Justicia Ambiental da nuevo aire a Dominga, pero ambientalistas recurrirán a la Corte Suprema

Una nueva oportunidad recibió ayer el proyecto minero-portuario de US$2.500 millones Dominga, perteneciente a las familias Délano y Garcés.

Esto, luego que ayer el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta -que preside Daniel Guevara- decidiera unánimemente retrotraer la iniciativa a la Comisión de Evaluación Ambiental (CEA), para que se proceda a una nueva votación "esta vez ajustada a derecho", estableciendo la ilegalidad con la que habría incurrido el Comité de Ministros de la anterior administración, de Michelle Bachelet.

[ze_adv position="adv_300x100" ]

Si bien se considera que este escenario es el mejor que se podría presentar para el proyecto, localizado al norte de la Región de Coquimbo, dado que le permitirá volver a ser tramitado ambientalmente y eventualmente, ser aprobado; existe la eventualidad de que la reevaluación tarde. Eso, dado a que durante los próximos 15 días, la ONG Oceana interpondrá una acción legal ante la Corte Suprema para invalidar la determinación del mencionado Tribunal, recurso que de ser aceptado podría demorar hasta un año en tramitarse.

[ze_adv position="adv_300x250-A" ]

"Acudiremos a la Corte Suprema para que revierta la decisión de este Tribunal, la cual nos parece inapropiada en vista de los argumentos ambientales que justifican el rechazo a Dominga", señaló la directora ejecutiva de la ONG, Liesbeth van der Mee.

Fuentes señalaron que este contexto no sería del todo malo para el gobierno, dado que les permitiría preparase políticamente para enfrentar el caso. Además, una lectura política que se hizo es que el fallo le quitó presión al gobierno.

Los argumentos

El ministro del Primer Tribunal Ambiental y redactor del fallo, Marcelo Hernández, señaló que el fallo se concretó tras meses de intenso trabajo y largas jornadas.

"A casi cinco meses de la reclamación interpuesta por la empresa Andes Iron (...) el Tribunal ha determinado que la votación de los seremis para rechazar el proyecto en la Comisión de Evaluación Ambiental (CEA), no habría estado debidamente motivada y fundada", señaló .

En esa línea añadió, que el Comité de Ministros que evaluó la iniciativa "no se encontraba en situación de haber convalidado dicho vicio esencial sin vulnerar sustancialmente las reglas elementales del debido proceso".

[ze_adv position="adv_300x250-B" ]

Lo anterior, considerando que el entonces Comité de Ministros habría incumplido los plazos relativos a las citaciones.

"Es lógico suponer que los ministros no tuvieron el tiempo razonable para estudiar el proyecto de evaluación, visto la complejidad y extensión del mismo", señaló el escrito, haciendo mención además, al hecho de que el ex ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, se abstuvo de votar por falta de información.

Por otro lado, el tribunal consideró que se vulneró el principio de igualdad ante la Ley al haber un trato discriminatorio respecto de la iniciativa portuaria de CAP, Cruz Grande, localizada en la misma zona y ya aprobada.

[ze_adv position="adv_300x250-C-net" ]

El fallo, de 40 páginas también hace algunas sugerencias. Entre ellas, que se establezca una guía metológica para la elaboración de la línea base del medio marino y también potenciar la formación y desempeño de los miembros de la Comisión de Evaluación Ambiental.

Reacciones

El presidente Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Diego Hernández, calificó como una muy buena noticia la decisión.

"Tanto la decisión de la Comisión respectiva como del Comité de Ministros carecieron de una justificación técnica, considerando que este proyecto, que inició su período de tramitación hace más de tres años, cumplía con todas las exigencias que la autoridad ambiental le había hecho", puntualizó.

Por su lado, el presidente de la Corporación Industrial para el Desarrollo Regional de Coquimbo, Daniel Mas, añadió que la resolución es "un triunfo del Sistema de Evaluación Ambiental, ya que confirma que el rechazo del referido Consejo se debió a causas políticas ajenas a consideraciones ambientales y técnicas".

Desde el mundo polítco también humo reacciones. La senadora DC, Yasna Provoste señaló a través de su cuenta de Twitter, que "parece que en esta oportunidad el telefonazo llegó al TA". Mientras que el diputado Francisco Eguiguren (RN) dijo esperar que esta vez el análisis, "se hagan lejos de los intereses políticos que primaron en la decisión pasada".

Por su parte, el profesor de Derecho UC, Edesio Carrasco, indicó que es importante aclarar que la sentencia no emite un pronunciamiento respecto del fondo del proyecto, por lo que "debemos esperar a que el proyecto se califique adecuadamente y se agote la vía administrativa antes de tener un pronunciamiento respecto del fondo del proyecto por parte del TA".