Fin a fideicomiso reabre conflicto político-económico de ex mandatario

Varios días de análisis llevan al interior de Bancard. El family office de Sebastián Piñera, se encuentra estudiando las alternativas para definir el futuro del fideicomiso del ex mandatario, algo que ya sus cercanos ven como un eventual flanco político.

De hecho,  la definición sobre el fideicomiso era un tema que rondaba hace ya un tiempo. Entre los cercanos al ex mandatario había incluso quienes se oponían a poner fin a la fórmula, sobre todo ante la opción de repostular a La Moneda.

Es que con ello, podría abrirse un viejo flanco sobre la vinculación de la política y los negocios, un tema que marcó parte de su primer año como Presidente.

Si bien aún no hay una decisión tomada, existe la posibilidad de que se terminen los mandatos entregados a los actuales administradores, lo que implicaría que Bancard retomara su giro a nivel local.

Consultado al respecto, el diputado Guillermo Tellier indicó que “a priori no creo que ni perjudique ni beneficie sus aspiraciones presidenciales. El tema es que si él fuera candidato tendría que volver a hacer un fideicomiso ciego”.

Sin embargo, la situación reabre la necesidad de contar con una legislación al respecto. De hecho, en el marco de la comisión investigadora creada a raíz del caso Cascada,  se ha criticado por parte de parlamentarios de la nueva mayoría el posible interés de Piñera en la resolución de la SVS, argumentando que se desconoce si aún mantiene acciones en las sociedades que forman parte de la cadena de control de SQM.

Según el diputado Fuad Chahin, quien preside la comisión investigadora, de haber existido una legislación sobre la materia las dudas serían mucho menores, ya que en el caso de los recursos entregados por Piñera , “no hay un fideicomiso ciego, lo que hay es un mandato de administración”.

“Es fundamental poder legislar sobre un fideicomiso ciego donde efectivamente se genere una muralla china entre los intereses económicos particulares de un presidente de la república, y las instituciones de la administración del estado”, agrega el parlamentario.

A fines del gobierno de Michelle Bachelet, se aprobó una modificación constitucional que buscaba resolver los conflictos de interés de autoridades y funcionarios con altos patrimonios, sin embargo, ello requiere de una ley orgánica que fue presentada en 2011, y que actualmente, se encuentra en segundo trámite legislativo en la comisión de Gobierno del Senado.