querella criminal presentada el 16 de mayo de 2022 por Fredy Jacial, exgerente general de CLC -entre mayo y agosto de 2020-, quien acusó a Gil y a Jerónimo García de interponer una querella calumniosa en su contra. Esta acción fue posterior al sobreseimiento de Jacial, ocurrido el 20 de septiembre de 2021, cuando fue absuelto de una querella por administración desleal presentada por Gil y García. En esa ocasión, se declaró la inocencia de Jacial y se determinó que la querella presentada por Gil y García carecía de fundamento.

Durante la audiencia, se revelaron parte de las declaraciones y actas del directorio de CLC, documentos que hasta ahora se habían mantenido bajo estricta reserva en el caso.

En su declaración policial del 22 de febrero de 2022, Alejandro Gil afirmó: “Luego de la salida del señor Jacial de la gerencia general, el departamento de Contraloría de la clínica inició un proceso de revisión de ciertas conductas y acciones que ejecutó el gerente general, y la conclusión de ese análisis fue que actuó a espaldas del Directorio, realizando actos que perjudicaron a la clínica en miles de millones de pesos sin jamás informarlo”.

Sin embargo, entre agosto de 2020 y abril de 2021 no existe registro de cuestionamientos a la gestión de Jacial en las reuniones de directorio, argumenta Trinidad Luengo, socia de Luengo Montt-Estudio Jurídico, abogada de Jacial. De hecho, tampoco hay referencia alguna a la supuesta investigación realizada por el contralor de CLC, Guillermo Gajardo, añade.

‘Lo que me pidió el señor Gil fue recolectar la información del total de pacientes COVID y comparar la cifra con las camas establecidas en la Resolución 356, dado que, según su interpretación y la del abogado asesor de la clínica, la obligación impuesta por la autoridad correspondía a 64 camas. El mismo señor Gil me solicitó calcular de una manera razonable cuál era el diferencial de costos por la utilización de cada cama”, explicó el contralor en su declaración ante la Fiscalía del 10 de febrero de 2023.

Durante la audiencia de este miércoles, Alejandro Gil se mantuvo sentado, bebiendo agua en varias ocasiones. Cada vez que estaba en desacuerdo con las intervenciones del Ministerio Público o de la querellante, se acercaba a su abogado, Álvaro Jofré, para darle instrucciones.

No se dictó una medida cautelar de arraigo nacional en su contra, ya que la magistrada Carolina Herrera consideró que el imputado ya estaba sujeto a dicha medida, tras ser formalizado por el mismo tribunal por el presunto delito de apropiación indebida.

El origen de la querella de CLC en contra del exgerente general se gestó en la sesión de directorio del 6 de mayo de 2021, cuyo audio consta en la carpeta investigativa del Ministerio Público.

Al inicio de esa reunión, Alejandro Gil informó al directorio sobre su decisión de presentar una querella en contra de Fredy Jacial, expresándolo en los siguientes términos:

“Mira, te voy a comentar que, debido al tema del COVID-19 y las pérdidas generadas el año pasado por la pésima administración, por la cual tuve que despedir a los gerentes que tú bien conoces porque llegaste en abril, aunque no alcanzaste a vivir el desastre de ese mes. En abril de 2020, tuvimos pérdidas de $4.680 millones, y el entonces gerente y director ejecutivo, el señor Jacial, nunca quiso informar sobre las actividades que realizaban en la Clínica. Por ello, he solicitado a los abogados que les informen porque iniciaré una querella por administración desleal contra esos dos gerentes. Al final, el señor Jacial nos entregó la Clínica con una pérdida de más de $11.000 millones de pesos al mes de agosto. Se violó el requerimiento de 64 camas, llegando a tener hasta 252 camas ocupadas exclusivamente por pacientes COVID, porque en abril nos cerraron la Clínica, debido a que no hicieron lo necesario. Los gerentes han tenido que buscar datos porque todo el directorio de esa época está expuesto si no pedimos una investigación sobre las malas prácticas administrativas que hubo en esa época, las cuales parecen ser intencionadas. Nunca se nos informó en los directorios la cantidad de pacientes COVID que había en la Clínica; siempre se omitió, a pesar de que en todos los directorios preguntaba al respecto. Los ejecutivos de la Clínica hoy están absolutamente sobrecargados y sobrepasados. Te lo digo porque estoy aquí día a día.”

“Van a entrar los abogados, yo me voy a parar para que expongan el tema de la querella que pretendo presentar contra algunos gerentes de la época anterior”, agregó.

Esos abogados mencionados por Gil eran los exasesores de CLC, Sebastián Oddó y Marcelo Sanfeliú.

En su declaración prestada ante la Fiscalía el 4 de abril de 2023, Sebastián Oddó indicó al respecto: “Alejandro Gil, presidente del Directorio, se percató de un movimiento inusual y de que la cantidad de pacientes hospitalizados por COVID-19 informada por Fredy Jacial –quien ya había dejado de ser gerente general– al Directorio, no coincidía con el elevado nivel de ocupación. Por esta razón, Alejandro revisó personalmente los pabellones y descubrió que la cantidad de pacientes COVID no correspondía con la cifra informada por el señor Jacial.”

Oddó añadió que, a raíz de este supuesto hallazgo de Gil, se llevó a cabo una investigación entre los meses de julio y septiembre de 2020, a cargo del contralor de CLC, Guillermo Gajardo.

En la querella por administración desleal que presentó CLC en contra de su exgerente general, se le imputó al ingeniero comercial que, mientras ejercía su cargo entre el 11 de mayo y el 11 de agosto de 2020, omitió informar al directorio la aceptación de pacientes Fonasa derivados por la Unidad de Gestión de Camas Centralizadas del Ministerio de Salud por encima de los límites impuestos por la autoridad sanitaria, causando un perjuicio a la clínica de al menos $8.598 millones.

La abogada de Jacial cuestionó duramente las acusaciones planteadas por CLC en su querella, señalando que es falso que el directorio de la clínica desconociera la disposición de camas durante la pandemia y las resoluciones de la autoridad sanitaria.

El 26 de mayo de 2020, en la reunión de directorio a la que asistieron los dos imputados: Alejandro Gil y Jerónimo García, se informó sobre los alcances de la Resolución Nº 356, que establecía cómo debía operar los centros médicos durante la pandemia.

En febrero y marzo de 2024, la División Jurídica del Ministerio de Salud informó a la Fiscalía que durante el período en cuestión “la autoridad sanitaria no estableció un techo o límite máximo al número de pacientes Fonasa que los prestadores de la Red de Salud Integrada Público-Privada COVID-19 debían recibir”.