Los primeros pasos del gobierno por fomentar la reportabilidad

La RSE no es de exclusividad del sector privado. De acuerdo a la norma internacional ISO 26.000 “Guía sobre Responsabilidad Social”, compete a cualquier organización pública o privada, con o sin fines de lucro.

Por ejemplo, varios países de la Unión Europea han establecido planes de acción nacional y políticas de incentivo a la adopción de prácticas socialmente responsables en entidades de todo tipo

Debido a esto, el Gobierno de Chile también se ha subido al carro de la reportabilidad en varios ámbitos. Principalmente, mediante la creación del Consejo de Responsabilidad Social (RS) para el Desarrollo Sostenible (2013), un espacio de discusión y debate en torno a la formulación de políticas, programas e instrumentos que aseguren una “efectiva incorporación de la Responsabilidad Social en la estrategia de crecimiento de Chile”, como se indica en el documento oficial de la entidad.

La idea surgió en la conferencia de la ONU sobre desarrollo sostenible “Río+20” realizada el 2011 en Río de Janeiro, Brasil. “En ella se aprobaron dos párrafos cruciales. El N°46 pone de relieve la responsabilidad social y su papel en el desarrollo sostenible; y el N°47, se refiere a la importancia de los informes o reportes de sostenibilidad”, comenta Waldemar Coutts, director de Medio Ambiente y Asuntos Marítimos del ministerio de Relaciones Exteriores y quien gestiona el Consejo de Responsabilidad Social para el Desarrollo Sostenible.

“Como cancillería nos pusimos manos a la obra para implementar los conceptos de Río+20 rápidamente.  Nos aliamos con el Ministerio de Economía, con el objeto de sensibilizarlos al respecto. Además, entre sus miembros están los ministerios del Trabajo, Medio Ambiente y Hacienda, así como distintas entidades como Acción RSE, la CUT, CPC, Sofofa y Conapyme, entre otras”, agrega Coutts.

En definitiva, es un órgano multisectorial que pretende asesorar al ministro de Economía, en la elaboración de políticas públicas relacionadas a responsabilidad social. Para ello, debe coordinar a los distintos estamentos públicos, privados y sociales; elaborar buenas prácticas al respecto y proponer medidas concretas y acciones de política pública.

INFORME
Hace un poco más de un mes, el consejo publicó el borrador final de un informe titulado "Hacia una Política Pública en Responsabilidad Social para el Desarrollo Sostenible en Chile" que, de alguna forma, es la primera carta de navegación sobre el tema a nivel público.

El objetivo del documento, es realizar una análisis para desarrollar un plan de acción nacional de responsabilidad social.

“Al respecto, creemos que la reportabilidad, se puede implementar a través del servicio de empresas públicas y otras entidades, utilizando la metodología GRI. Obviamente todo esto es voluntario para cualquier institución. Pero claramente, el mundo avanza hacia el desarrollo sostenible, debido a los círculos virtuosos que produce al interior y exterior de las empresas”, apunta Waldemar Coutts.

Según el documento, Chile tiene una gran ventaja al ser parte de una serie de instancias internacionales como la OCDE.

“Ello nos ubica, al menos desde un punto de vista normativo, en una posición de vanguardia. No obstante, y sin prejuicio de algunas iniciativas ya en funcionamiento, la aplicación e implementación de estas normas está lejos de ser una realidad. Por ello, hoy contamos con un escenario favorable para posicionar a Chile como un referente regional e internacional.”. detalla el informe del consejo multisectorial.