La agenda económica que el Gobierno tiene pendiente en el Congreso

Dos son los proyectos de ley en que el Ministerio de Economía está pisando el acelerador. El primero de ellos es el que fortalece la institucionalidad del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). El texto se encuentra en segundo trámite constitucional y hoy la Comisión de Economía del Senado la analizará para empezar a conocer las nuevas indicaciones que ingresará el Ejecutivo. La expectativa del Ministerio de Economía es tener aprobada esta iniciativa al final de esta legislatura. "Para nosotros ha sido una prioridad fortalecer nuestra institucionalidad estadística, alineándola con los más altos estándares internacionales y estableciendo adecuados mecanismos de coordinación interinstitucional", señalaron. Si bien el tema es prioritario para el Gobierno, desde Economía aclaran que "es importante avanzar en un contexto en que exista amplios acuerdos y espacios de entendimiento. Porque entendemos que contar con mejores estadísticas nos beneficia todos".

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En este aspecto, el presidente de la Comisión de Economía del Senado, Eugenio Tuma, señaló que "mañana vamos (hoy) vamos a tener una visión más clara de lo que hay de indicaciones parlamentarias y del Gobierno". No obstante, en el Gobierno apuestan porque este proyecte termine su tramitación a fines de enero ya que mencionan que es necesario dejar instalada la nueva institucionalidad estadística del país.

Otro de los proyectos en que el Gobierno quiere acelerar su tramitación es el de protección de datos personales. Actualmente, el texto se encuentra en primer trámite legislativo en la Comisión de Constitución del Senado. "Por la importancia de este tema, esperamos avanzar con prontitud en este primer trámite Constitucional y poder despacharlo la Cámara de Diputados en enero", señalan en Economía. Mientras que desde Hacienda, la perspectiva es que una vez aprobado en la Comisión de Constitución, el proyecto avance con mayor velocidad y dejarlo lo más avanzado posible.

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El diputado Pablo Lorenzini (DC) indicó que "esta es una deuda que tenemos con la OCDE y, por ello, es un proyecto que el Gobierno debería acelerar. Es algo que vamos a apurar con Hacienda", puntualizó. Para hoy está citada una nueva instancia legislativa donde se espera la presencia del ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre.

Este proyecto se encuentra en segundo trámite constitucional. Mañana la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados analizará el texto. Las expectativas tanto del Gobierno como de los parlamentarios apuntan a que sea despachado antes de receso legislativo de enero o bien a principios de marzo de 2018. "En general el proyecto es bueno, quizás tengamos algunas indicaciones sobre la entidad que administrará el fondo, pero son aspectos a mejorar. Se puede aprobar de aquí a marzo", señaló Lorenzini.

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El objetivo de este proyecto es que el Estado para desarrollar actividades empresariales de construcción, ampliación, reparación, conservación, explotación, desarrollo, entre otras a través de una sociedad anónima, que constituirán el Fisco (99%) y la Corporación de Fomento de la Producción (1%). El Fondo de Infraestructura S.A. se regirá por las normas de las sociedades anónimas abiertas, y quedará sometida a fiscalización de la Superintendencia de Valores y Seguros y de la Contraloría General de la República. En consecuencia, el Fondo deberá ser una empresa solvente y con rentabilidad privada positiva.

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En septiembre de este año, el Gobierno ingresó el proyecto de ley que busca modernizar la Dirección del Trabajo. El objetivo de esta iniciativa es fortalecer la carrera funcionaria de todas las plantas del Servicio; la actualización y modernización de las condiciones de ingreso a la Institución; el fortalecimiento de la gestión institucional, a través del tercer nivel directivo de carrera; y la reestructuración de algunas de sus remuneraciones. También se incorpora un uso intensivo de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, promoviendo la relación por canales no presenciales con las y los usuarios, bajando los costos de las transacciones.

Desde el Ministerio del Trabajo señalaron que la ley de modernización de la Dirección del Trabajo "es hoy una necesidad, hemos trabajado intensamente con las asociaciones de funcionarios con organismos internacionales y con la Dirección de Presupuesto, para consensuar un proyecto que sea un efectivo adelanto para el país, por ello es que sin adelantar el estado final del proyecto al término del Gobierno, estamos por una discusión del proyecto que se realice paso a paso, pero con una marcada celeridad, eso hasta ahora lo hemos cumplido cabalmente".

Otro de las iniciativas prioritarias para la cartera que dirige Alejandra Krauss es el proyecto de ley Sanna. De acuerdo al Ministerio del Trabajo, "el asegurar el otorgamiento de una licencia para las madres y padres que deben enfrentar situaciones difíciles con sus hijas e hijos como un cáncer o un trasplante, es una cuestión en la que el Ejecutivo ha insistido y por ello estamos haciendo los esfuerzos necesarios para que prontamente tengamos la tramitación de este proyecto terminado, ello implica que antes que termine este año debiéramos culminar ese proceso".

Este proyecto fue impulsado por la agrupación de mujeres con hijos con cáncer "Oncomamás" y establece que, tanto el padre como la madre cuenten con hasta tres meses de licencia laboral (cada uno) remunerada de manera de poder estar junto a sus hijos, en momentos donde el acompañamiento se vuelve fundamental. Este seguro operaría en cuatro circunstancias: enfermedades graves como el cáncer, en un trasplante de un órgano, cuando el hijo se encuentra en desahucio o estado terminal y en caso de un accidente grave con riesgo de muerte o de secuela funcional grave y permanente. Mientras que en los primeros tres casos los padres podrán utilizar este beneficio mientras que el hijo tenga entre 1 y 18 años, en el cuarto caso, el seguro operaría hasta los 15 años.

Si bien en la mayoría de los puntos hay acuerdo, hay uno en particular que ha evidenciado diferencias entre el Ejecutivo y la oposición, y donde ninguna de las partes parece dispuesta a ceder: el secreto bancario, aspecto que ha retrasado el despacho de la LGB al Senado.

Más allá del secreto bancario, hay otro asunto que podría entrampar el proyecto: la alta carga legislativa, ya que aparte de la modificación a la LGB, la Comisión de Hacienda está viendo el proyecto que crea el Servicio de Empresas Públicas y perfecciona los gobiernos corporativos de las empresas del Estado, además del proyecto que crea el Nuevo Ahorro Colectivo.

Respecto a ello, tanto la comisión de constitución como la de Trabajo de la Cámara de Diputados ya despacharon los dos textos principales de la reforma principal, que apuntan a la creación del Consejo de Ahorro Consultivo y la nueva cotización de 5pp con cargo al empleador. De todas formas, antes de su discusión en sala, los proyectos deben ser aprobados por la comisión de Hacienda de la Cámara.

Cabe destaca que pese a que la creación del Consejo fue aprobado en comisión, el gobierno no cuenta los votos para su aprobación en Sala debido a que se trata de un cambio constitucional, por lo que el Ejecutivo determinó incluir su creación en el texto que crea el nuevo ahorro.

El lunes, la Comisión de Agricultura del Senado analizó la reforma al Código de Aguas. Si bien este proyecto sigue su curso legislativo, no cuenta con el apoyo del Gobierno, por lo que el espacio para que pueda salir aprobado es casi nulo. Además, la prioridad legislativa del Ejecutivo estará puesta en el proyecto que fortalece la Conaf, por lo que esta comisión se dedicará a analizar esta iniciativa en desmedro de los cambios al Código de Aguas. "Tengo entendido de que la prioridad en el ámbito agrícola es el proyecto de ley que crea el Servicio Nacional Forestal y no Código de Aguas. Me informaron que la Cámara de Diputados está completando su trámite y que llegará al Senado la próxima semana", afirma el senador José García Ruminot. En esta misma línea, el legislador acotó que "es bastante difícil que los dos proyectos avancen de forma rápida simultáneamente". Con respecto al Código de Aguas, García Ruminot indicó que en la comisión del lunes, se escuchó "a varias organizaciones que nos han pedido entregar su opinión sobre el proyecto. La cantidad de reuniones de audiencia serán las necesarias". Aunque esta comisión lo despache, el camino del proyecto es largo, ya que debe pasar por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia antes de ir a la sala del Senado.

Estacando. Así se encuentra hoy el proyecto de ley de Migraciones. Si bien en un comienzo el Gobierno le dio suma urgencia a la iniciativa con el objetivo de iniciar la discusión para tratar de evitar la interpelación al ministro del Interior, Mario Fernández. Sin embargo, eso no ocurrió, ya que el secretario de Estado tuvo enfrentar las críticas por la demora en ingresar la iniciativa. Días después se decide quitarle la urgencia. Hoy el proyecto descansa en la Comisión de Gobierno Interior sin ningún apuro. El ex director del Departamento de Extranjería y Migraciones, Rodrigo Sandoval, señaló que "no hay ninguna posibilidad de que este proyecto avance. La viabilidad política y la realidad legislativa así lo indican".

En lo medular, este proyecto crea nuevas categorías de visas como turista, visitantes, habitantes de zona fronteriza, residente temporales y definitivos. Además, se establecen sanciones de multa a terceros, tales como empleadores que cometan fraude o transportistas. La iniciativa apunta crear un Registro Nacional de Extranjero Único, bajo el alero de la Subsecretaría del Interior, que estará interrelacionado con los registros de la Policía de Investigaciones, la Dirección del Trabajo, el Registro Civil y Gendarmería, entre otras entidades. Este registro tendrá carácter reservado por contener datos privados y el acceso se habilita para las autoridades migratorias y de control.