Arrestan en Perú a ejecutivos de constructoras socias de Odebrecht en causa sobornos

Cinco empresarios de tres grandes constructoras de Perú fueron arrestados preventivamente el lunes, acusados de participar junto a la firma brasileña Odebrecht en sobornos al ex presidente peruano Alejandro Toledo a cambio de un millonario contrato.

En una histórica decisión judicial que involucra por primera vez a importantes ejecutivos y exejecutivos de firmas peruanas en sobornos, el juez Richard Concepción Carhuancho dictaminó la prisión preventiva mientras la fiscalía los investiga por los delitos de "colusión agravada y lavado de activos".

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El juez ordenó la prisión preventiva por 18 meses para directivos de Graña y Montero -la mayor constructora de Perú-, JJC Contratistas Generales e Ingenieros Civiles y Contratistas Generales, que fueron socias de Odebrecht en la construcción de una carretera al sur del país andino que une a Perú con Brasil.

Las acciones de Graña y Montero , que cotizan en Lima y Nueva York, se desplomaban cerca de 10 por ciento en la apertura bursátil el lunes.

Los papeles de Graña y Montero han caído drásticamente este año por el escándalo de corrupción de Odebrecht; y sus finanzas fueron duramente golpeadas por la cancelación de un proyecto de gasoducto de US$7.200 millones  controlado por su ex socia brasileña.

"La prisión preventiva es idónea para garantizar el sometimiento de los investigados al proceso", dijo el magistrado Concepción Carhuancho al sustentar su fallo en la madrugada del lunes, tras una audiencia que se prolongó por más de 12 horas.

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El juez dictaminó la detención de José Alejandro Graña Miro Quesada, quien renunció a su cargo de presidente del directorio de Graña y Montero en febrero, y el ex directivo de la firma constructora Hernando Alejandro Graña Acuña.

El magistrado dictó además el arresto domiciliario a otro ex director de Graña y Montero involucrado en el caso, Gonzalo Ferraro Rey, quien está internado en una clínica local por complicaciones de salud, dijo la fiscalía.

"Se ha exagerado. Se ordenó arresto pese a que se entregó su pasaporte como garantía que permanecerá en el país", dijo a periodistas Roger Von Ruesta, abogado de Ferraro Rey.