Alfredo Moreno responde a las autopistas: “Veo a personas que dicen que esto provoca inseguridad jurídica y esto no provoca nada”

Una segunda cuarentena preventiva está viviendo Alfredo Moreno. El ministro de Obras Públicas fue el jueves a realizarse un nuevo test PCR, solo a minutos de saber que en su equipo había un integrante que dio Covid positivo. La rutina ya la conocía. “Ya me había pasado antes (…) todos los chilenos vamos a pasar por esto, no una vez, sino que varias veces, porque ya hay demasiadas personas contagiadas”, señala desde su hogar.

En conversación con Pulso Domingo, sostiene que el MOP se está preparando para responder de manera rápida a la recuperación económica pospandemia, de la mano de las obras públicas, las que buscarán compensar la fuerte baja que ha registrado la inversión privada.

También detalla los trabajos que siguen realizando para hacer frente a la situación de sequía que afecta al país, aunque donde se explaya más es en la discrepancia que lo tiene enfrentado con algunas autopistas urbanas, al haber aplicado una cláusula de los contratos que rebaja las tarifas de saturación de hora punta en ciertos pórticos de las rutas. Asegura que este conflicto no genera incertidumbre jurídica y explica que el MOP está utilizando las mismas herramientas que hace poco usaron las carreteras, cuando reclamaron por el sistema tarifario y que hizo que el año 2019 el Estado tuviera que indemnizarlas. “En este caso hay un error que va en el sentido contrario”, señala.

Ustedes conversaron con las autopistas antes del anuncio tarifario, ¿por qué no llegaron a buen puerto?

-Nosotros conversamos con empresas de todos los rubros: luz, agua, gas y de telecomunicaciones. Esto lo hicimos a través de varios ministerios, de manera tal de tener una colaboración. Se ha visto lo que sucede con las empresas de luz, que no están haciendo cortes y que están permitiendo que la gente que tiene problemas no pague y pague después en 12 cuotas. Lo mismo sucede con las empresas de telecomunicaciones, que decidieron que aquellas personas que no pueden pagar, le dan un plan básico gratis por 60 días de telefonía y de internet. Las empresa de gas también se unieron y están haciendo lo mismo. En ese mismo espíritu, efectivamente, también se les pidió (a las autopistas) ver la posibilidad de contribuir, pero ellos lo vieron muy complicado y no lo estimaron posible.

¿Qué se les pidió en específico?

-Ayudar en esta situación especial. Específicamente, y dado que los tráficos eran muy bajos, se les pidió por lo menos no cobrar las tarifas de saturación cuando había tráficos que eran muy bajos. Esa es la conversación que se tuvo, no fue posible, y eso fue todo.

Sin embargo, ellas dicen que había disposición, pero que querían dejar establecido por escrito el plazo de la medida y que eso no pasó finalmente.

-Acá hay una solicitud de generosidad, de hacer una cosa porque uno quiere y otra cosa distinta es la discusión que tenemos hoy, que tiene que ver con la aplicación del contrato. Lo otro era eliminar las tarifas de saturación por un período breve y colaborar en momentos en que teníamos la primera cuarentena -porque fue en ese período en que se conversó con ellas-, ya que los tráficos estaban en el suelo, de manera tal de ayudar a aquellas personas que de igual forma tenían que ir a trabajar. Y eso no requiere ni necesita nada por escrito, porque es una cosa voluntaria, como lo ha hecho todo el resto de las compañías, sin ninguna necesidad de dejar por escrito.

Pareciera que como no hubo un acuerdo en ese tema, el MOP aplicó la cláusula de los contratos y eso generó una controversia con el sector. ¿Fue así?

-Se dicen tantas cosas, pero no tienen relación alguna. Una cosa es voluntaria, que uno lo hace en la medida que lo considera bueno o posible. Otra cosa totalmente distinta y que afecta a algunos pórticos, en algunos horarios y en algunas carreteras, es la aplicación del contrato en relación a cómo se ajustan las tarifas frente a los cambios en los flujos de los tráficos.

Estas cláusulas están en los contratos desde su origen, se aplican en una forma muy precisa y hacen que uno tenga que hacer una revisión trimestral, cosa que no se hizo. Afortunadamente ahora se ha hecho y es por eso que en algunos pórticos, en algunos horarios y en algunas autopistas, han tenido una reducción. Esto es una mera aplicación de la institucionalidad, de lo que es la ley entre las partes, y eso es lo que hoy se está realizando y es lo que se debió haber realizado antes también.

¿Cómo toma la crítica que han hecho exministros del MOP que indican que acá ha habido un cambio de criterio, y que antes no hubo una falta de fiscalización?

-Hasta ahora no he visto a ningún exministro del MOP que diga eso. Tuvimos una conversación con los ministros respecto de este tema y nadie señaló eso, pero en todo caso lo que sucede acá es que esa cláusula existe desde siempre, pero nunca se dieron las condiciones para aplicarla. Su aplicación exige condiciones de velocidad que se deben cumplir para que las tarifas puedan bajar. Hay que demostrar que el tráfico, en un momento en que la tarifa es alta, está siendo muy bajo y, por lo tanto, hay que bajar la tarifa. Este escenario durante los primeros años de operación de las autopistas no se dio. A partir de 2015 y producto de distintos juicios que se realizaron por cada una de estas mismas autopistas los años 2016 y 2017, que en su momento reclamaron que el sistema tarifario estaba siendo mal aplicado y lo ganaron, hizo que las tarifas subieran y significó también que esta cláusula quedó activa. De ahí nace el problema. Por eso, con anterioridad a esas fechas, nunca existió este problema. De ahí en adelante, dependiendo de las fechas en que el sistema tarifario de cada una de las autopistas cambió, las circunstancias son diferentes y desafortunadamente no se aplicó una cláusula que ahora sí se daban las circunstancias para corregir las tarifas, no solamente al alza como se había producido en las tarifas anuales, sino realizando las bajas cuando correspondía.

¿Qué juicios fueron los que sentaron el precedente?

-Estas autopistas, luego de los juicios que realizaron, pidieron indemnización y el Estado de Chile les pagó, porque ellas señalaron que las tarifas estaban siendo mal cobradas. Ellas decían que las tarifas eran demasiado bajas durante los años anteriores a 2015, 2016 y 2017 y el Estado les pagó la diferencia de lo que debieron haber obtenido en años anteriores. Por eso este tema no tiene ninguna novedad. Ellas han ocupado las mismas herramientas con total seguridad jurídica y el Estado de Chile ha pagado todo lo que se ha determinado y acá va a suceder exactamente lo mismo.

¿Hay posibilidad de que se evite la comisión arbitral?

-La manera de evitarlo es muy sencilla: aceptar que la interpretación que hacemos es la correcta y compensar a las personas por las diferencias y se acaba el problema. Lo que nosotros pretendemos no es otra cosa que corregir el sistema y que las tarifas sean las correctas. Hoy se cobran tarifas de saturación en momentos y pórticos donde la inmensa mayoría del año no hay saturación.

¿Hoy las conversaciones se mantienen o están quebradas?

-No es que estén quebradas. Tenemos en un aspecto, que son las tarifas, una diferencia de opinión y tenemos que resolverlo a través de este mecanismo (comisión arbitral), que es lo que establece el contrato. Además, su primera etapa es una comisión de conciliación, o sea, la primera etapa es intentar que las partes se pongan de acuerdo. Es un procedimiento completamente normal y correcto, pero acá veo a personas que dicen que esto provoca inseguridad jurídica, y esto no provoca nada. Acá hay un contrato y hay un procedimiento para determinar quién tiene la razón. Lo hemos ocupado muchas veces, y en el caso particular de ellos, también lo han ocupado para cobrar tarifas mal cobradas y pedir indemnizaciones, y las obtuvieron. En este caso hay un error que va en el sentido contrario.

¿No es más fácil modernizar el sistema tarifario de las autopistas urbanas?

-He escuchado a gente decir que hay que usar tecnologías que antes no habían en el sistema tarifario, como el sistema de tráfico instantáneo. Hoy día no tenemos ese sistema y no está establecido así en los contratos, pero hacia ese lado va aplicar esta cláusula. Lo que busca es ajustar, a través de la cláusula existente, la tarifa a los tráficos. Eso es lo que sostenemos que debe hacerse, porque no tenemos sistemas automáticos, acá se mide el tráfico del año anterior y luego se hacen las correcciones trimestrales por si nos equivocamos, subiendo o bajando la tarifa. Pero las concesionarias sostienen que el contrato no dice eso, sino que las tarifas se suben o se bajan solo en forma voluntaria y dicen que no importa el tráfico. Si la solución es la modernización para tener un sistema que baje la tarifa en forma automática, bienvenida, nosotros estamos haciendo una cosa que está un paso atrás de eso, que es usar el contrato con las tecnologías que hay.

Créame que habrá completa claridad una vez que las comisiones establezcan la correcta interpretación del contrato, porque el contrato es muy claro.

¿Cuál será el rol del MOP en la reactivación del país pospandemia?

-Pensamos que el ministerio tendrá un rol clave, porque la inversión privada está cayendo muy fuertemente y no será muy fácil recuperarla en el corto plazo, y quien llevará el peso será la inversión pública, y ahí Obras Públicas es el brazo más importante junto con Vivienda. Hoy estamos avanzando todo lo posible en estudios, ingenierías, diseño y preparación de bases de licitación para que cuando se den las condiciones para ampliar la actividad, tener los proyectos y llamar a licitaciones, ya sea para la obra pública o para concesiones, de la forma más rápida posible.

¿Habrá proyectos prioritarios?

-Nos preocupa enormemente todo lo que tiene que ver con infraestructura hídrica, porque la sequía sigue estando presente con igual o más fuerza. El año pasado tuvimos la sequía más profunda que ha habido en Chile durante muchas décadas y este año los números son aún peores. En los cauces de los ríos tenemos menos agua que el año pasado. Particularmente los embalses de agua potable están en niveles que nunca han tenido de bajos y eso significa que estamos en riesgo con el abastecimiento de agua potable de las grandes ciudades de la zona central y, por lo tanto, estamos trabajando todos los días para prepararnos para la próxima temporada.

¿Hay riesgo de racionamiento para el próximo verano?

-En las sequías anteriores, que fueron mucho más chicas que la vivida el 2019, Chile siempre tuvo racionamiento de agua y de luz. Esta la hemos pasado sin racionamiento en ninguna de las ciudades, pero la situación es cada vez más dura y, por lo tanto, tenemos que trabajar en eso para que también podamos pasar la temporada 2020-2021. El tema del agua no se puede detener, porque el país está bajo un estrés hídrico que nunca antes ha vivido.

¿En qué se está trabajando?

-Hoy estamos trabajando en lo que son las medidas de corto y mediano plazo. Las de mediano plazo son las obras que hay que hacer y que resuelven los problemas de los años 2021, 2022 y 2023 hacia delante. Por ejemplo, iniciamos la construcción, a través de Esval, de la cañería reversible entre el embalse Los Aromos y la planta de Concón, que es la que hoy abastece a todo el gran Valparaíso. En el caso de Santiago, se está iniciando la construcción de la planta de agua potable en el parque de Padre Hurtado y de los pozos adicionales para la ciudad de Santiago. En la emergencia, estamos concentrados en el llenado del embalse Los Aromos y el embalse El Yeso, que son los que le dan la reserva a Santiago y Valparaíso para poder enfrentar ríos con poca agua en la próxima primavera-verano.

¿Cómo ven ese escenario?

-Ha llovido poco y por esa razón y utilizando los decretos de escasez y con la colaboración de las juntas de vigilancia correspondientes, estamos usando prácticamente todo el río Maipo para llenar el embalse El Yeso y estamos ocupando una proporción importante del río Aconcagua para llenar Los Aromos.

¿Qué pasó con la nueva normativa para el sector, se postergó por la crisis sanitaria?

-El proyecto está listo. Está en manos de Presidencia, pero ha habido tantas otras prioridades, que se ha preferido privilegiar eso. En cuanto eso se despeje, el Presidente es el que tiene que tomar la decisión de cuándo envía el proyecto, pero el proyecto está listo y firmado por los ministros.

¿Tendrá sorpresas para el sector privado?

-Es un proyecto que se ha trabajado mucho, no solo con los equipos del gobierno, sino que también con los senadores de la Comisión de Obras Públicas, así que espero que sea algo en que podamos avanzar con una cierta rapidez. Con la industria también se ha discutido bastante. No quiero decir que no habrá diferencias de opinión, pero creo que es un proyecto que moderniza y ayuda a tener una industria sanitaria que se adecue a la situación que tenemos hoy día en Chile. Todos los modelos de cambio climático en el mundo muestran que la zona central de Chile va a tener más temperatura y menos agua en el futuro, son proyecciones, pero todas las que hay indican que vamos hacia allá, por lo tanto, tenemos que prepararnos, y ese escenario se enfrenta con más inversión y más obras, y con una industria más resistente y más fortalecida. El proyecto apunta en esa dirección.