Desde el 11 de marzo de 2021, ocho compañías extranjeras han activado mecanismos de solución de controversias a través de consultas amistosas ante el Ministerio de Relaciones Exteriores en un intento de resolver disputas de inversión con el Estado de Chile en el marco de tratados internacionales. Las diferencias han surgido principalmente debido a cambios regulatorios, decisiones administrativas y disputas contractuales que, según las compañías, han afectado la rentabilidad y continuidad de sus inversiones en el país.

En muchos casos, los intentos de resolución amistosa no han resultado en acuerdos satisfactorios, lo que ha llevado a las empresas a recurrir a instancias internacionales para la resolución de sus disputas. El principal mecanismo utilizado ha sido el arbitraje de inversiones bajo el CIADI, un órgano del Banco Mundial que resuelve conflictos entre inversionistas extranjeros y Estados mediante tratados bilaterales y multilaterales de inversión.

Chile ha suscrito diversos acuerdos de protección de inversiones con países como Estados Unidos, Suiza, Reino Unido y Noruega, lo que permite a inversionistas de esas naciones activar mecanismos de solución de controversias en caso de que consideren que el Estado chileno ha vulnerado sus derechos. Estos tratados contemplan cláusulas de protección contra la expropiación sin compensación, trato discriminatorio y otras medidas que puedan afectar negativamente la inversión extranjera.

Las empresas que han solicitado el inicio de un proceso de consulta amistosa incluyen a Ohio National Financial Services, Inc. y ON Global Holdings LLC, que presentaron su solicitud bajo el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Su proceso finalizó sin acuerdo. Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A. y Zurich Insurance Company Ltd. recurrieron al Acuerdo para la Promoción y Protección de las Inversiones con Suiza, reactivando su consulta en noviembre de 2024.

Principal Financial Group, Inc., junto con sus subsidiarias, inició el proceso de “consulta amistosa” bajo el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y el Acuerdo para la Promoción y Protección de las Inversiones con Reino Unido. Su consulta finalizó. MetLife Inc. también recurrió al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y su proceso de consulta no ha iniciado.

En el sector salud, Bupa Investment Overseas Limited acudió al Acuerdo entre Chile y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de Promoción y Protección de Inversiones. Su consulta amistosa finalizó sin éxito.

TRG Allocation LLC (Delibest) inició su proceso bajo el Tratado de Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos y concluyó posteriormente. Bordeaux UK Holdings II Limited y Banmédica S.A. hicieron lo propio bajo el Acuerdo entre Chile y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de Promoción y Protección de Inversiones, concluyendo su proceso.

En telecomunicaciones, NC Telecom AS, accionista de WOM Mobile S.A. y WOM S.A., presentó su solicitud basándose en el Convenio entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno del Reino de Noruega sobre la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones. Su proceso de consulta amistosa finalizó sin acuerdo y posteriormente interpuso una demanda en contra del Estado de Chile ante el CIADI.

De todas las empresas mencionadas sólo Zurich y Metlife no han llevado el tema a tribunales civiles en Chile o al Ciadi.

Los estudios jurídicos que han representado a estas empresas incluyen firmas de renombre internacional como Baker & McKenzie, Yrarrázaval, Ruiz-Tagle, Ovalle, Salas & Vial, Sidley Austin LLP, Carey y Cía, entre otros, que han asesorado a los inversionistas en la activación de mecanismos de solución de controversias.

Las controversias han surgido principalmente en sectores estratégicos como el financiero y de seguros, salud, telecomunicaciones e infraestructura, donde las empresas alegan que regulaciones, decisiones administrativas o cambios en políticas públicas han afectado sus operaciones.

Dos grandes multinacionales del sector de la salud han recurrido a mecanismos de resolución de controversias para enfrentar la crisis de las isapres en Chile. UnitedHealth Group (UHG), controladora de Banmédica, apeló al Acuerdo de Promoción y Protección de Inversiones entre Chile y el Reino Unido (1997) a través de su filial inglesa. La compañía ha sido asesorada legalmente por el bufete internacional Hogan Lovells, mientras que en Chile su representación está a cargo de Claro y Cía.

Por su parte, British United Provident Association (BUPA), dueña de Cruz Blanca, ha seguido el mismo camino, invocando el mismo tratado bilateral y fundamentando su reclamo en la falta de certeza regulatoria derivada de las decisiones judiciales. Su defensa está en manos de Rodrigo Díaz de Valdés, abogado de Baker & McKenzie.

El retiro de fondos de pensiones en 2021 afectó a las aseguradoras de rentas vitalicias, ya que la nueva ley les obligó a anticipar pagos extraordinarios a los jubilados, alterando unilateralmente los contratos. Alegando perjuicio patrimonial, cuatro compañías activaron mecanismos de resolución de disputas amparados en tratados internacionales de protección de inversiones.

Ohio National (EE.UU.) fue la primera en reclamar el 12 de mayo de 2021, con el respaldo de Baker & McKenzie. Luego, el 15 de junio, Chilena Consolidada (Grupo Zurich, Suiza) hizo lo propio, representada por Gerardo Ovalle (YCIA Abogados). Principal Vida (EE.UU. & Reino Unido) el 14 de octubre, seguida por MetLife (EE.UU.) el 21 de octubre iniciaron el proceso de consulta amistosa.

Ohio National Seguros de Vida presentó una demanda el 31 de julio de 2024 ante el 19° Juzgado Civil de Santiago en contra del Fisco de Chile, solicitando una indemnización de 284.646 UF (del orden de $10.923 millones al valor actual) debido a los perjuicios que, según la compañía, le ha causado la Ley 21.330, promulgada en abril de 2021. Esta ley permitió a los pensionados bajo el sistema de rentas vitalicias solicitar un adelanto de hasta el 10% de sus pensiones, lo que asegura la firma ha afectado gravemente su patrimonio y sus operaciones en el país.

Por su parte, Banmédica y VidaTres presentaron una demanda de indemnización de perjuicios en el que exigen al Fisco de Chile el pago de una indemnización que totaliza $25.379 millones. Las compañías se sumaron a la vía judicial que anteriormente habían emprendido Consalud y Colmena.

Desde Cancillería respondieron a Pulso: “De conformidad con los acuerdos de confidencialidad firmados con los inversionistas que piden consultas, no se pueden hacer comentarios sobre los procesos de consultas; solamente que existen y/o que han terminado”.