Entre 2011 y 2016, tanto en Santiago como en Viña del Mar, Pablo Gardella Arredondo y Sebastián Negrete Torres simularon tener un negocio de inversión que establecía una ganancia asegurada a los clientes en torno a la compra de acciones en bolsa, inversión en fondos mutuos y otros instrumentos financieros.

Con la promesa de lograr rentabilidades mensuales de entre 2% a 50%, durante ese lapso captaron más de $3.000 millones del público. Sin embargo, todo era parte de un esquema de estafa piramidal, ya que parte de ese monto lo destinaron a entregar falsos retornos a los inversionistas para asegurar su permanencia en el negocio, al tiempo que iban captando nuevos clientes que con sus aportes contribuían –sin saberlo- a mantener la bicicleta circulando.

Es decir, nunca realizaron las inversiones que prometían. Para llevar a cabo su plan, contaron con la colaboración de los hermanos de Pablo Gardella, Patricia y Eduardo, y de su esposa, Margaret González Díaz.

En paralelo, con parte del dinero obtenido de forma ilícita perpetraron diversas acciones para ocultar o disimular el origen de los fondos, dándoles una apariencia de legalidad o legitimidad. En ese contexto, entre otras transacciones, en febrero de 2014 Pablo Gardella adquirió un vehículo Volvo del año en $20 millones y en enero del año siguiente compró un auto Mercedes Benz del 2007 en $17 millones a nombre de su esposa, quien luego se lo transfirió a Eduardo Gardella, por lo que estos últimos dos actuaron como testaferros del primero.

También constituyeron variadas sociedades de papel o de fachada y entre ellos se transfirieron cuantiosas sumas de dinero a través de sus cuentas corrientes.

Todo lo anterior está consignado en la sentencia dictada por el Juzgado de Garantía de Viña del Mar, en mayo pasado, donde se condenó a Pablo Gardella como autor de los delitos de estafa y de irrupción al mercado cambiario a la pena de cuatro años de presidio menor en su grado máximo y como autor del delito de lavado de activos y asociación ilícita a cuatro años de presidio menor en su grado máximo. Por su parte, Negrete Torres fue condenado como autor de estafa e infracción a la Ley de Bancos a cuatro años de presidio menor en su grado máximo y como autor de lavado de activos y asociación ilícita a otros cuatro años.

Los otros tres también fueron condenados por los mismos ilícitos, pero con penas más bajas, donde el único de los cinco al que se le impuso la pena de cárcel efectiva fue a Pablo Gardella.

Esta es una de las últimas condenas que se han dictado por lavado de dinero en Chile y forma parte de las 47 sentencias condenatorias que ha logrado el Ministerio Público desde 2010 hasta la actualidad. Lo anterior, según información obtenida de ese organismo a través de la Ley de Transparencia.

En ese periodo, la Fiscalía ha abierto 861 investigaciones por este delito, donde ha formalizado 111 de ellas. De estas últimas, 65 han terminado con sentencias definitivas; 47 condenatorias y 18 absolutorias. El resto ha derivado en archivo provisional (27), decisión de no perseverar (10), sobreseimiento definitivo (7) y sobreseimiento temporal (2).

Los delitos base de las condenas se han concentrado en el tráfico de drogas, que de todos modos ha ido reduciendo su incidencia en los últimos años, la corrupción pública, entre otros, la malversación de caudales públicos, el cohecho y el fraude -ligados a los escándalos que han remecido a las Fuerzas Armadas y Carabineros-, y en los ilícitos de corte económico, como las estafas, las infracciones a la Ley de Mercado de Valores, la obtención fraudulenta de créditos y el contrabando.

Desde la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos, Delitos Medioambientales y Crimen Organizado (Uldecco) del Ministerio Público explican que el organismo instruyó a los fiscales que, respecto de cualquier comunicación de información que reciban de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), que supervisa la prevención del lavado de activo a nivel nacional, se debe abrir una investigación de lavado de dinero o agregar los antecedentes a un caso que ya está en desarrollo.

En ese sentido, la UAF recibe reportes de operaciones sospechosas de las entidades obligadas a reportar, tras lo cual aplican procesos de inteligencia financiera y en los casos en que encuentran indicios claros del mencionado ilícito, envían los antecedentes al Ministerio Público para que investigue.

"Esto genera una gran cantidad de ingresos, pero en varios de ellos, después de investigarlos no se logra conectar con alguna actividad ilícita que sea delito base de lavado de dinero. También resulta necesario aclarar que en la comparación realizada se refiere a formalizaciones por el delito de lavado de dinero, ya que en determinados casos ocurre que una investigación abierta por el delito de tráfico donde posteriormente se analizó la posibilidad de lavado de dinero, finalmente se decide solo formalizar por el delito de tráfico de drogas (opera el principio de objetividad)", son las razones que argumentan para explicar por qué sólo un 12,9% de las investigaciones abiertas ha terminado en formalizaciones.

De todos modos, destacan el alto nivel de condenas que hay en relación al total de las sentencias definitivas: 72,3%. "Este número irá en aumento en 2019 a raíz de todas las sentencias que se están dictando respecto del caso fraude de Carabineros", estiman en la institución.

Sobre los delitos base más comunes, indican que "desde la experiencia podemos ver que se da respecto a determinados tipos de criminalidad que producen una ingente cantidad de recursos. Asimismo, debemos tener presente que determinados delitos base se han incorporado de forma paulatina, por ejemplo, recién en la reforma de febrero de 2015 se incorporó una hipótesis de estafa".